Reclaman homologación definitiva de contrato de Ferrominera Orinoco

Lunes, 22 de marzo de 2010. Una fracción sindical de Ferrominera Orinoco, la que representa a los técnicos y profesionales, reiteró su denuncia sobre las demoras en la homologación de la contratación colectiva, lo que a juicio de los dirigentes demuestra que la aprobación del proyecto fue realizada por “presiones políticas” sin el debido soporte financiero.

Directivos del sindicato de técnicos y profesionales de FMO informaron sobre irregularidades en el proceso de negociación colectiva

Dirigentes del Sindicato de Empleados Técnicos y Profesionales de Ferrominera Orinoco (Sinprotrafesi) aseguraron que desde mayo de 2009 se conocía que la empresa no contaba con los recursos para homologar la contratación colectiva, la cual fue aprobada por estas fechas el año pasado.

«El presidente de Ferrominera, Radwan Sabbagh, le mintió a los trabajadores porque él sabía que no tenían los recursos para homologar el contrato colectivo, desde mayo de 2009. Luego dio explicaciones que lo hizo por presiones políticas», dijo Benjamín Moreno, presidente de la organización sindical.

Moreno atribuyó las demoras a «maniobras políticas» entre factores de poder que controlan al sindicato de nómina diaria (Sintraferrominera) y a presiones hacia la presidencia y gerencias de la empresa férrica.

Para intentar buscar una solución que provenga de instancias superiores, Benjamín Moreno de Sinprotrafesi informó que reportarán el supuesto «engaño» del cual fue víctima el presidente de la República , a quien se le hizo pensar que los recursos estaban disponibles.

El dirigente sindical presentó la situación de 2.700 trabajadores que tienen contratos individuales, quienes desde hace tres años no reciben aumento salarial. Por este concepto reclaman a la empresa el incremento de Bs.F. 15 diarios a los ingresos percibidos.

Habrían irregularidades en el funcionamiento de la caja de ahorros de la empresa. Moreno sostiene que dirigentes sindicales han exigido el pago de hasta un Bs.F. 1.000 para tramitarles a los trabajadores la cancelación de los fondos ahorrados en esta cuenta.

Con frecuencia irregular, reportó Moreno, son suministrados los materiales e indumentaria que garantizan la seguridad e higiene en las condiciones de trabajo. El dirigente sindical contrastó las carencias de los trabajadores con la compra de «vehículos último modelo» que a su conocimiento han hecho empleados de la nómina gerencial.

Honorarios multimillonarios

Al expediente de incumplimientos de los beneficios laborales, Moreno informó sobre supuestos pagos multimillonarios que se emplearon en el pago de servicios legales, empleados en la discusión del contrato colectivo.

Alrededor de 700 millones de Bs.F. (7.000 mil de los antiguos) la empresa erogó para el pago de los abogados que asesoraron al sindicato Sintraferrominera, en las discusiones del contrato colectivo, a mediados del año pasado. El hecho de que haya sido la compañía y no el sindicato quien corriera con los gastos de representación legal, es una irregularidad, afirmó Moreno.

Hubo muestras de apoyo a Rubén González, secretario general de Sintraferrominera, de parte de los directivos de Sinprotrafesi. Para Moreno la situación de González, se asemeja a la del «chino de Recadi». Porque en los eventos que causaron el apresamiento del líder sindical, también participaron miembros de la directiva del sindicato de nómina diaria de Ferrominera Orinoco, pero sólo a González se le detuvo y es sometido a un proceso penal.

Moreno, quien también es candidato en las primarias del Partido Socialista Unido de Venezuela, le lanzó un mensaje a todos los aspirantes al apoyo de la tolda socialista: «No sé cómo van a sacar votos en Ferrominera si no nos ponemos al lado de los trabajadores para buscarle solución a las injusticias que están sufriendo», afirmó el dirigente sindical.

Planes de vivienda no arrancan

Emil Ramírez, integrante del colectivo de trabajadores que se acogió a los planes de viviendas que les ofreció desarrollar Ferrominera Orinoco, reportó que a tres años de la oferta todavía no se ha iniciado ni el movimiento de tierras, pero sí le han descontado en promedio 80 mil bolívares fuertes para financiar el desarrollo habitacional, que hasta el momento es inexistente.

A este plan de vivienda, que la empresa se comprometió a contratar directamente con empresas contratistas, se acogieron alrededor de 1.000 trabajadores en la sede de Puerto Ordaz, alrededor de 550 en la sede Palúa y 680 que laboran en el municipio Angostura.

«Tengo 23 años sin vivienda y estoy exigiendo que se cumpla esta cláusula del contrato colectivo», dijo Roger Rengel, también integrante del grupo de ferromineros que espera una solución habitacional.

Las acciones para lograr una respuesta de la empresa a todo el colectivo, consistirán en una asamblea en terrenos en la parte posterior de la urbanización Campo C, propiedad de Ferrominera y donde les prometieron construirles viviendas. Estos encuentros empezaron a realizarse este domingo, y lo repetirán el próximo 28 de marzo en el mismo lugar.

«No sé cómo van a sacar votos en Ferrominera si no nos ponemos al lado de los trabajadores para buscarle solución a las injusticias que están sufriendo», afirmó Benjamín Moreno, aspirante a diputado por el PSUV