Gobierno compensa desgaste político y debilidad con represión y brigadas de choque

En un desesperado intento por sobreponerse al creciente desgate político, superar el doloroso golpe electoral del pasado 26 de septiembre, sobre todo para contener la creciente oleada de luchas sindicales y populares que sacuden al país, el gobierno da continuidad a la criminalización de la protesta, sólo que ahora le suma la represión abierta y la utilización de las brigadas de choque roja-rojitas para intentar cambiar a su favor una coyuntura política que le es totalmente desfavorable. El periplo por Europa, Asía y Africa en el que siguió comprometiendo la soberanía nacional también es parte de la reoxigenación política perseguida por el gobierno.

La semana que acaba de culminar nos enseña a un gobierno dispuesto a redibujar, al coste que sea, el cuadro politico nacional. El martes 19 de octubre, ocupó militar y policialmente la empresa Inica en Cagua para doblegar a los trabajadores que se resistían a que se le violaran sus derechos con una mal llamada «nacionalización» de empresas del grupo Agroisleña. La fuerte resistencia de los trabajadores hizo detener temporalmente al gobierno y firmar acuerdos.

Pero al día siguiente los desconoció, solicitó calificación de despido a varios integrantes de la junta directiva sindical y hoy no les permite entrar a estos ni a los trabajadores más combativos. Es decir, dio un paso atrás, pero para arremeter con mayor fuerza, montar el show con el Vicepresidente Elías Jaua y calificar a los trabajadores como saboteadores. Esta «recuperación», contó con el concurso eficiente y amenazante de 300 uniformados con franela y gorra roja-rojita que aplaudían la sustitución de patronos, que transfiere la propiedad de la vieja oligarquía a los nuevos boli-terratenientes.

Tarek El Aissami, no se ha quedado atrás. Con la cooperación de Nicia Maldonado ha hecho una gran inversión financiera para desplazar en autobuses y sostener económicamente en Caracas a un grupo de comunidades indígenas Barí, para enfrentarlos al cura jesuita José María Korta, quien se encuentra desarrollando una huelga de hambre acompañado de comunidades Yupka y activistas solidarios con esa comunidad que reclama respeto a sus territorios ancestrales y demarcación de tierras. Cualquier situación de enfrentamiento que se derive de esta perversa acción premeditada, será responsabilidad absoluta del gobierno.

En Barquisimeto, el gobierno ha facilitado las cosas para que los empresarios de Iosa acudan a los tribunales y soliciten el apoyo de la Fuerza Pública para desalojar a los trabajadores, que en forma legítima defienden sus derechos. En los precisos momentos en que escribimos esta nota, tenemos información que un destacamento de la Guardia Nacional se ha hecho presente en las instalaciones de la planta para desalojar a los huelguistas, restablecer el orden y entregar a sus «legítimos propietarios» la empresa.

En Mérida, sicarios asesinaron a dos universitarios en las residencias estudiantiles. Hasta ahora no existe investigación alguna y la ciudad es víctima de enfrentamiento entre grupos armados, que han conllevado a que hoy 25 de octubre se decrete la parálisis de clases.

El jueves de la semana pasada, una gran movilización de maestros en Cumaná fue disuelta a gases y perdigones, cuando los docentes reclamaban pagos atrasados y negociación de contrato colectivo. En tanto que la Inspectora del Trabajo de Puerto Cabello, desconociendo el artículo 51 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se niega a recibir un escrito con la firma de más 800 trabajadores para desconocer a los entreguistas de la junta directiva sindical que en contubernio con el patrón-Estado, quieren firmar a espaldas de los trabajadores un pliego conflictivo.

Así es como el gobierno piensa desmontar el incremento de protestas y quebrar las luchas: recurriendo a la represión, las brigadas de choque y la judicialización de la protesta.

Impunidad para los corruptos