Uribe avanza en su aspiración de reelegirse por segunda vez

En una maniobra desesperada, el gobierno emitió un decreto, minutos antes de la medianoche del martes, llamando a sesiones extraordinarias por menos de un día, para de esta manera evitar que el proyecto reeleccionista dejara de ser discutido este año. Los trabajos legislativos deben, constitucionalmente, culminar el 16 de diciembre. Unas sesiones extraordinarias solo pueden ser convocadas «cuando el Congreso está en receso, y el decreto se expidió el 16 de diciembre, día en el que se sesiona ordinariamente», advirtió el representante Carlos Piedrahíta, del PLC. Queda pendiente la discusión del proyecto en el Senado, a realizarse en marzo de 2009.

Uribe impulsó una reforma constitucional en 2005 para permitir la reelección, que no estaba contemplada en la Carta Magna, con lo que consiguió un segundo mandato de cuatro años en las elecciones del 2006.
En el año en curso, se destapó el escándalo de la «Yidispolítica», durante el proceso judicial contra la ex diputada Yidis Medina, quien reveló que el gobierno de Uribe apeló a sobornos para pasar la propuesta de la reelección en la Cámara de Diputados.

Las leyes colombianas contemplan que para que el referéndum sea válido debe votar 25% del electorado de 28 millones de colombianos, o sea siete millones de electores.

Existen fuertes cuestionamientos en torno al financiamiento de la iniciativa del referendo para modificar la Constitución y permitir una segunda reelección de Uribe. Dirigentes políticos opositores a Uribe han especulado en torno al vínculo entre el negocio ilícito de las pirámides, en el que participó el hijo de Uribe, o los fondos de ayuda internacional a Colombia, y dicho financiamiento. Voceros del gobierno y de la organización que promovió formalmente la reelección, se han negado a revelar la fuente del financiamiento de la iniciativa.

Luis Guillermo Giraldo, vocero de Primero Colombia, la organización que recogió las firmas en apoyo a la reelección, declaró a la revista «Semana» que los gastos del referendo serían de unos 180 millones de pesos. Sin embargo, estas cifras no concuerdan con los pagos a las empresas contratadas para recoger las firmas. Según esa publicación, la recolección de firmas tuvo que costar alrededor de 2.000 millones de pesos.

Una de las personalidades que dirige Primero Colombia es el ex ministro Luis Fernando Jaramillo, hoy presidente del Grupo Odinsa. Este último es el mayor conglomerado de constructores del país y que percibe la mayor parte de sus ingresos de cuantiosas contratos de concesión con el Estado.