¡Otra vez sangre de pobres en los caminos de Bolivia!

¡Otra vez sangre de pobres regó los caminos de Bolivia! Y por responsabilidad principal del gobierno del MAS. Los llamados “cooperativistas” mineros, dirigidos por un pequeño sector de millonarios, dicen estar en contra de la ley minera que aprobó la Cámara de Diputados. Pero no fueron los millonarios dueños de las cooperativas los muertos y heridos, sino peones y pequeños cooperativistas, además de los policías. ¿Acaso alguno de los bandos enfrentados defendía los recursos naturales para Bolivia?
Esa ley minera fue discutida por el gobierno con dichos empresarios “cooperativistas” y con las transnacionales Sumitomo (San Cristobal), Orvana-Sánchez de Lozada (Paititi), Inti Raymi, Glencore (Sinchi wayra), Minera Caliza Santa Cruz y Rio Tinto Mining y que manejan casi 400 concesiones y contratos en 480 mil hectáreas . Ellos fueron los que hicieron la ley y ahora dicen que no quieren “que se toque ni una coma” de lo que hicieron. Lo mismo dijo Evo dándoles la razón. Pero se cambió un “detalle” que supuestamente provocó el conflicto. Dos artículos que dicen que las cooperativas no podrán negociar sociedades con transnacionales en las áreas enormes que le está cediendo el gobierno, sin autorización del Parlamento. Es decir, ambas partes están de acuerdo en entregar gran parte del país a la voracidad de las transnacionales.

¿Acaso es este el conflicto principal? Ciertamente no es así. Fue la CONAMAQ (Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qolasuyo) auténtica la primera organización que salió con valentía a denunciar que el proyecto de ley había sido inconsulta, y que además es “antinacional y antiindígena”. Por eso su sede fue intervenida por el gobierno con un grupo de masistas.
La ley, con el cambio que introdujo diputados, o “sin quitarle una coma”, como quieren los empresarios de Cooperativas, es igualmente entreguista y proimperialista. Un reciente estudio del CEDIB indica que el año pasado la minería produjo 3000 millones de dólares y sólo dejó 161 millones de dólares al Estado como regalías, mientras que la parte de impuesto la burlan con “reintegros”. Además la cantidad de mineral que se llevan, al no haber industrialización, no se controla. Se llevan piedras de San Cristóbal por ejemplo y gran parte de los minerales valiosos que tienen esas piedras no es declarado. Es decir que eso no declarado no paga nada, ni galías ni impuestos. Es regalado para transnacionales.

¿Cambiará con la ley esa situación? De ninguna manera. La ley está hecha para consolidar esa situación y darle lo que ellos laman “seguridad jurídica”, es decir que nadie pueda cuestionarlos de que sigan saqueando Bolivia, de que puedan usar y envenenar libremente el agua, de que puedan incluso pedir expropiación de tierras campesinas para poder explotar la minería, además pretende anular el derecho de consulta. Es decir la ley entierra la lucha histórica indígena campesina por tierra y territorio. Ahora con esa ley toda Bolivia es de las transnacionales y sus socios los empresarios cooperativistas que prácticamente no pagan impuestos ni regalías. Y quien proteste irá preso, también eso dice la ley.

Esto perjudicará en primer lugar a los pequeños campesinos e indígenas que producen los alimentos del pueblo, ya que les quitarán su agua y hasta su tierra. Perjudicará también a todos los bolivianos porque disminuirá la producción de alimentos que se encarecerán porque habrá que importarlos. Perujudicará a los trabajadores mineros asalariados porque la ley favorece a las grandes empresas cooperativas que emplean mano de obra sin reconocer sus derechos, ni siquiera su derecho a la sindicalización.

Por eso el programa de nuestro partido, el Partido de los Trabajadores, llama a luchar por la “Nacionalización de las transnacionales mineras sin indemnización y planificada con los sindicatos, garantizando la estabilidad laboral, respeto a las categorías salariales, conquistas sociales y continuidad ininterrumpida de los trabajadores… transformación de las cooperativas mineras en empresas estatales para el beneficio del interés nacional”. Esta es la única forma de terminar con el saqueo minero y, a la vez, respetar la tierra y territorio de campesinos e indígenas amenazada por la voracidad de ganancia de transnacionales y grandes empresas cooperativas.

Repudiamos a Trujillo, Montes y a todos los dirigentes sindicales que, en esta situación dramática, una vez más se alinean a favor del gobierno ocultando los efectos desastrosos de esta ley. Llamamos a los trabajadores, campesinos, indígenas, pueblo pobre de las ciudades, a unirnos contra esta nueva fase del saqueo, como lo hicimos en las grandes marchas campesinas e indígenas de la década del noventa por tierra y territorio, en la guerra del agua en Cochabamba, en la guerra del gas en el 2003, en las marchas en defensa del Tipnis, para luchar por expropiar y expulsar a las transnacionales.

Llamamos en ese camino a unirnos a los regantes de Oruro y a la CONAMAQ que llaman a la lucha frontal contra la aprobación de esta ley y contra su aplicación, si la aprueban.

• Gualberto Arenas, secretario general del Partido de los Trabajadores