Primeros sentenciados por escuadrones de la muerte en Guárico

Sáb 22/08/2009 - 18:11
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RNV/Últimas Noticias/Laclase.info

Finalmente fueron sentenciados a prisión el ex jefe de la Brigada de Intervención y Apoyo (BIA) de la Policía del estado Guárico, Wilfredo Rafael Febres, y otros cuatro funcionarios de ese organismo, por su responsabilidad en el homicidio del ciudadano Arturo Hernández, hecho ocurrido el 12 de abril de 2004 en la referida jurisdicción. El caso forma parte de las más de 300 denuncias por ejecuciones extrajudiciales realizadas por este cuerpo represivo en el estado Guárico.

El Tribunal 4° en funciones de Juicio con carácter itinerante del estado Carabobo, tras la acusación de los fiscales 20° nacional y 4° del estado Trujillo con competencia ampliada para actuar en el caso, Daniel Guedez y Oscar Balza, respectivamente, condenó a Wilfredo Febres a 23 años de prisión por los delitos de homicidio calificado en grado de autor, tortura y simulación de hecho punible.

Asimismo, fue sentenciado Juan Ramón Rivas a 20 años de prisión, por el delito de homicidio calificado en grado de cooperador inmediato.

Mientras, los funcionarios Luis Ledezma Ruiz, Evin Rafael Quiche y Adolfo Delgado Idarraga fueron sentenciados a 10 años de prisión, por homicidio en grado de complicidad.

En el juicio los fiscales presentaron las pruebas contra Febres, Rivas, Ledezma Ruiz, Quiche y Delgado Idarraga, entre estas testimonios, experticias técnicas y documentales, las cuales fundamentaron la acusación.

Febres continúa recluido en el Internado Judicial de Tocuyito, luego que el pasado mes de julio le fue revocada la medida de arresto domiciliaria; igualmente Rivas permanece recluido en dicho internado judicial. Por su parte, los otros tres funcionarios estarán en la Penitenciaría General de Venezuela en Guárico.

Es oportuno recordar que el ex jefe del grupo BIA y los otros cuatro funcionarios fueron procesados por estar relacionados con la muerte del comerciante de ascendencia española, Arturo Hernández, ocurrida el 12 de abril de 2004. La víctima transitaba en su vehículo por la avenida Páez, vía represa "El Corozo", en Valle de la Pascua, estado Guárico, cuando fue interceptado por la comisión policial.

Alrededor de 300 denuncias contra la BIA fueron investigadas por la Asamblea Nacional, y la diputada Iris Varela ventiló públicamente la responsabilidad del entonces gobernador de Guárico, Eduardo Manuitt, en las violaciones a los derechos humanos perpetradas por la BIA, cuerpo creado por el propio Manuitt. Sin embargo, desde el 2005, el informe fue archivado por orden del presidente de la Asamblea Nacional para el momento, Nicolás Maduro, para proteger al gobernador de Guárico, Eduardo Manuitt, quien entonces era un aliado del presidente Chávez. Manuitt y Maduro dijeron que esa investigación era un ataque político, y condecoró a varios oficiales policiales que estaban comprometidos con violaciones a los derechos humanos.

Maduro, en su maniobra para proteger a Manuitt, llegó a decir que el informe sobre las violaciones a los derechos humanos en Guárico estaba "contaminando por la enemistad personal, la enemistad política, el odio político de algunos de los integrantes de esa comisión que hicieron parte para redactar el informe".