Violaciones a los derechos de los trabajadores y ataques al medio ambiente en la reconstrucción del Teleférico de Mérida

Por: Laclase.info

La reconstrucción del Teleférico ha levantado expectativas en la población merideña por su importancia para el turismo local, uno de los principales rubros económicos de la región, pero esta emblemática obra está siendo ejecutada con enormes perjuicios para el ambiente y con ataques arteros a los derechos de los trabajadores. A continuación presentamos un trabajo de investigación realizado por el equipo de Laclase.info, por medio del cual se ha podido indagar en gravísimos problemas laborales y ambientales que son un secreto a voces en Mérida, pero son silenciados por la prensa estatal y privada, por cuestiones de conveniencia política y económica.

¿Hacía falta demoler el Teleférico de Mérida para reconstruirlo?

Opiniones de ingenieros, arquitectos y maestros de abañilería que trabajan en las obras de reconstrucción del Teleférico más alto y largo del mundo, consultados por Laclase.info bajo la condición de anonimato, coinciden en opinar que “no hacía falta una total reconstrucción del Teleférico, en vista de que sus estructuras se encontraban en buen estado en más de un 70%”. Las torres que soportan el sistema, sus bases, los anclajes y la propia estructura de las 5 estaciones que lo conforman se encontraban firmes sin problemas estructurales al momento de iniciarse los trabajos. Admiten que las estaciones se pudieron haber remodelado estéticamente y reparado en ellas todo lo concerniente a instalaciones y servicios de agua, electricidad etc. Igual se pudo haber hecho con el sistema de tracción, guayas y cabinas sin haber tenido que demoler y arrancar de raíz todo el sistema en su conjunto. Tan fuertes y sólidas están las estructuras que han debido utilizar potentes químicos para tratar de fracturarlas y hasta han debido realizar implosiones con pólvora y dinamita en la propia cara de los inspectores del Ministerio de Ambiente e Inparques, violando la normativa que preserva el Parque Nacional Sierra Nevada. El equipo de Laclase.info se dirigió a estas instancias para conocer su opinión sobre el uso de explosivos de alta potencia en las obras del Teleférico, y se obtuvo por respuesta que los funcionarios de estas entidades estatales están obligados a callar “por tratarse de una obra que rendirá frutos políticos” con miras a las elecciones presidenciales de octubre, aunque lesione gravemente el ambiente. “Órdenes de Caracas”, es una de las frases más escuchadas en los diálogos entablados con estos funcionarios. Lo que resulta paradójico es que a fin de cuentas se trata de una obra cuyo propósito y atractivo primordial es la belleza del medio ambiente que está resultando significativamente lesionado.

Todo indica que la razón por la cual se decidió demoler toda la estructura del Teleférico y reconstruirlo, abultando costos y generando un gran impacto ambiental, es porque así el contrato resultó más jugoso y atractivo para los funcionarios gubernamentales y las empresas constructoras involucradas. Estas empresas, por cierto, son las mismas que en el pasado reciente ha criticado la representación del partido de gobierno en Mérida, señalándolas como “escuálidas y golpistas”. Hoy en día están conformadas en un consorcio que han denominado “Consorcio de Altura”, y con esa figura asumen la multimillonaria obra. Venezolana de Teleféricos, empresa estatal adscrita al Ministerio de Turismo, participa también en el denominado consorcio como parte importantísima en cuanto al aspecto operativo general en la obra y es el Estado a través de PDVSA quien coloca los recursos de todos los venezolanos para su realización.

Es indudable que existe una presión de sectores de la población que dependen económicamente del turismo para que se reactive el Teleférico. Pero es indudable también que se podría haber rehabilitado el Teleférico sin necesidad de demolerlo, en menos tiempo y con una fracción del gasto. El dinero que se ha gastado innecesariamente, con el único fin de engordar las arcas de burócratas y capitalistas, podría haberse destinado a otras necesidades sociales apremiantes, como los deteriorados sistemas de salud y educación, o incluso para el servicio de aseo urbano, totalmente colapsado en la ciudad andina.

Pacto rojiblanco a la vista

¿Cómo se explica entonces que sean empresas capitalistas con un pasado reciente golpista las que estén llevando a cabo la monumental obra llevándose la gran tajada? Según admiten personas ligadas a la obra y a la dirección del Psuv en Mérida, parte de los multimillonarios ingresos que obtendrán esas empresas irá a parar en la campaña por la reelección del Gobernador Marcos Díaz Orellana y en la propia campaña electoral para la reelección del presidente Chávez. Por debajo de los enfrentamientos públicos entre la MUD y el Psuv, existen convenimientos como este, que demuestran la verdadera naturaleza de la confrontación política en el estado Mérida y en el país, como una confrontación entre partidos que representan a los sectores empresariales que aspiran a controlar la renta petrolera, pero que no tienen mayores inconvenientes en pactar, negociar y cohabitar.

El aspecto monopólico no está ausente en la adjudicación de las obras. Por ejemplo, la familia Di Zio, dueña del Taller Chama, una de las empresas que conforman el Consorcio de Altura, además de haber construido el campamento en la estación La Aguada, tiene también contratada la demolición e instalación de las torres comprendidas en el tramo Barinitas-La Montaña. Además, una de las hijas del magnate Di Zio es quien también administra dicho campamento y el yerno de este Sr. Di Zio es también el Jefe de Cocina de ese campamento.

La afectación ambiental

Partiendo del hecho de que la obra se está llevando a cabo en un Parque Nacional, existe toda una legislación y condiciones que se deben cumplir para su ejecución. Esta normativa está siendo violada de manera flagrante y a la vista de las instituciones que deberían velar para que eso no ocurriese.

Mientras a la población se les restringe la realización de pequeñas obras, como por ejemplo las de carácter habitacional familiar en el Parque Nacional Sierra Nevada con el argumento de que esto afectaría el equilibrio ambiental y violaría la norma, para la reconstrucción del Teleférico sí se permiten agresiones en gran escala al medio ambiente y violaciones grotescas de la norma. Ya desde hace años, los excursionistas han venido observando como existe gran cantidad de materiales de desecho del viejo Teleférico apilados como escombros en algunas áreas de la montaña y hasta en los propios riachuelos que surten de agua a las comunidades de San Jacinto, La Pueblita, Mucunután, entre otros. Guayas viejas y piezas mecánicas se pueden observar cercanas a los caminos. La reconstrucción del Teleférico ha multiplicado el problema, pues ha generado toneladas de escombros.

Gran parte del material a instalar está siendo depositado a todo lo largo del sistema, agrediendo el equilibrio ambiental. A través de un recorrido por el área se pueden observar grandes piezas mecánicas que descansan sobre el frágil suelo paramero y su delicado frailejón. En las adyacencias de la estación La Aguada se construyó un campamento para más de 250 trabajadores con el propósito de que estos trabajadores pernocten durante toda la semana en el lugar. Esto ha causado una gran afectación en el parque debido en primer lugar a la remoción de la capa vegetal en una extensa área. El propio campamento genera gran cantidad de desechos humanos y de productos químicos de limpieza que el frágil ecosistema deberá soportar. A posteriori, en el lugar se instaló también una planta de tratamiento de aguas, pero esta medida ha resultado insuficiente. Durante un recorrido, el equipo de Laclase.info pudo verificar que las aguas negras del campamento van a parar directamente al parque debido a que el gran volumen de estas agota la capacidad del artesanal sistema de filtrado recién instalado.

(Foto: Laclase.info)

Para la instalación de las nuevas torres que harán parte del sistema de tracción del nuevo teleférico deben primero demolerse las viejas torres. Esto implica la destrucción de las viejas bases las cuales están muy bien ancladas por lo cual han debido usarse martillos percutores de demolición y ablandamiento con potentes químicos. Al lado de estas sólidas bases una vez destruidas se construirán las nuevas bases. La justificación oficial de esta absurda medida es que las nuevas torres serán más altas ¿Y la doble afectación al ambiente? Es un asunto secundario según las autoridades encargadas de la obra.

El desmontaje y posterior acarreo de las viejas torres una vez demolidas causará una nueva agresión al ambiente, pero eso también es un asunto irrelevante para las autoridades, así como también lo es la disposición del material resultante de las demoliciones, el cual se puede ver a simple vista desde la ciudad de Mérida cuando elevamos la mirada hacia la estación La Aguada. Allí se puede observar lo que pareciera ser un pequeño deslave. No es ningún deslave, es que el material que van sacando de las bases de las torres lo van colocando en el limitado espacio que ellas ocupan en su parte inferior y como no hay espacio suficiente este material rueda libremente montaña abajo. En las otras torres ubicadas entre la estación La Montaña y Barinitas no se ve a simple vista pues por ahora ese escombro rueda entre la vegetación, sin embargo la afectación se puede observar en el área de las torres ubicadas entre la estación La Aguada y Loma Redonda.

(Foto: Laclase.info)

Pólvora a la vista

Como algunos de los anclajes, bases y estructuras no pueden ser demolidos con la rapidez requerida, las empresas del Consorcio de Altura han recurrido a las explosiones “para facilitar y agilizar la cosa” y así poder ir cobrando más rápido también sus valuaciones y así poder verle el queso a la tostada. Pero resulta que el uso de esta agresiva técnica no está permitido en Parques Nacionales. En el caso de los picos de la Sierra Nevada de Mérida, éstos cuentan con un disminuido glaciar, el cual se ha ido perdiendo rápidamente debido al calentamiento global y al calentamiento del clima local acelerado por la deforestación. Estas explosiones aceleran la desaparición de los pequeños glaciares que aun permanecen en los picos Bolívar y Humboldt, con lo cual irónicamente la obra contribuye a destruir uno de los atractivos que atraen al público usuario del Teleférico. Pero eso tampoco tiene relevancia para el Consorcio de Altura y al parecer tampoco para el propio Ventel que viene a ser la empresa de la casa en este caso.

La demolición de las estaciones también está generando toneladas de escombros, los cuales están siendo depositados en los alrededores, afectando a la fauna y la flora del lugar.

Es de destacar que las autoridades, tanto de Inparques como del Ministerio del Ambiente están al tanto de todo esto pues tienen funcionarios destacados en el lugar, pero atados de manos para actuar, por la decisión política del gobierno regional y nacional. Se trata de una obra que, además de los beneficios económicos ya mencionados para las empresas y los funcionarios involucrados, generará dividendos políticos, es decir votos en octubre, y las consideraciones ambientales son de segundo o tercer orden.

La violación a los derechos de los trabajadores

Los trabajadores que laboran en las diversas empresas que reconstruyen el Teleférico han acudido en muchas ocasiones a Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (Inpsasel) a denunciar condiciones de trabajo inseguras e insalubres. Pero los funcionarios de Inpsasel admiten que no pueden atender denuncias relacionadas con el Teleférico, no se pueden realizar inspecciones, pues es una prioridad política no retrasar las obras. Algunos de sus funcionarios hasta recomiendan llevar los reclamos a la sede regional del Psuv, pues existe un acuerdo entre el partido de gobierno y las empresas por aquello de la financiación de futuras campañas electorales locales, estadales y nacionales.

Eso significa entonces que los patrones capitalistas tienen luz verde para violar los derechos de los trabajadores, pues ni la Inspectoría del Trabajo ni Inpsasel pueden actuar en contra de este consorcio.

Aunque algunas empresas cumplen medianamente con lo concerniente a la dotación de implementos de seguridad y vestimenta para el clima extremo de la Sierra Nevada, otras no lo hacen y existen los casos en los cuales hasta cobran la dotación a los trabajadores. Quienes trabajan en la reconstrucción del Teleférico lo hacen bajo condiciones de extremo riesgo y en condiciones climáticas generalmente adversas, a veces con temperaturas por debajo de los cero grados centígrados, y en alturas elevadas, superiores a los 3 mil y 4 mil metros sobre el nivel del mar. Inpsasel dio luz verde a los empresarios para que ellos administren los niveles de riesgo y las condiciones de trabajo. Algunas empresas de las involucradas en la reconstrucción del teleférico hasta tienen millonarias multas en la Inspectoría del Trabajo, pero estas no les son ejecutadas.

En el Ministerio del Trabajo e Inpsasel están vetadas las denuncias que provengan de trabajadores maltratados por esas empresas que participan en la obra. Estas empresas son: Pialca, Capi, Toguman, Taller Chama, Briroca, Heli Swiss, así como las transnacionales Garaventa y Doppelmayr.

Este pacto sellado entre Gobierno y empresarios capitalistas tiene contra la pared a cientos de trabajadores. No existe en el denominado “Consorcio de Altura” ninguna cooperativa, ni Empresa de Producción Social, sólo grandes empresas privadas. La reconstrucción del Teleférico de Mérida resume toda una política antiobrera, contraria el medio ambiente, y favorable a los negocios capitalistas, en la que coinciden tanto el gobierno nacional como los sectores de oposición agrupados en la MUD.