El artículo 31 de la Constitución

Mié 20/05/2009 - 11:33
Por: 
Marino Alvarado*

Nos aproximamos al décimo aniversario de la Constitución. Ella surgió en 1999 de un proceso constituyente que sembró esperanzas de cambio. Fue el resultado de un debate plural y una de sus cualidades es que contiene un amplio articulado sobre derechos humanos. Un artículo que destaca por constituir una innovación es el 31. Su contenido nos indica que toda persona que habite en Venezuela tiene el derecho a acudir ante los Órganos Internacionales de Protección de los Derechos Humanos en búsqueda de justicia cuando ella no la haya logrado en los órganos administrativos y judiciales del el país. Es decir, puede acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, aspirar que su caso sea conocido por la Corte Interamericana, o reclamar una acción de protección ante el Comité de Naciones Unidas Contra la Tortura o solicitar la intervención del Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo, entre otros organismos internacionales.
Los integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente al aprobar dicho artículo reconocieron la importancia que tiene para la democracia y para las victimas de violaciones a los derechos humanos la existencia de tales instancias de protección, admitieron que era perfectamente válido y necesario que asumieran la supervisión de la situación de los derechos humanos en el país hasta el punto que cualquiera pudiese solicitar su intervención. Aceptaron que dichos organismos pueden adoptar decisiones a favor de las víctimas y que deben ser acatadas por el gobierno nacional y resto de Poderes Públicos.
No hay duda que el artículo 31 es muy importante pues es un derecho constitucional que significa el último recurso que queda a las víctimas para obtener justicia. Algunos académicos por su valor lo califican como una acción de amparo internacional. Como consecuencia de una mayor conciencia ciudadana sobre las posibilidades de acudir a tales instancias en la última década se incrementó el número de acciones y como corolario acrecentó la cantidad de decisiones y medidas de protección. Destacan los casos El Caracazo, Reten de Catia, Desaparecidos de Vargas, Jueces de la Corte Primera. Medidas de protección dictada a favor de miles de presos en distintas cárceles del país. Se suscribieron acuerdos amistosos tales como los casos Jubilados de Viasa y vascos ilegalmente deportados. Desafortunadamente, salvo el caso jubilados de Viasa, las víctimas continúan esperando se cumplan las mencionadas decisiones. A diez años de haberse reconocido con rango constitucional la importancia de las instancias internacionales de protección es fundamental que se acaten sus decisiones. Una política estatal coherente con el espíritu y propósito del artículo 31 debe orientarse a fortalecer dichas instancias, facilitar la supervisión de la realidad venezolana en materia de derechos humanos y no descalificar a nadie que ejerza su derecho constitucional de solicitar la protección de tales organismos.

*Coordinador General de Provea
marino@derechos.org.ve