¡Si hay plata para salarios y pensiones! Hay que sacarla de los bolsillos de corruptos, empresarios y transnacionales

Por Partido Socialismo y Libertad (PSL)

El 30 de abril las trabajadoras y trabajadores venezolanos recibimos un balde de agua fría. El tan esperado aumento salarial no se concretó, por el contrario, la presidenta encargada Delcy Rodríguez se limitó a anunciar un miserable aumento del bono de guerra económica de $50, es decir, 1,66 dólares diarios, y un incremento de 11 dólares mensuales del bono para los pensionados.

Estos anuncios fueron precedidos de brutal ofensiva de los empresarios y sus economistas, que en los distintos medios se dedicaron a “explicar” la supuesta imposibilidad de aumentar los salarios, y chantajear diciendo que solo con una reforma de la LOTTT se pueden incrementar los salarios.

Las expectativas de un eventual aumento de los salarios fueron potenciadas por las noticias que daban cuenta de acuerdos económicos suscritos por el gobierno con transnacionales. Desde marzo se han firmado acuerdos con empresas petroleras como las norteamericanas Chevron, Hunt Overseas Oil Company, Crossover Energy; la británica Shell, y la italiana ENI, así como acuerdos mineros con Heeney Capital, de Estados Unidos, en asociación con la suiza Mercuria Energy Group.

Con el anuncio del pasado 30 de abril, se ratificó la política de bonificación salarial acordada con los empresarios. Se da una nueva vuelta de tuerca de la liquidación en la práctica del carácter retroactivo de las prestaciones sociales, al mantenerse la misma base de cálculo después de más de 4 años sin aumento de los salarios.

Para legalizar la entrega de las prestaciones y avanzar en la desregularización de las relaciones laborales, empresarios, burócratas sindicales y el gobierno, se preparan para avanzar en una reforma de la LOTTT, enmascarada con el pomposo nombre de “constituyente laboral”.

La razón de la alta inflación no está en el aumento de salarios

En una reciente entrevista, el ministro del Trabajo, Carlos Alexis Castillo, justificó seguir con la bonificación salarial con el falso argumento según el cual, incrementar los salarios genera inflación. En ese sentido afirmó: “En estos momentos no podemos aumentar salario…y no podemos aumentar salario porque aumentar salarios, significa que se nos dispara la inflación y en consecuencia ese salario va a ser un salario falso, un aumento inflacionario”.

¿Se nos dispara la inflación? ¡Pero si tenemos más de 4 años sin aumento de los salarios y la inflación no ha dejado de crecer! Según cifras oficiales, el año pasado ¡la inflación fue de 475,28% y la anualizada de abril 2025 a abril 2026 fue de 611,9%!

El ministro agregó que estamos en “una situación de crisis, una situación anormal”, atribuyéndola exclusivamente a las sanciones imperialistas, las cuales desde el PSL hemos denunciado y repudiado. Olvida olímpicamente la voraz corrupción de los funcionarios de su propio gobierno, muchas veces en acuerdo con el empresariado. Además de que los altos funcionarios disfrutan de camionetas y vehículos lujosos, y perciben elevados salarios y jugosas bonificaciones, las cuales contrastan con los salarios de hambre de las trabajadoras y trabajadores de la administración pública.

La crisis: no solo las sanciones, también la corrupción 

¡No ministro! La catástrofe sufrida por el pueblo venezolano a lo largo de casi 15 años no está determinada exclusivamente por las sanciones. Las sanciones financieras datan de 2017 y las aplicadas al petróleo son de 2019. La tragedia social en Venezuela comenzó mucho antes de las sanciones, estas lo que hicieron fue agravar el desastre ya en curso. Desastre que tiene su origen en la crisis del capitalismo global, en la corrupción desenfrenada, y en el duro ajuste aplicado por el gobierno para beneficio del Estado y los empresarios.

Después de años robando y dilapidando los recursos del país, ahora nos vienen con el cuento de que no hay plata, que aumentar los salarios es inflacionario, que hay que ser “responsables”. ¡Que desfachatez!

Todos los estudios independientes aseguran que en la última década la corrupción gubernamental alcanzo aproximadamente 300.000 millones de dólares. Solo en el caso Pdvsa-Crypto, Tarek El Aissami y sus compinches se robaron unos 23 mil millones. Francisco Illaramendi se robó más de 300 millones del fondo de pensiones de Pdvsa. Otro escándalo fue el del caso Odebrecht. Venezuela fue el país donde la constructora brasileña pagó más sobornos y donde los sobrecostos fueron más altos El monto en sobrecostos y obras inconclusas fue de más de 29.000 millones de dólares y 98 millones en sobornos directos. El caso de Alex Saab y el Clap, donde se estima que el desfalco ascendió a 350 millones de dólares, el caso de Money Flight y el lavado de dinero en Pdvsa por los “bolichicos” que llegó a unos 1.200 millones; el de Alejandro Andrade, extesorero de Chávez, que se estima en 1.000 millones de dólares. Esto apenas es una pequeña muestra de la desenfrenada corrupción de los últimos años.

Sin duda hay plata en el país y es posible aumentar sustancialmente los salarios. Pero eso solo es posible si se invierte la ecuación y se deja de beneficiar al empresariado, (en los primeros cuatro meses del año las empresas han recibido a través de la banca unos 4.000 millones dólares) y se prioriza el nivel de vida de la clase trabajadora, la única clase productiva de la sociedad. 

Por un Plan Obrero y Popular de emergencia

Desde el Partido Socialismo y Libertad planteamos que debemos movilizarnos para imponer un Plan Obrero y Popular de emergencia. El mismo se puede financiar con los recursos provenientes de la venta de petróleo, la recaudación fiscal, que en el primer trimestre fue de 3000 millones de dólares, así como repatriando los recursos de corruptos en el exterior y confiscando sus bienes en el país. Aplicando un impuesto especial progresivo a los que más tienen (grandes empresas nacionales y transnacionales, banqueros y terratenientes); haciendo que el petróleo sea 100% estatal sin empresas mixtas ni Contratos de Participación Productiva, y con todos esos recursos financiar los fondos soberanos y destinar todo ese dinero a salarios, jubilaciones, salud, educación y recuperación de los servicios públicos.

6 de mayo de 2026