Denuncian represión judicial selectiva

Esperanza Hermida, coordinadora de exigibilidad del Provea, considera que la detención de 10 sindicalistas petroleros ocurrida el lunes y su inmediato enjuiciamiento penal corresponden a un aumento de la represión militar y judicial de las protestas por motivos laborales, pero en forma selectiva: la severidad se aplica a los disidentes del gobierno.

José Bodas, secretario general de la Federación Unitaria de Trabajadores del Petróleo de Venezuela; Endy Torres, William Párica, Omar Párica, Moisés Párica, José Ugarte, Wladimir Carvajal, Emiro Millá y otros dos sindicalistas fueron detenidos el lunes por protestar contra el retraso en la discusión de la convención colectiva.

Ayer fueron puestos a las órdenes de tribunales y serán juzgados en libertad por la presunta comisión del delito de violación de zona de seguridad.

Hermida recordó que Bodas y la mayoría de los detenidos son integrantes de la Corriente Clasista Unitaria Revolucionaria Autónoma (C-CURA), movimiento no oficialista dentro de la FUTPV. A C-CURA pertenecía Iván Freites, sindicalista petrolero de Falcón, quien denunció fallas de mantenimiento antes de la explosión de la refinería de Amuay, ocurrida en 2012, y luego fue despedido.

“Hay tres elementos comunes en todas acciones en el ámbito sindical: los afectados son disidentes del chavismo, se emplea a los militares para reprimir y se usa la justicia penal para intentar detener las exigencias de reivindicaciones laborales”, afirmó Hermida.