Del saqueo del oro y otros minerales en el Arco Minero a los tapiados en La Paragua

Por Armando Guerra (dirigente del Partido Socialismo y Libertad)

12 de marzo de 2024. El pasado martes 20 de febrero, se produjo un derrumbe, en una mina de oro, a cielo abierto, llamada popularmente: la “Bulla Loca”, en la región de Guayana, en el sector La Paragua, estado Bolívar. Para ser más precisos, dentro de los márgenes de la “Zona de Desarrollo Estratégico Nacional del Arco Minero”, impulsada por el ejecutivo nacional, desde el 24 de febrero del 2016, a través del decreto presidencial N° 2248, publicado en la Gaceta Oficial 40.855 del mismo año.

Esta tragedia, denominada así por los habitantes de la región, “como la más grande de su tipo” por el, numero indeterminado de personas fallecidas, aún hoy; por el perjuicio causado a las comunidades indígenas y mineras de la región; por el profundo daño ecológico experimentado en la franja sur del río Orinoco y en el caso particular, la mina la “Bulla Loca”, revela una vez más, lo equivocado y destructivo de este inconsulto decreto gubernamental del Arco Minero, como “alternativa de desarrollo extractivista”, sujeta a una supuesta renta minera como ingresos al fisco, que propuso el presidente Nicolás Maduro.

Ocho años después de su promulgación el decreto del Arco Minero, y en plena pujanza de su aplicación, el gobierno de Nicolás Maduro, no ha presentado ningún tipo de cuentas del tonelaje por cada renglón mineral, extraído en: bauxita, coltán, diamantes, oro, hierro, cobre, caolín, dolomita, y tierras raras, en la región. Mucho menos, se han presentado las prometidas cuentas de ingresos al fisco por concepto de renta minera. Por el contrario, durante estos 8 años, se impuso un hermetismo absoluto, prohibiendo todo tipo de sobrevuelo en la zona, tomar fotos y hacer videos que documenten los despojos del territorio. Sin embargo, de forma periódica, se cuelan y editan noticias de avionetas cargadas con barras en oro, cuñetes de diamantes y piedras preciosas o reboses de coltán, que despegan de pistas “clandestinas”, desde Guayana, con rumbos desconocidos.

Desde el  Partido Socialismo y Libertad, nos sumamos al número creciente de voces del municipio de la Paragua y de los indígenas y mineros, y de todos los que desde Guayana, guardan la sospecha de que son muchos más los fallecidos, ante la cifra de 15 personas ofrecidas por el gobierno y algunos medios. Son desesperadas las voces que se alzan llamando la atención, buscando canales y exigiendo se revele la verdad y magnitud de lo ocurrido.

La “Bulla Loca”, como centro de extracción aurífera, aclarado por algunos periodistas, es un centro de extracción artesanal, permisado. Es decir, son mineros autorizados por Minerven, buscando un destino, sin seguridad industrial, sin botas, ni uniformes, expuestos a todo tipo de enfermedades y a las contingencias de la más ruin minería artesanal. Presionados por la GNB, los pranatos y hasta por altos funcionarios del gobierno regional y nacional y a los que les importa poco el saqueo extractivista, el daño ecológico en la región. La resultante descomposición social, es un medio favorable para que las fuerzas del estado y de las transnacionales, actúan, utilizando a los pobladores, indígenas y mineros, para el único objetivo visible en la región: destruir y saquear los recursos mineros, sin ser cuantificados y para el provecho de pocos.

Por medio del decreto 2248, se llamó a la habilitación de concesiones a trasnacionales para explotación de yacimientos mineros en territorios que son extensos bosques y selvas tropicales. Se trataba de constituir empresas mixtas, liberadas de aranceles y sin ningún tipo de organización sindical para sus trabajadores. Vista así, es una política de manos libres para las trasnacionales, que operan en un espacio que comprende el 12% del territorio del país, y sobre el que se ha llevado a cabo la minería a cielo abierto, buscando sintonía “con metas establecidas en el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación y en el Plan de la Patria”. Y aunque la inestabilidad jurídica no creo confianza para que muchas empresas decidieron abordar el “proyecto”, de forma legal; si lo hicieron con la fachada de la minería artesanal, con el resguardo de la GNB, grupos de irregulares colombianos y de los mal llamados sindicatos, que no son otra cosa que el pranato organizado. De manera que los mineros hacen el trabajo de extracción, custodiados por todos lados.

Y esto, es lo que explica el control, la escasa información y difusión de la tragedia de la mina la “Bulla Loca” y la de los cuatro desplomes de minas ocurridos el pasado año, en el que también fallecieron un importante número de mineros. Desde el 2016, el PSL, formó parte del frente de organizaciones políticas, sindicales, de DDHH, culturales e individualidades, que nos opusimos a la implementación del Arco Minero del Orinoco.

¿Por qué nos opusimos? Por lo inconsulto de la propuesta, que reclamaba un debate de orden nacional, por los destrozos y la cantidad de daños irreparables que constituía una gran amenaza para los suelos, flora y fauna en las selvas donde están los yacimientos. Por la continua amenaza de saqueo de los recursos mineros, que son de todos los venezolanos, y que son extraídos por distintas vías del territorio, sin que ingrese un solo centavo al fisco. Mucho menos ser complaciente con la indolencia de las transnacionales y extractores, ni con los que desde el gobierno, ven con sorna la pobreza en la que vive el pueblo trabajador, producto de esta política. Por último, nos negamos a formar parte del festín y las sobradas muestras de corrupción de este gobierno, que no se vislumbra transparencia en nada de lo que hace. Un gobierno de falso socialismo, máxima expresión del extractivismo capitalista.

Por último, este banquete es tanto del gobierno como de la oposición. Y solo veamos una muestra más. El anuncio presidencial con el que Nicolás Maduro, ofreció una mina de oro productiva a cada gobernación bolivariana, para cubrir el “financiamiento presupuestario en cada region”. Este anuncio despertó la atención, interés y polémica en todas las gobernaciones. Desde la comisión de contraloría de Asamblea Nacional, el diputado José Brito, señaló como antidemocrática la decisión y textualmente dijo:  “ojala esto no lo conviertan en una suerte de Alí Baba y los cuarenta ladrones». Paso seguido, abrir el abanico para solicitar sean incluidas las 4 gobernaciones en manos de la oposición. Este señor, se mostró incapaz de denunciar el Arco Minero. Sus palabras no podemos verlas sino como una muestra de irónico desparpajo, buscando colarse en el reparto de las riquezas, precisamente como uno de los secuaces de Alí Baba; ante un pueblo que vive con pésimos servicios, carente de una real educación y de un sistema de salud, hambreado y con un salario miserable. Ni el gobierno, ni la oposición, quieren el bien para el pueblo trabajador, pero se desviven por los recursos del Arco Minero.