La USI rechaza traslado ilegal de Rubén González y exige su liberación inmediata

Mediante una declaración suministrada por la dirección nacional de la Unidad Socialista de Izquierda, dicha organización política se pronunció categóricamente contra el traslado ilegal del dirigente sindical de Ferrominera del Orinoco, Rubén González a la sede del CICPC en San Félix, y abogó por su inmediata liberación. El comunicado llama la atención de que este procedimiento «es un acto ilegal e inaceptable, que se constituye en un ataque contra toda la clase obrera y contra las libertades democráticas».

En el comunicado se advierte que este “procedimiento ilegal se constituye en un secuestro de Rubén González, que lo coloca en total indefensión frente a los organismos de seguridad del Estado, creando incertidumbre sobre su paradero e integridad física”.

Como ya sabe la opinión pública, Rubén González, secretario general del sindicato de Ferrominera Orinoco, se encuentra detenido desde hace 4 meses por dirigir una huelga en dicha empresa, exigiendo una serie de reivindicaciones incumplidas por la estatal minera, y actualmente, se encontraba cumpliendo la detención en su casa de Ciudad Piar.

El pasado miércoles 20 de enero, en horas de la noche, en un giro sorpresivo de su caso, González fue trasladado de su hogar por una comisión del Cicpc hasta la sede de este organismo en San Félix, sin una orden del Tribunal Tercero de Control a cargo de la jueza Cucú Quintana, quien lleva el caso.

Posteriormente, y en medio de una gran confusión, se supo que la jueza Quintana fue destituida el jueves en la media noche, ya que esta se habría negado a firmar la autorización para el traslado del dirigente sindical, así como a su eventual traslado a la cárcel de Vista Hermosa, donde la vida de González correría serio peligro, por tratarse de un centro penitenciario de alta peligrosidad. Por otra parte, se pudo conocer, que ante la destitución de Quintana, se habría procedido a autorizar su traslado apelando a un juez del Trabajo, procedimiento absolutamente ilegal.

Por otra parte, se conoció que el traslado se llevó a cabo con el argumento de que Rubén González no estaba cumpliendo con el arresto domiciliario, y que además se le habrían encontrado armas y drogas en su casa. Actualmente González está detenido en la sede de Patrulleros del Caroní.

Ante esta situación, la USI en el comunicado emitido repudia “el expediente mediante el cual ahora los órganos de seguridad del Estado, por órdenes superiores, y violando todos los procedimientos legales del mismo orden burgués, pretende sembrar drogas y armas a un dirigente sindical por el simple hecho de defender los intereses de los trabajadores mediante el recurso histórico de la clase obrera, como lo es la huelga. Este procedimiento autoritario, de claro corte stalinista, es una muestra más de la criminalización de la protesta obrera y popular que aúpa el actual gobierno, a través de los distintas instituciones del Estado burgués, con el aval y el aplauso de la burocracia sindical roja, rojita, arrodillada al patrón-gobierno”.

Y agrega en el comunicado, “con Rubén González se quiere cometer el mismo atropello perpetrado contra Sabino Romero, dirigente indígena yukpa, herido, secuestrado y vilipendiado por el gobierno, por el hecho de defender consecuentemente el derecho a la tierra. Esta persecución hoy se lleva a cabo contra más de 200 dirigentes sindicales a los que se les han aplicado medidas cautelares, como es el caso de Germán Cortés, dirigente sindical petrolero de la Costa Oriental del Lago, quien hoy es perseguido y acosado por la Disip, así como cientos de luchadores populares, campesinos y estudiantiles”.

El comunicado finaliza llamando “a todas las organizaciones obreras, comunitarias, estudiantiles, democráticas y de derechos humanos, a movilizarse para exigir la inmediata liberación de Rubén González, así como a repudiar el expediente gansteril y stalinista de sembrarle drogas y armas, exponiendo al escarnio público a un honesto luchador obrero, y tratando de convertir su persecución política y sindical en un simple delito común”.

El documento en respaldo a Rubén González es suscrito por Orlando Chirino, Emilio Bastidas, Armando Guerra, José Bodas, Miguel Angel Hernández y Simón Rodríguez Porras, a nombre de la dirección de la USI.