Campea la impunidad, a 4 años del asesinato de Danilo Anderson

El 18 de noviembre se cumplieron 4 años del asesinato del fiscal Danilo Anderson, quien llevaba la mayoría de los casos relacionados con el golpe de Estado de abril de 2002 y el sabotaje petrolero de los años 2002 y 2003. La noche del 18 de noviembre, el fiscal murió en un atentado terrorista realizado con bombas colocadas en su vehículo y detonadas mientras transitaba por el sector de Los Chaguaramos, en Caracas.

El 18 de noviembre se cumplieron 4 años del asesinato del fiscal Danilo Anderson, quien llevaba la mayoría de los casos relacionados con el golpe de Estado de abril de 2002 y el sabotaje petrolero de los años 2002 y 2003. La noche del 18 de noviembre, el fiscal murió en un atentado terrorista realizado con bombas colocadas en su vehículo y detonadas mientras transitaba por el sector de Los Chaguaramos, en Caracas.

Dos ex funcionarios de la Policía Técnica Judicial y un ex funcionario de la DISIP, Rolando, Juan Bautista, y Otoniel Guevara, fueron sentenciados en diciembre de 2005 por la autoría material del crimen. Sin embargo, el proceso abierto a los autores intelectuales del asesinato fue engavetado sin que se llegara a presentar la acusación formal por parte de la Fiscalía General de la República. El entonces Fiscal General, Isaías Rodríguez, ordenó en diciembre de 2006 el archivo judicial de la causa y el cese de las medidas cautelares dictadas contra el empresario Nelson Mezerhane, y otros indiciados.

Según denuncias recientes de la AIPO, Mezerhane, quien también es propietario del canal de televisión de filiación ultraderechista Globovisión, habría obtenido contratos con el Estado a través de otras empresas de su propiedad, por un valor cercano al millardo de dólares.

La mayoría de las causas judiciales que llevaba Danilo Anderson al momento de su asesinato fueron asumidas por la fiscal Luisa Ortega Díaz. Sin embargo, la muerte de Anderson supuso la impunidad total en estos casos, pues Ortega Díaz no tomó acciones contra los imputados. Su negligencia fue premiada posteriormente, al nombrársele Fiscal General de la República.

Prácticamente todos los procesados por su involucramiento en el golpe de Estado y el sabotaje petrolero fueron beneficiados por el decreto presidencial de amnistía del 31 de diciembre de 2007. Este decreto firmado por el presidente Chávez cerró la mayoría de las causas judiciales que abrió Anderson por los crímenes perpetrados por el fascismo entre los años 2002 y 2003.

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