Publicado el: sáb, Sep 22nd, 2018

Venezuela: Un régimen en descomposición

Por Simón Rodríguez Porras (PSL)

La hiperinflación cumplirá su primer año octubre y sigue acelerándose. Según algunos pronósticos, puede alcanzar un millón por ciento anual. Más de dos millones de personas, el 7% de la población, ha salido del país en los últimos tres años y el número de desplazados crece día a día. El congreso del partido oficial reveló nuevas divisiones y purgas internas, y se ha revelado que militares chavistas han participado en tramas conspirativas contra el gobierno en los últimos meses. Las respuestas del gobierno a la crisis consisten en medidas entreguistas, antipopulares y antiobreras que no aminoran el ritmo de la destrucción económica, y un proyecto de nueva Constitución discutido a espaldas del pueblo trabajador, con nuevas vueltas de tuerca dictatoriales. Este es el caótico panorama del país gobernado por la boliburguesía.

Ajuste inflacionario y barbarie entreguista con el sello “Hecho en chavismo”

Mensualmente los precios se duplican o triplican. La decisión del gobierno de pagar más de 80 mil millones de dólares de deuda externa durante los últimos cuatro años, recortando las importaciones en más de un 80% y la producción nacional a la mitad, ha tenido efectos catastróficos. Aunque el gobierno venía insistiendo en que la inflación era el resultado de una conspiración política, finalmente Maduro reconoció que se cubrió durante años el déficit fiscal de dos cifras con la emisión de dinero. “Nos tocó jugar así”, dijo, al justificar el peor ajuste inflacionario de nuestra historia.

Pese al aumento sustancial de los precios internacionales del petróleo, Venezuela no se ha beneficiado debido a la caída sostenida de la producción, que actualmente ronda el millón de barriles diarios. La mayor parte de dicha producción está en manos de empresas mixtas con transnacionales como Chevron, otra parte está destinada al pago de deudas con China. ¿Qué rol ha jugado en la crisis la sanción económica impuesta por Trump al prohibir las transacciones con nuevas emisiones de deuda estatal venezolana hace un año? Uno muy limitado, ya para entonces el PIB se había reducido en más de un tercio y estábamos al borde de la hiperinflación. Todavía entonces el gobierno seguía desangrando al país entregando petrodólares baratos a empresarios y burócratas a una ínfima fracción de la tasa de cambio paralela. Entre fines de julio y comienzos de septiembre de este año se anunció un paquete de medidas devastador: exoneración de impuestos de importación para bienes de capital, materias primas e insumos productivos; exoneración por un año del Impuesto Sobre la Renta a las transnacionales petroleras y el pago de 2.000 millones de dólares en indemnizaciones a la petrolera yanqui Conoco Phillips; eliminación de la gratuidad de la gasolina y su aumento a precios internacionales, manteniendo un importante subsidio a través de las redes clientelares oficiales; un gigantesco aumento en el costo del transporte y los servicios públicos, el aumento en un tercio del IVA, del 12% al 16%; la devaluación de la tasa de cambio oficial en un 96%, un ajuste salarial que llevó el salario mínimo a un dólar diario pero que en menos de un mes se licuó a la mitad por la hiperinflación, y el compromiso de financiar el 90% de las nóminas de las pequeñas y medianas industrias privadas durante tres meses.

La supuesta intención de eliminar el déficit fiscal quedó destruida por los subsidios y exenciones de impuestos a los empresarios. Nada más de la exención de impuestos a las petroleras significa dejar de percibir más de mil millones de dólares este año. Empresarios ligados al autócrata turco, Erdogan, reciben en concesión minas de carbón en el noroccidente del país, la transnacional holandesa Shell recibe yacimientos de gas compartidos con Trinidad y Tobago, se contraen nuevos endeudamientos en condiciones leoninas con China por al menos 5 mil millones de dólares, se entrega a empresas privadas convenios operativos petroleros bajo esquemas similares a los de la apertura petrolera neoliberal de los años 90. Y no puede olvidarse que está en curso la entrega del 12% del territorio nacional a transnacionales auríferas como Barrick Gold en el Arco Minero del Orinoco.

Conflictos internos en el régimen

Mientras se ejecutaba este paquete de medidas, no dejaron de evidenciarse las fracturas del régimen. En medio de grandes contradicciones entre grupos de poder se realizó el congreso del PSUV, el partido corporativo creado por Chávez en 2007, con el consiguiente marginamiento y destitución del hasta entonces ministro de Educación y dirigente chavista, Elías Jaua. Es la más reciente en una serie de rupturas en la dirigencia chavista. Entre 2014 y 2016 un grupo de ex ministros rompió con el gobierno de Maduro, uno de ellos está preso desde comienzos de este año, el ex ministro del interior Rodríguez Torres. Desde finales de 2017 el sector del ex ministro de Petróleo Rafael Ramírez fue purgado de Pdvsa, al abrirse juicios por corrupción a un centenar de altos ejecutivos de la empresa.

El presunto atentado fallido con drones del 4 de agosto, reivindicado por el grupo militar “Soldados de franela”, mostró la vulnerabilidad del gobierno. Maduro intentó minimizar el impacto de las imágenes de cientos de efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana rompiendo formación y dispersándose en la Avenida Bolívar de Caracas. El gobierno responsabilizó al presidente saliente colombiano, Santos, mientras que expresó su “confianza” en el gobierno de Trump, invitando al FBI a participar en la investigación. No sería la única conspiración reciente involucrando al sector militar. De acuerdo con informaciones filtradas a la prensa estadounidense, diplomáticos del gobierno de Trump se reunieron con militares chavistas que planificaban un golpe de Estado, aunque finalmente no apoyaron el proyecto. Varios conspiradores fueron detenidos por el gobierno. Se filtró asimismo que Trump habría sugerido a sus asesores invadir a Venezuela, pero éstos habrían desestimado la propuesta. No existe un consenso imperialista en torno a una posible agresión militar contra Venezuela, pero esto ya es propuesto abiertamente por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, y por algunos voceros de la oposición proyanqui en el exilio.

En ese marco, la Asamblea Nacional Constituyente con facultades dictatoriales, presidida por Diosdado Cabello, elaboró un borrador de la nueva constitución, en el que se aumenta el período presidencial a 7 años y se limita la reelección presidencial a un solo período inmediato. Maduro trazó el año pasado objetivos disparatados para la nueva constitución, como promover la “paz”, un “nuevo sistema económico post petrolero”, un “mundo multipolar” y una “nueva espiritualidad”. En concreto eso se ha traducido en artículos que pretenden fortalecer el aparataje legal represivo de la dictadura. Por ejemplo, se amplía el alcance del delito de “traición a la patria” y de la definición de “terrorismo”.

Es posible derrotar a la boliburguesía

Desde inicios de año se desarrollan huelgas y movilizaciones de los trabajadores, con el sector de la salud pública a la vanguardia. De un promedio de 30 protestas diarias en el primer semestre del año, la mayoría de ellas por la exigencia de derechos como el acceso a servicios públicos y aumentos de salarios, se saltó a más de 70 protestas diarias en el mes de julio, según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social. Esto incidió en la decisión del gobierno de ajustar el salario mínimo de un dólar mensual a un dólar diario en agosto, lo cual aminoró durante algunas semanas las protestas. Sin embargo la imposición de tablas salariales que de hecho liquidan los contratos colectivos ha exacerbado el malestar obrero, así como la rápida evaporación del aumento salarial y la persistente escasez de alimentos. Comienza a recomponerse un movimiento de protestas de los trabajadores, en el sector universitario se realizan asambleas y se plantea la necesidad de una huelga nacional, trabajadores de las empresas estatales de la electricidad y las telecomunicaciones han marchado exigiendo respeto a sus contratos colectivos.

En momentos en que la crisis de la oposición patronal es total y que se agudizan las pugnas interchavistas, resulta decisiva la reconstrucción del movimiento obrero, creando nuevos organismos, coordinadoras regionales y nacionales de trabajadores en lucha que permitan unificar el enfrentamiento contra el gobierno. Ya se han dado algunos pasos en esa dirección. El incipiente movimiento puede abanderar un programa alternativo como el propuesto por el PSL y otros sectores de la oposición de izquierda contra el ajuste y el entreguismo derrapado del gobierno: exigir un salario mínimo igual a la canasta básica y medidas concretas que viabilicen dicho aumento del salario real, como el no pago de la deuda externa, la nacionalización de la industria petrolera, la repatriación de capitales y confiscación de propiedades y cuentas de los corruptos, una reforma agraria y el rescate de las empresas básicas del hierro y el aluminio.

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