Venezuela: Masacre del Amparo, aniversario de un montaje protegido por la justicia militar

El 29 de octubre de 1988, aproximadamente a las once de la mañana, 14 pescadores del Arauca venezolano son asesinados a sangre fría por los integrantes del Comando Específico José Antonio Páez, (CEJAP),

un escuadrón con apenas un año de conformación e integrado por funcionarios policiales y militares. El asesinato ocurre en el Caño La Colorada, aledaño a la población de El Amparo, un pequeño pueblo de 8.000 habitantes ubicado en el Municipio Páez del estado Apure, pegado a la frontera con Colombia. A pesar de que las víctimas usaban la ropa menuda de las faenas de pesca, y eran vecinos conocidos por la comunidad, los jerarcas militares los presentan a los medios de comunicación como miembros de un grupo guerrillero con intenciones de sabotear un oleoducto de petróleo y secuestrar a los ganaderos de la zona. 2 pescadores logran escapar de la emboscada criminal y el pueblo, indignado por los señalamientos, los defiende valientemente de una patrulla militar con órdenes de aprehenderlos. Gracias al testimonio de Wollmer Pinilla y José Augusto Arias se refuta la versión oficial que aseguraba que se había producido un enfrentamiento con fuerzas irregulares. Con lujo de detalles relatan, confirmado por la posterior exhumación de los cadáveres, que aquello había sido una carnicería contra civiles desarmados, quienes se encontraban en la zona con la intención de atrapar coporos y cocinar una sopa de pescado. Aquel crimen, conocido como la Masacre de El Amparo, genera protestas en toda Venezuela y se convierte en símbolo de la violación de derechos humanos de la época.

A pesar de los 20 años transcurridos desde el suceso, la muerte de 14 inocentes por parte de 18 funcionarios militares y policiales, además de los autores intelectuales y los encubridores, continúa impune. La justicia venezolana avaló la tesis del enfrentamiento, por lo que las organizaciones de derechos humanos del país elevaron el caso a instancias internacionales. Es así como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sentencia el primer caso contra el Estado venezolano, condenando al pago de reparaciones materiales a los sobrevivientes y familiares de las víctimas, así como a la investigación y sanción contra los responsables. Esta sentencia, a pesar del paso de diferentes gobiernos, ha sido cumplida parcialmente. El Estado pagó las indemnizaciones, pero no ha reabierto el caso en sus tribunales.

Según las ONG´s de derechos humanos, la justicia militar es la institución con mayor responsabilidad en la impunidad del caso El Amparo. A pesar de que las víctimas habían sido civiles, el Código de Justicia Militar, un conjunto de normas que data de 1936, establecía que tanto los delitos cometidos por militares en servicio como los delitos de Rebelión Militar, de lo cual eran acusados las víctimas, eran competencia de los tribunales militares. Se inició así, para los sobrevivientes y los familiares, un camino empedrado y espinoso para la obtención de justicia. El Ministro de la Defensa, quien pertenecía a los cuadros de mando del CEJAP, era al mismo tiempo un alto funcionario de la Justicia Militar. Por otra parte, el Juez Instructor del caso, Ricardo Pérez Gutiérrez, obstaculiza las investigaciones, modifica, oculta y fabrica pruebas en contra de los dos sobrevivientes, a quienes de no haber estado en el lugar de los hechos, dictándoles una orden de privación de libertad. Ante la suma de irregularidades procesales, abogados y defensores de derechos humanos solicitan la apertura de una averiguación sumarial contra el juez, negada explícitamente por orden del Presidente de la República. Además, la línea de mando vertical y jerárquica impedía de plano cualquier procedimiento transparente. Como se denunció en su momento, la investigación era realizada por un juez militar que poseía menor jerarquía que el oficial que había ordenado la operación, quien a su vez ejercía una notable ascendencia sobre el primero. El resultado natural de la aplicación de los principios de subordinación escalonada era un sumario lleno de vicios e irregularidades, en defensa del «honor» de la institución y consumando el llamado «espíritu de cuerpo» presente en las filas castrenses. 20 años después, a pesar de que el Estado venezolano aceptó su responsabilidad en el sistema interamericano de justicia, los efectivos militares y policiales continúan libres y argumentando que mataron a unos guerrilleros en defensa de la soberanía del país.

La impunidad no fue el único premio otorgado por la «democracia» a los autores materiales e intelectuales de la Masacre de El Amparo. Algunos de ellos han ocupado altos cargos en la administración pública, tanto durante los años finales de la llamada «Cuarta República» como durante el gobierno del presidente Hugo Chávez. A pesar de que el actual primer mandatario y muchos miembros de su gabinete recuerdan a La Masacre de El Amparo como el ejemplo de las cosas que no sucederán más en el país, en contra de las peticiones de ONG´s, familiares y sobrevivientes de aquel 29 de octubre funesto, no ha existido la real voluntad política para castigar a los responsables. La incoherencia ha llegado al extremo de nombrar, en dos oportunidades, a uno de los señalados como autor intelectual de la masacre, nada más y nada menos, en el cargo de ministro de interior y justicia. Si bien el capitán de navío Rodríguez Chacín es el ex – CEJAP más visible en funciones gubernamentales bolivarianas, está lejos de ser el único. El jefe del comando, el coronel Enrique José Vivas Quintero, laboró como jefe de finanzas del Movimiento V República, saliendo electo como diputado al Parlamento Andino. Omar Antonio Pérez Hudson, sargento técnico de primera, fue nombrado director nacional de Investigaciones de la Disip en el año 2002, y dos años después como presidente de la Secretaría de Aeropuertos del estado Anzoátegui, bajo las órdenes de otro amnésico ex defensor de los derechos humanos, el gobernador Tarek William Saab. Celso Rincón Fuentes, «Hipólito», ocupó el cargo de subdirector y jefe de Seguridad de la cárcel de Yare en el mismo año. Omar Gregorio Márquez, detective de la DISIP durante la masacre, era en el 2008 director de la Policía Municipal de Sucre. Por último el coronel (E) Ricardo Pérez Gutiérrez, quien actuó como juez militar de instrucción en el caso, falló a favor de los agresores y en contra de los sobrevivientes, ha sido consultor jurídico del Ministerio de Participación Popular y Desarrollo Social y asesor jurídico del Ejército. Sin embargo, debemos recordar que la denominada «oposición» al presidente Chávez también tiene las manos manchadas de sangre. Henry López Sisco, un oficial de inteligencia con un amplio prontuario de crímenes –además de participar en El Amparo, también actuó en las masacres de Yumare (1986) y Cantaura (1982), con similar modus operandi-, ha estado ligado al conocido vocero del antichavismo conservador Manuel Rosales, durante su función como gobernador del estado Zulia.

La justicia militar en Venezuela, como en el resto de América latina, es un agujero negro que protege los desafueros de los uniformados y los crímenes contra la población civil. Como lo demuestra la masacre de La Paragua (septiembre 2006) y Alto Apure (julio 2006) la historia seguirá repitiéndose, a menos que avancemos, juntos y juntas, en la eliminación de los ejércitos, sus valores y sus tribunales de injusticia de nuestro continente.

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