Pérdidas de Invepal ascendieron a BsF 72 millones

El presidente de la cooperativa Covinpa de la Industria Venezolana Endógena del Papel (Invepal), Ramón Lagardera, alertó que la empresa arrastra pérdidas de 72 millones de bolívares fuertes.

La papelera, cuyas operaciones se iniciaron en el año 2005, no ha logrado generar utilidades hasta los momentos, pese a que representantes del Ejecutivo indicaron en su momento que la industria comenzaría a registrar ganancias tres años después de su arranque.

Hoy se realizará una asamblea extraordinaria en Invepal en la que se espera aprobar los ejercicios económicos de 2005 hasta 2008.

Pero Lagardera acusó a la directiva de la industria, cuya mayoría accionaria está en manos del Estado, de irregularidades como la pérdida de 2,8 millones de bolívares fuertes que fueron aprobados para inyectarle capital a la papelera, pero que fue usado para otros fines. No obstante, Lagardera destacó que no existen soportes legales que demuestren en qué se gastaron los recursos.

Resaltó que el presidente encargado de Invepal, Francisco Buyón Espinoza, ha negado a la cooperativa la transferencia de 6,4 millones de bolívares fuertes para cancelar préstamos con la banca.

«Es un delito que uno tenga una sociedad y que tu socio mayoritario te deje como la guayabera», dijo Lagardera.

El representante de la cooperativa dijo que por estas irregularidades en la papelera no validarán la asamblea extraordinaria que se realizará hoy.

La empresa también ha registrado dificultades con el acceso a la materia prima. Indicó que Invepal dejó de operar por cuatro meses debido a esta situación.

Según los números que maneja, hasta febrero la papelera produjo 20% de la meta de 30.000 toneladas prevista para este año.

Otro punto planteado en la asamblea extraordinaria es la definición de las remuneraciones de los directivos. Lagardera consideró que esto es ilegal porque la directiva de la empresa está compuesta por representantes del Gobierno. Los estatutos legales indican que la presidenta de Invepal es la ministra del Trabajo María Cristina Iglesias.