(Video) La oligarquía hondureña se rebela ante reformas de Zelaya
26 de junio de 2009. En la madrugada del martes pasado el Congreso hondureño dejó abierta la posibilidad de realizar el próximo 29 de noviembre -coincidiendo con las elecciones generales – un referéndum para que los ciudadanos de este país puedan decidir si aceptan o no la convocatoria de una Asamblea Constituyente.
26 de junio de 2009. En la madrugada del martes pasado el Congreso hondureño dejó abierta la posibilidad de realizar el próximo 29 de noviembre -coincidiendo con las elecciones generales – un referéndum para que los ciudadanos de este país puedan decidir si aceptan o no la convocatoria de una Asamblea Constituyente.
El presidente Zelaya se disponía a efectuar el próximo domingo una consulta previa a todos los hondureños. Debían responder en las urnas por sí o por no a la pregunta: «¿Está usted de acuerdo que en las elecciones generales de noviembre de 2009 se instale una cuarta urna para decidir sobre la convocatoria a una asamblea nacional constituyente que apruebe una constitución política?».
Al día siguiente, de forma sorpresiva, el jefe del Estado Mayor Conjunto General Romeo Vázquez comunicó al presidente que no cumpliría las órdenes de distribuír el material necesario para la consulta, tarea que es habitual que realicen en coordinación con el Tribunal Electoral. El militar se amparaba en la decisión de un tribunal de justicia y de la fiscalía, que consideró improcedente la convocatoria. La desobediencia a la orden de Zelaya, que constitucionalmente es también Comandante en Jefe de las FF.AA., fue acompañada por el visible desplazamiento de unidades militares desde zonas del interior hacia Tegucigalpa, la capital. Paralelamente, ex militares en retiro, algunos de los cuales estuvieron implicados en la represión de los años 80, apoyaron públicamente la decisión del Gral. Romeo Vázquez. Estos generales, coroneles y otros oficiales retirados argumentaron que «obedecer al presidente es desobedecer la Constitución». Aprovecharon para pedir que se «blindara» la figura del jefe del Estado Mayor, para que el ejercicio de su cometido no está supeditado al poder civil, o sea del presidente elegido democráticamente.
Sectores ligados al empresariado y la casi totalidad de los medios de comunicación, alabaron la posición de los militares, presentándolos como «respetuosos de la Constitución». En algunos casos se expresó abiertamente que era necesario que el presidente del Congreso, Roberto Micheletti, enfrentado con Zelaya desde hace largo tiempo, se hiciera cargo del gobierno. A esa altura, estaba claro el perfil de un intento golpista «blando», que en definitiva consiste en «voltear» al actual presidente, desandar el camino realizado e impedir que los hondureños se pronuncien sobre una reforma de la constitución. Resulta claro que para la oligarquía hondureña, el límite de la democracia es el que le permite controlar los principales resortes del poder. Y hasta ahora, salvo la presidencia, puede decirse que controla el Congreso, el Poder Judicial y la casi totalidad de los medios de comunicación.
Los cuatro principales diarios pertenecen a capital privado y están directamente ligados a importantes grupos políticos y empresariales. Hay 14 canales de televisión, de los cuales 8 tienen cobertura nacional y el resto regional. Todos son privados, y sus propietarios por lo general también pertenecen a fuertes grupos económicos. Basta con leer los titulares nacionales de los diarios impresos para ver que no existe la menor objetividad y que -por ejemplo- transforman la solidaridad de diversos países de la región con el presidente hondureño elegido con el voto popular en titulares que afirman «Chávez amenaza a Honduras».
Esa misma oligarquía es la que a través de diversos personeros, liberales o nacionales, ha controlado durante muchos años la política y la economía. El sistema financiero y los grupos que controlan las grandes empresas constituyen otra «pata» del poder fáctico que ejercen estos sectores sociales privilegiados, en un país donde la pobreza supera el 60 por ciento de la población. Resumiendo, la oligarquía de Honduras acepta esta democracia delegada y «bajo control», pero como ocurrió en Bolivia, tiene pánico a toda forma de participación popular, como pueden ser las consultas sobre temas fundamentales, en los que cada ciudadano, cada opinión cuenta. Criterio que puede definirse como «democracia, ma non troppo».
Recapitulemos
Manuel Zelaya asumió el gobierno en enero del 2006. Pertenece al Partido Liberal, de sesgo conservador y junto con el Partido Nacional, dos fuerzas políticas tradicionales en Honduras. Pero su campaña electoral y sus primeros meses de gobierno mostraron su disposición a producir cambios importantes en el país. Públicamente argumentó la ineficacia o el «lastre» de los compromisos que ataron a Honduras a los dictados norteamericanos, afirmó que su país necesitaba «explorar otros caminos». Mostró su proximidad con los gobiernos centroizquierdistas de Venezuela, Bolivia o Ecuador, y decidió el ingreso primero en Petrocaribe y luego en la Alternativa Bolivariana (ALBA).
En la política interna decidió una reducción en los precios de los combustibles, dispuso la matrícula gratuita en la educación pública; logró el aumento de la recaudación pública mediante la reforma de la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI); aprobó la Ley de Transparencia; promulgó medidas de protección de la riqueza forestal hondureña, y obtuvo la condonación de la deuda externa de 1.367 millones de dólares con el Banco Interamericano de Desarrollo, BID. En el 2007 alcanzó un
acuerdo definitivo con Nicaragua sobre unas islas en el Mar Caribe y quedó cerrado el antiguo conflicto de límites, gesto que fue saludado como «ejemplo de hermandad latinoamericana». Visitó Cuba, la primera visita de un presidente hondureño a Cuba en medio siglo, y consolidó las relaciones bilaterales. También se fortalecieron los vínculos e intercambios con Brasil y otros países del área.
Adecuar la Constitución
La intención de Zelaya es realizar un referéndum en coincidencia con las elecciones generales de noviembre próximo, para que los ciudanos expresen su opinión a favor o en contra de convocar una Asamblea Constituyente, en un proceso similar a los ya realizados en Bolivia, Venezuela o Ecuador. Es eso lo que se ha denominado «la cuarta urna», ya que se sumaría a las votaciones para presidente, legislativas y locales. Antes de ello, se convoca para este domingo la consulta ciudadana no vinculante con la pregunta que se indica al comienzo, requiriendo la conformidad o el desacuerdo de los ciudadanos en que se convoque ese referéndum en noviembre.
Para los sectores sociales y económicos que llevan tiempo intentando bloquear esta deriva transformadora de Zelaya y de las organizaciones y movimientos sociales que le respaldan, este avance en dirección a una reforma constitucional, puede haber sido valorado como un paso irreversible. Por eso los medios de comunicación – en su práctica totalidad enrolados en el sector que intenta bloquear al presidente – desataron una campaña que con tintes legalistas, en realidad pretendía impedir que se llegue a estas consultas populares. Oficiales retirados de las FF.AA., algunos de ellos con una hoja de servicios que incluye haber participado en acciones represivas en los años 80, o haber recibido instrucción de «expertos» de la dictadura argentina en desapariciones, torturas y asesinatos, aparecieron en la escena pública como defensores de la Constitución y presionaron a los mandos actuales.
A pocos dias de la consulta, el General Romeo Vázquez, jefe del Estado Mayor, comunicó al presidente que no cumpliría la orden de custodiar y distribuír el material (urnas y papeletas). Argumentó su desobediencia en que la consulta no era constitucional, basándose en el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia y la Procuraduría General de la República. Zelaya, en su condición de Comandante en Jefe, decidió la destitución inmediata del general. También aceptó la dimisión simultánea de su ministro de defensa. Arropado por cientos de representantes de organizaciones populares y movimientos sociales, leyó públicamente el comunicado con esas resoluciones y ratificó la voluntad de realizar la consulta democrática «para que el pueblo hondureño pueda expresarse».
Marcha popular para recuperar el material de la consulta
Unidades del Primer Batallón de Infantería, con asiento en el entorno de la capital Tegucigalpa y comandado por el Coronel Mario Alberto Castillo, hicieron desplazamientos por las calles, lo que hizo aumentar la tensión y la incertidumbre. Los mandos militares consultados respondían a las preguntas de la prensa indicando que esta movilización castrense era simplemente «para garantizar el orden y la seguridad». Algunos medios lo expresaron más claramente: los uniformes y las tanquetas tienen la intención de atermorizar a los manifestantes populares partidarios del gobierno, y controlar las convocatorias de dirigentes sindicales, sociales y del movimiento campesino e indígena para defender al gobierno e impedir cualquier intento golpista, aunque fuera «maquillado» por maniobras del Congreso. Zelaya advirtió que «él era presidente por voluntad popular» y no admitiría ninguna maniobra golpista desde el Congreso. Ratificó que la consulta «sigue adelante».
Uno de los problemas que se presentaban a Zelaya, es que el material para la consulta estaba almacenado en dependencias militares. Decidió entonces encabezar una marcha popular que llegó hasta las puertas de la Base Aérea ubicada al sur de la capital, donde finalmente logró que el comandante del arma permitiera el «rescate» de las cajas con las papeletas y otra documentación relacionada con la consulta, operación que se hizo con la colaboración de la gente.
A partir de ese momento, se organizó el reparto del material por todo el país utilizando vehículos de distintas dependencias gubernamentales. Zelaya dijo estar indignado con los miembros de la Corte Suprema de Justicia, porque «ahora la corte declara ilegal la participación legítima del pueblo». «Qué vergüenza esa corte de Justicia para los hondureños» expresó ante quienes participaron de esa marcha popular, defensores de la llamada «cuarta urna». «Esos bárbaros que no representan a nadie en el Congreso Nacional, declaran que los militares se pueden gobernar solos y que ya no dependen del presidente de la república, están violando el estado de derecho, y hacen retroceder a Honduras en las conquistas de 30 años, a la época de los desaparecidos, en que sacrificaban a los pobres en la década de los 80’s».
Añadió también: «la decisión de la Corte no es en contra de mi persona sino en contra del pueblo de Honduras». «Ahora la Corte de Justicia que le hace justicia nada más a los poderosos, a los banqueros y a los ricos de este país, declara ilegal la participación del pueblo en una encuesta legítima y constitucional», agregó el presidente.
En ese clima de tensión, el Congreso unicameral formó una comisión que durante las últimas horas del jueves buscó una fórmula para destituír a Zelaya bajo la acusación de actuar al márgen de la constitución y consumar así el «golpe técnico» que implicaría promover a la presidencia al actual titular del Parlamento, Roberto Micheletti. Según algunos medios radiales hondureños, esta iniciativa se frustró porque sectores militares indicaron que en caso de desplazar al presidente, serían ellos mismos quienes asumirían el control del país. Lógicamente fue imposible confirmar esta versión, pero lo cierto es que pasada la medianoche los rostros de los parlamentarios que integraban la comisión mostraban claramente que no se había alcanzado una salida satisfactoria para ellos. Mientras tanto, el presidente Zelaya se retiraba de la Casa de Gobierno, sonriente, tranquilo y afirmando que «el golpe había sido conjurado», entre aclamaciones de varios centenares de partidarios que luego se dispersaron en orden. Su expresión, sin embargo, no parecía coincidir plenamente con la realidad.
Apoyos populares a Zelaya
Diversos dirigentes sociales expresaron su total respaldo al presidente y a sus decisiones. Rafael Alegría, dirigente campesino dijo que «la oligarquía pretende impedir la consulta popular del domingo». Ramón Melgar, dirigente indígena afirmó que la reforma constitucional es una de sus reivindicaciones, para que la asamblea constituyente y representativa, pueda elaborar una norma que incluya y otorgue igualdad de derechos a todos los ciudadanos hondureños.
El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras emitió un comunicado dirigido a la comunidad nacional y a la internacional. COPINH «denuncia la intención golpista perpetrada la noche del 24 de junio del 2009 al gobierno constitucional de Manuel Zelaya Rosales y contra el pueblo hondureño. Este acto, añade «es una reacción desesperada de la derecha y de sus aliados para frenar la voluntad popular de buscar vías democráticas para la transformación nacional».
Este importante organismo que coordina entidades sociales hondureñas dice más adelante: «Esta ofensiva golpista ha sido planificada y ejecutada de manera articulada entre el Congreso Nacional fascista, los medios de comunicación y sus dueños, el Ministerio Público, los empresarios más poderosos del país y las Fuerzas Armadas, que han venido actuando en franco desacato a las decisiones del poder ejecutivo; por eso denunciamos que el ejército ha asumido un papel similar al de los años ochenta, cuando servía de instrumento de desestabilización y represión. A esta campaña, se han unido algunos sectores de las jerarquías de las iglesias evangélicas y católica, quienes han intermediado, alentado y justificando los hechos de connotación golpista.»
Tras otras consideraciones finaliza afirmando que el COPINH reconoce como único presidente constitucional de la república a Manuel Zelaya Rosales, por lo que rechazamos cualquier «sustituto» impuesto por los poderes fácticos e imperialistas». El comunicado emitido el miércoles 24 en la ciudad de La Esperanza, Intibucá, concluye afirmando: «con la fuerza ancestral de Iselaca, Lempira y Etempica se levantan nuestras voces de vida, justicia, dignidad, libertad y paz.»
«Con la reforma constitucional, los hijos pasarán al Estado»
Las iglesias evangélicas han tenido un papel significativo dentro del bloque que procura desplazar del gobierno al presidente Zelaya. En San Pedro Sula, una de las principales ciudades hondureñas, las expresiones religiosas vinculadas a Iglesias Evangélicas de Miami, como la «Alianza de Miami por una Honduras en Paz y democracia», convocaron a sus fieles para manifestarse contra la consulta al pueblo sobre la modificación de la actual constitución. El pastor Misael Argeñal dijo en su mensaje ante miles de personas que «Honduras no necesita una nueva Constitución».
Luego, y para que no quedaran dudas de que su incursión desde lo religioso tenía claro contenido político expresó el pastor: «Honduras no será jamás de la extrema izquierda», mientras los adherentes evangelistas exclamaban «libertad y Cristo vive». Los organizadores afirmaron que era una manifestación «a favor de Dios», y que contaba con la participación de los estudiantes de las escuelas y colegios religiosos. Eso sí, el pastor Misael Argeñal aclaró que era una caminata «sin colores políticos».
Por su parte un portavoz de la jerarquía de la Iglesia Católica marcó claramente su distancia con el presidente, y al ser preguntado si la Iglesia apoyaba la consulta popular, expresó que la Iglesia «no podía apoyar un acto ilegítimo, y así lo ha definido la justicia.» Monseñor Darwin Andino, obispo auxiliar de Tegucigalpa, sugirió el alejamiento del presidente Zelaya, quien en realidad concluye su mandato a fin de año.
Otro factor decisivo es el de los medios de comunicación. Con excepción de algunas radioemisoras, que quizás por las mismas características técnicas del medio están más próximas a la espontaneidad de los acontecimientos, diarios y canales «apuntan» en una sola dirección: todas las informaciones coinciden en su carácter adverso al presidente, destacan «el patriotismo» de los mandos de las FF.AA. y exageran los vínculos de Honduras con los países del ALBA con titulos catastróficos señalando que el país corre el riesgo de «caer en manos de Chávez».
Un ex diputado hondureño – Leonel Ayala – llegó a afirmar el riesgo de que la reforma de la Constitución supondrá que los padres pierdan a sus hijos, y lo completó con la falsedad «tal como pasó en Venezuela». Eso fue suficiente para que uno de los principales diarios hondureños titulara «Los hijos pasarán a poder del Estado».
Las Fuerzas Armadas
Las Fuerzas Armadas que durante los últimos 20 años han tenido reformas en su estructura y en la formación de sus mandos, no experimentan cambios sustanciales con respecto esos cuerpos que en los años 80 ejercieron acciones represivas contra movimientos sindicales, campesinos y populares. También Honduras fue utilizada como base de operaciones para asistir logísticamente a la «contra» nicarguense que realizaba ataques y sabotajes en la Nicaragua sandinista. En esa época contaron con la asistencia de expertos norteamericanos, argentinos e israelíes, en lo que se denominaba «contra-insurgencia», y que en la práctica se traducía en secuestros, torturas y asesinatos de militantes de izquierda. Durante la gestión del presidente liberal Roberto Suazo Córdoba, entre 1982 y 1986, se creó el llamado «Batallón 316» que fue utilizado para asesinar a opositores
Es difícil valorar cuánto han cambiado esas Fuerzas Armadas en estos años de procesos constitucionales. Tras su destitución, y ser repuesto en sus funciones por la Corte Suprema de Justicia, el general Romeo Vázquez formuló declaraciones que en su retórica, le alejan de una posición golpista, al menos en sus términos clásicos. Ha llamado a la calma y además afirmó que «está a cargo» de sus funciones, pero pendiente de ser relevado por el presidente, con lo cual dá a entender que sigue reconociendo que su superior en línea jerárquica sigue siendo el Comandante en Jefe, o sea el presidente Zelaya. Argumentó estar dispuesto a cumplir cualquier órden que le imparta el presidente, menos aquellas que impliquen actos ilegales o contrarios a la constitución.
Situación indefinida
Tras los momentos de extrema tensión que siguieron a la posición del Congreso y de la Corte Suprema de Justicia, que en la práctica desconocían las resoluciones presidenciales de destituír al jefe del Estado Mayor y de seguir adelante con la consulta popular convocada para el domingo, al concluir la jornada de viernes la situación parece más tranquila a pesar de que el quiebre institucional sigue abierto. El presidente en tono sereno pero firme, reiteró que las 15.000 urnas recuperadas tras la marcha popular de miles de partidarios que encabezó ayer hasta una base de la Fuerza Aérea, serán utilizadas el domingo en todo el país, distribuidas en diversos lugares públicos para que el pueblo pueda expresar su opinión en la consulta.
Internamente, Zelaya cuenta con el respaldo de organizaciones sociales, sindicales, campesinas e indígenas. No tiene mayoría en el Congreso, donde el presidente Morichetti llegó a considerarlo como «perturbado» e insinuó la posibilidad de que se estudie su inhabilitación por su «incapacidad mental». Zelaya le respondió que a él le eligió el pueblo, no el Congreso. Y desafió: «si (a la legislatura) tanto le molesto, por qué no vamos a una consulta a ver qué quiere el pueblo: si sacar al Congreso o al presidente».
En el ámbito internacional, el presidente de la Asamblea de las Naciones Unidas, Miguel D’Escotto emitió una declaración condenando «la tentativa de golpe de estado en Honduras». La Unión Europea pidió que todas las partes implicadas en la crisis mantengan la calma y aseguren el orden democrático en el país. El ALBA, la Alternativa Boliviariana a la que pertenece Honduras también expresó su rechazo a un golpe de estado y su apoyo al presidente Manuel Zelaya. Los países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) en pleno extraordinario apoyaron la propuesta de Honduras de aplicar en este país centroamericano la Carta Interamericana a fin de promover la institucionalidad democrática y el gobierno legalmente constituido, tras el intento de golpe de Estado técnico.
Al cierre de este envío de SERPAL, y a menos de 48 horas de la consulta del domingo, personal de reparticiones del estado y voluntarios, preparan y distribuyen las urnas y las papeletas para que los hondureños expresen su opinión. Gran parte del Congreso desconoce la convocatoria, mientras que la Suprema Corte la considera «ilegal». Las Fuerzas Armadas tienen un jefe de estado mayor relevado por el presidente, pero no reemplazado. Se supone que la cadena de mandos seguirá funcionando en los aspectos fundamentales en cuanto a orden y seguridad, manteniendo una forma de «neutralidad» con respecto al diferendo institucional.
La tranquilidad actual permite suponer incluso que la consulta podría realizarse sin incidentes importantes el próximo domingo. Con el transcurrir de las horas, parecen tener más peso aquellas opiniones que «empujan» hacia una salida negociada que permita una continuidad institucional. Hay quienes suponen que la llegada de una misión de la OEA puede generar un diálogo.
Lo que ha quedado en evidencia es que la oligarquía hondureña intenta e intentará frenar el referéndum de noviembre, que teme el veredicto popular y la posibilidad de que los ciudadanos al elegir a sus constituyentes, opte por representantes populares independientes y relegue a los políticos tradicionales. Ese es el temor de este bloque social.