Embajador colombiano en Perú renuncia debido a juicio por paramilitarismo

El embajador de Colombia en Perú, Jorge Visbal Martelo, renunció a su cargo el miércoles, luego de que la Fiscalía de su país ordenara su captura por su conexión con los grupos paramilitares de ultraderecha. Visbal es un ganadero y terrateniente, y entre 1998 y 2004 fue presidente de la ultrarreaccionaria Federación Nacional de Ganaderos.

El embajador de Colombia en Perú, Jorge Visbal Martelo, renunció a su cargo el miércoles, luego de que la Fiscalía de su país ordenara su captura por su conexión con los grupos paramilitares de ultraderecha. Visbal es un ganadero y terrateniente, y entre 1998 y 2004 fue presidente de la ultrarreaccionaria Federación Nacional de Ganaderos.

El diplomático es acusado del delito de concierto para delinquir agravado, o la asociación de dos o más personas para cometer un número indeterminado de crímenes, indicó la Fiscalía en un comunicado de prensa en su página de internet. La pena mínima por ese delito es de tres años de prisión.

El gobierno de Santos se ha negado a comentar el caso.

La fiscal Deicy Jaramillo, encargada de escuchar los testimonios de paramilitares desmovilizados, ha explicado que hace aproximadamente dos años el desmovilizado paramilitar John Jairo Hernández, alias «Daniel Centella», declaró que Visbal se habría reunido con el jefe paramilitar Rodrigo Tovar para gestionar apoyo de esos grupos ilegales para la campaña reeleccionista de 2006 del entonces presidente Alvaro Uribe (2002-2010).

Visbal, que también fue embajador de Colombia en Canadá y congresista entre 2006 y 2010, fue igualmente mencionado en declaraciones por los ex cabecillas paramilitares Iván Roberto Duque, alias «Ernesto Báez», y Salvatore Mancuso.

«Daniel Centella» se encuentra recluido en una cárcel de la ciudad de Barranquilla, a unos 700 kilómetros al norte de Bogotá; «Báez» en una prisión de Itagüí, 250 kilómetros al noroeste de la capital colombiana, y Tovar y Mancuso fueron extraditados en mayo de 2008 a Estados Unidos bajo cargos de narcotráfico.

Desde finales de 2006 más de 60 congresistas han sido enviados a prisión por orden de la Corte Suprema y la Fiscalía por los pactos políticos que hicieron con las bandas paramilitares.

Casi todos esos políticos son o fueron afectos a la administración del ex presidente Uribe, uno de los principales promotores del paramilitarismo en Colombia.

En el mismo comunicado del miércoles, la Fiscalía también anunció que pidió a un tribunal de Bogotá una audiencia para imputar cargos en contra de un general en retiro del Ejército, Lelio Suárez Tocarruncho, por una falsa desmovilización de guerrilleros en 2006.

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