Altercomp recurre a usurpación de nombre para intentar lavar su imagen, pero nadie se come el cuento
En el año 2008 se realizaron unas acciones de participación ciudadana en ejercicio del poder popular, en contra de la empresa altercomp por incurrir con el presunto delito de oferta engañosa mediante las compras programadas a partir de un artículo de mi autoría publicado en http://radioecos.radioteca.net/leer.php/6438186
En el año 2008 se realizaron unas acciones de participación ciudadana en ejercicio del poder popular, en contra de la empresa altercomp por incurrir con el presunto delito de oferta engañosa mediante las compras programadas a partir de un artículo de mi autoría publicado en http://radioecos.radioteca.net/leer.php/6438186
Esto trajo como consecuencia una serie de procedimientos legales en búsqueda de la sanción a dicha empresa estafadora, que para ese entonces, había atentado contra el derecho al ahorro de 70 familias merideñas, esto produjo un efecto dominó en otros estados, en vista de la vulnerabilidad de las personas ante esta oferta engañosa.
Es necesario entonces referir que actualmente, la empresa estafadora en mención, cayó en el hecho irregular de usurpación de nombre y que atenta contra la integridad de personas que luchan por los derechos y la participación de los ciudadanos en el ejercicio de la contraloría social. En este sentido, refiero la página web http://www.medioscomunitarios.org/pag/index.php/libano/index.php?id=33&idn=10833. Quiero desmentir públicamente, lo que allí se publica, unas supuestas disculpas al desprestigio causado a la empresa. Si bien es cierto, esa empresa estafadora ha venido quitándoles el ahorro a las familias con el ofrecimiento de créditos que en muchos de los casos nunca llegan y además está en discusión legal el caso, mi intención en este escrito es condenar públicamete la usurpación de mi nombre, para enaltecer la familia Baptista y su guarida de estafadores. Aprovecho para ratificar la advertencia al pueblo merideño de que no caigan en sus abusivos métodos manipuladores para que firmen los contratos que, de paso, violan el ordenamiento jurídico al no cumplir con los requerimientos legales para elaboración de contratos.