Expropiación y confiscación en la Constitución venezolana

Vie 29/10/2010 - 09:00
Por: 
Atilio Hernández R*
Notas Laborales

La expropiación consiste en la transferencia coactiva (impuesta) de la propiedad desde su titular (el dueño) al Estado (nuevo dueño) mediante indemnización. Se habla en el derecho anglosajón de dominio inminente (EEUU) o de compra obligatoria (Inglaterra) como un poder inherente de la soberanía del Estado.

La expropiación se utiliza en todos los Estados nacionales como un medio de desarrollo de proyectos de interés público cuando el propietario del inmueble es reacio a venderle al Estado y se constituye en un obstáculo para el desarrollo del bien común.

El artículo 115 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) garantiza, como regla general, el derecho de propiedad. Toda persona tiene derecho al uso, goce, disfrute y disposición de sus bienes. Pero, la propiedad no es un derecho absoluto. Está sometido a las contribuciones, restricciones y obligaciones que establezca la ley con fines de utilidad pública o de interés general.

Pero las restricciones al derecho de propiedad no pueden ser ejercidas en forma arbitraria por el Estado. En su parte final el artículo 115 de la CRBV que comentamos establece que sólo por causa de utilidad pública e interés social, mediante sentencia firme y pago oportuno de de justa indemnización, podrá ser declarada la expropiación de cualquier clase de bienes.

Es decir, que la expropiación supone: 1) Que se cumpla el debido proceso y recaiga una sentencia firme 2) El pago oportuno de una justa compensación o indemnización.

La confiscación, comiso o decomiso, en Derecho, es el acto de incautar o privar a las personas de sus posesiones o bienes sin compensación, pasando ellas al Erario Público. La confiscación supone la comisión de un delito.

El artículo 116 de la CRBV prohíbe las confiscaciones salvo en los casos permitidos en el texto constitucional. Dice el artículo 116 que por vía de excepción podrán ser objeto de confiscación, mediante sentencia firme, los bienes de personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, responsables: 1) De delitos cometidos contra el patrimonio público. 2) De enriquecimiento ilícito al amparo del Poder Público. 3) Uso de bienes provenientes de actividades comerciales, financieras o cualesquiera otras vinculadas al tráfico ilícito de sustancias psicotrópicas y estupefacientes.

En consecuencia, cualquier confiscación de bienes requiere de sentencia firme que establezca la responsabilidad de quienes hayan cometido algunos de los delitos enumerados.
Una expropiación con ocupación temporal que no garantice el debido proceso ni el pago oportuno de indemnización constituye una transgresión del orden constitucional. Trata a los propietarios como si fuesen delincuentes.

En el caso de las expropiaciones de empresas, colocan además en riesgo los derechos constitucionales de los trabajadores.

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