¿A quién sirve el TSJ?

Sin necesidad de tener conocimientos jurídicos, todos sabemos que un reglamento que contraviene la ley es ilegal. El CU aprobó un reglamento electoral que contraviene la Ley de Universidades y el TSJ convalidó ese desacierto, lo cual también implica una violación de la Ley de Universidades.

Pero, además, las decisiones del TSJ favorecieron arbitrariamente a la oposición y causaron graves daños a la institución y a los profesores que en ella laboran por el precedente que han creado (1).

Entre sus normas, la Ley establece que, para ser autoridad universitaria, se debe ser doctor. Pero, haciendo caso omiso de esta exigencia de la ley, el TSJ permitió que profesores que carecen del título de doctor accedan a cargos del equipo rectoral de la ULA. Eso es lo que ocurrió en la elección de autoridades rectorales para el período 2004-2008 (2), y esto es lo que ha ocurrido nuevamente en las últimas elecciones.

Además de eliminar el requisito del doctorado para los aspirantes a cargos rectorales, el reglamento electoral de la ULA contraviene la Ley de Universidades en otros aspectos, como el de la modificación de la forma como se deben computar los votos estudiantiles lo que está expresamente prohibido por dicha ley (3).

Con el mismo reglamento electoral fue elegido secretario de la ULA para el periodo 2008-2012 un profesor que carece de doctorado, y un rector y un vicerrector administrativo cuyos doctorados, logrados por correspondencia, no cumplen con los requisitos establecidos por el CNU. El flamante secretario, de quien se afirma que aspira a ser el próximo rector, no tendrá que molestarse en obtener un doctorado, ni siquiera uno chimbo. Pues, al paso que vamos, podría concluirse que la exigencia de que las autoridades rectorales posean el título de doctor ha sido definitivamente relegada al olvido.

Los hechos

En vista de la falla institucional que involucra el último reglamento de elecciones, los doctores Jorge Dávila y Miguel Delgado procedieron a impugnarlo, ni bien fue aprobado por el CU, con el objetivo de impedir su aplicación en las futuras elecciones de autoridades de la Universidad. Luego de impugnarlo en el ámbito académico y efectuar algunos trámites preliminares, estos profesores de la ULA presentaron formalmente su demanda de nulidad del reglamento ante la Sala Electoral del TSJ el 28.06.2004. En su escrito de demanda señalan varios aspectos entre los cuales destacan: la exigencia de poseer título de doctor para optar a un cargo de autoridad rectoral, la conformación del claustro con representantes estudiantiles, la exigencia de ser alumno regular para pertenecer al claustro y ser electo, y la conformación de la comisión electoral con un alumno regular como representante estudiantil.

La Sala Electoral designó como ponente al Dr. Luís Martínez Hernández. En este punto cabe recordar que, hace unos años, cuando Léster Rodríguez era secretario de la ULA, este (actual) magistrado había sido designado apoderado de la ULA ante la Sala Político Administrativa de la Corte Suprema de Justicia. El Dr. Luís Martínez Hernández había tenido una relación contractual con la ULA y, más aún, su conexión era en relación directa con el entonces secretario, Ing. Léster Rodríguez (quien, al postularse para Rector, era obviamente parte interesada en la cuestión). Por lo tanto, el abogado Luís Martínez debería haberse inhibido, pero cometiendo una grave falta disciplinaria no lo hizo, y, en pago de ese favor, el 14 julio de 2005 presentó una ponencia (etiquetada con el Nº 85) contraria a la demanda en todos los temas impugnados por los doctores Dávila y Delgado (4). Por negligencia o por complicidad, la Sala Electoral aprobó dicha ponencia y esto permitió a Léster (quien no es doctor como requiere la Ley) ser electo rector (5).

Posteriormente tuvo lugar la elección de decanos de las facultades. Nuevamente los doctores Dávila y Delgado demandaron la nulidad del reglamento, agregando la ilegalidad de la re-elección, pero en diciembre de 2005 la sala Electoral rechazó la demanda amparándose en su decisión previa.

Considerando la ilegalidad del rechazo de la impugnación del reglamento electoral, el 27.09.2005 los demandantes solicitaron revisión de la sentencia ante la Sala Constitucional. Fue designado ponente el Dr. Jesús Eduardo Cabrera Romero, magistrado que no realizó ninguna actividad relacionada con la demanda hasta que decidió jubilarse. Por su parte, el 06.01.06 los demandantes solicitaron audiencia al Presidente del TSJ (Omar Mora), a la Presidenta de la Sala Constitucional (Luisa Morales) y al Vicepresidente de dicha Sala (Jesús Cabrera). Una carta con el mismo contenido fue enviada al Fiscal General, después que los demandantes intervinieron en su programa radial vía telefónica el 07.03.06. Estas solicitudes no fueron respondidas.

Luego de que el Presidente del TSJ afirmara que “los magistrados tienen el deber de atender y responder sin dilación las solicitudes de los ciudadanos”, el 26.01.06 los demandantes le solicitaron nuevamente una audiencia vía correo electrónico. La audiencia fue otorgada para el 13.02.06, pero unos días antes esa cita fue cancelada pues la Magistrada Morales pasaba a ocupar la presidencia del TSJ.

En febrero de 2007 los demandantes solicitaron formalmente ante la Sala celeridad procesal y una audiencia con la Presidenta del TSJ. Por otra parte, en vista de la jubilación del Magistrado Cabrera, el 08.05.08 (habían transcurrido tres años) la ponencia fue reasignada a la Magistrada Dra. Luisa Estella Morales Lamuño, Presidenta de la Sala Constitucional. Ese mismo mes los demandantes insistieron vía fax, telefónica y a través del correo electrónico con su petición de audiencia. Su insistencia parecía haber rendido frutos y el 02.06.08 les notificaron que les habían acordado una cita para el día 6 de junio. Pero un día antes les comunicaron que dicha audiencia quedaba suspendida hasta una nueva fecha que se les comunicaría posteriormente.

En cambio, unos días después, el 13.06.2008 la presidenta de la Sala Constitucional, para sacarse un caso de encima y mejorar los números estadísticos, denegó justicia al proponer decidir la perención (esto es, archivar el trámite sin entrar en el fondo del recurso de revisión), aduciendo que había transcurrido un año desde la última vez que hubo alguna actuación en el expediente. La Sala aprobó dicha ponencia.

Es sin embargo evidente que el caso no había sido abandonado por los demandantes. Como el recurso de revisión no tiene ni siquiera un procedimiento previsto, lo único que tenía que hacer la Sala era considerar el fondo de la cuestión y dictar sentencia. A los demandantes no les correspondía hacer nada más.

El verdadero descuido es el de la Sala, que no cumplió con su deber de tomar una decisión oportuna. Entre tanto, dictó sentencia sobre muchísimos casos introducidos después del recurso solicitado por los doctores Dávila y Delgado; basta con revisar los datos que el TSJ publica en la red para comprobarlo. Por lo tanto, la Sala tampoco puede ampararse en el «exceso de causas»; su dilación es un caso de dilación indebida y su decisión de dar por extinguido el procedimiento no está justificada.

Algunas opiniones

Hay quien dice que en el TSJ hay varios abogados graduados en la Universidad Santa María y en cuya selección influyó Luís Velásquez Alvaray, que si bien se visten con ropa de magistrado están a la caza de aquél que se descuide para decidir la perención y así quitarse casos de encima. Esto es particularmente grave en el caso de una magistrada que ha repetido una y otra vez (¿con cinismo e hipocresía?) que la Sala está al día con los casos, cuando en realidad los engaveta mientras los interesados, sobre todo si viven en provincia y sólo están movidos por el interés general, se quedan esperando que la Sala cumpla con su deber de hacer justicia.

Los detalles revelan que la ponente obró de mala fe, y esta denegación de justicia demuestra que la Sala no actuó con la «rectitud procedimental» que se exige a todos los jueces y con mayor razón a tan alto organismo. Para nada tuvo en cuenta que quien estaba en mora con la justicia, desde hacía muchísimo tiempo, era la propia Sala, pues debería haber decidido oportunamente un recurso de revisión introducido en septiembre de 2005. La decisión de la Sala, que parece una burla, es un acto de irrespeto e injusticia que irresponsablemente posibilita que otros profesores, preocupados más por hacer política de oposición que por la academia, puedan llegar a ocupar los máximos cargos de conducción de la universidad. Cabe responsabilizar a estos magistrados insensatos (¿u opositores?) de los graves acontecimientos referidos en este escrito; de los ya ocurridos y de los que lamentablemente seguirán ocurriendo en la Universidad de Los Andes.

(1) De más está decir que los profesores bolivarianos de Mérida no pretendemos que el TSJ tome medidas arbitrarias que favorezcan nuestras demandas. Sólo pedimos que no se haga lo contrario favoreciendo con arbitrariedades a la oposición.

(2) Además de no tener el título de doctor, el Ing. Léster Rodríguez, rector saliente de la ULA, utilizó su cargo y sus prerrogativas financieras para recorrer reiteradamente el estado, promocionándose como candidato de la oposición a gobernador; cobró a la ULA sin trabajar como Rector durante año y medio. Entre las actividades que promovió para publicitar su candidatura, está el apoyo que le brindó al “Gran Trancazo” convocado por el M-13, el sector estudiantil más violento que haya hecho vida en la ULA. El M-13 mantuvo bajo perfil desde que Nixon Moreno huyó de la orden de captura librada por la justicia escondiéndose en la Nunciatura, a donde (como se recordará) se desplazó Léster Rodríguez para regalarle un título de politólogo, ordenando además el pago del traslado y viáticos a más de 100 estudiantes del Movimiento 13 para que fueran a Caracas a celebrar el grado de Moreno. Justo antes del receso docente, y azuzado por Léster Rodríguez, el M-13 volvió a las andadas. Sus huestes salieron a las calles de Mérida el 9 de julio, creando el caos. El 10 los enfrentamientos produjeron varios heridos de gravedad (uno de ellos falleció pocos días después) y posteriormente siguió aumentando la lista de heridos y muchos negocios fueron saqueados. Los disturbios mantuvieron en jaque a la ciudad durante 10 días y contagiaron a otras ciudades universitarias. También debe recordarse que cuando a Luís Velásquez Alvaray fue depuesto como magistrado, Léster le otorgó el beneficio de la jubilación.

(3) La forma de computar los votos que establece el reglamento electoral, contraviniendo la Ley, ha permitido a la Comisión Electoral, presidida desde hace años por un dirigente de AD, adjudicar el vicerrectorado académico a un profesor que antepone lo político a la academia, como lo hizo notar el mismísimo “ganador” en el acto de su proclamación que se llevó a cabo en el local de AD. El flamante vicerrector pronunció un discurso que incluyó afirmaciones como: “amigos de Acción Democrática, hoy comienza para nosotros una nueva etapa en un proceso de lucha que continúa. Ahora nos tienen en una nueva trinchera bien importante como es la dirección de una institución de gran trascendencia e importancia en el país, como es la Universidad de Los Andes. Sirva la ocasión para ratificar de nuestra parte, y en la mía en particular, mi compromiso por continuar los principios fundamentales de la democracia y de la Universidad. ..” Frontera, 18.06.08. Y, sin embargo, de acuerdo con lo establecido por la Ley, el triunfo le corresponde a la ex decana de la Facultad de Ciencias, quien estuvo a cargo de ese decanato durante dos periodos consecutivos, tiempo en el cual dio muestras sobradas de que antepone los intereses de la academia a los políticos.

(4) En un mensaje difundido hace varios años, un profesor denunció que el Rector Léster Rodríguez, preocupado por la demanda de los profesores Dávila y Delgado, se reunió con Luís Velásquez Alvaray; y que éste le habría dicho que el problema se arreglaba fácilmente con Bs. 80.000.000,00. Los profesores Dávila y Delgado actuaron con total honestidad y no intentaron siquiera ejercer un tráfico de influencias (El Dr. Delgado fue Representante del Ministro en el CU). Por el contrario, Léster Rodríguez no tuvo empacho en recurrir nada menos que a Luís Velásquez Alvaray para obtener una sentencia favorable.

(5) El vínculo de Luís Martínez Hernández con Léster Rodríguez es y ha sido de tal magnitud que Léster, siendo Rector, dispuso, en pago de los favores recibidos, el bautizo en el Salón Rojo del Rectorado, de unos libros (según los que los han leído, pirateados) que dicen ser de autoría de Martínez Hernández.