Un renovado movimiento de resistencia indígena obliga al gobierno venezolano a enfrentar sus contradicciones

Tres son las reivindicaciones de dicho documento. La primera, el reimpulsar el proceso de autodeslinde de los territorios ancestrales por los propios indígenas, a través de la elaboración de un inventario de cómo van los procesos de autodemarcación por parte de las 2.888 comunidades originarias del país. La hoja de ruta plantea un cronograma de trabajo para apoyar a las comunidades que no tengan terminado el deslinde, que comenzaría por cuatro áreas piloto de mayor vulnerabilidad en la garantía de los derechos indígenas. Son las zonas habitadas por los pueblos Yukpa (Estado Zulia), Pumé (Estado Apure), Eñepa y Yekwana del Caura (Estado Bolívar).

Posteriormente se convertiría la autodemarcación en demarcación, dándoles a las comunidades la titularidad de la tierra. Como segundo punto, la hoja de ruta plantea la constitución de un Consejo Presidencial para la autodemarcación, debido a las debilidades y a la burocratización que han presentado las comisiones nacionales y regionales de demarcación anteriores.

La última exigencia es la liberación y respeto de la vida del cacique Yukpa Sabino Romero Izarra (que el 4 de noviembre sufría un intento de asesinato en la cárcel nacional de Trujillo, donde se encuentra preso) y otros dos yukpas encarcelados [ver recuadro]. Las movilizaciones para que dicho caso pasase de la jurisdicción ordinaria a la jurisdicción indígena han sido constantes.

Estas movilizaciones exigen la aplicación de la Constitución y la Ley Orgánica de Pueblos Indígenas, que claramente establecen el derecho de los pueblos indígenas a juzgar sus conflictos internos de acuerdo a su justicia comunitaria. El propio Korta, de 80 años e histórico defensor de los derechos indígenas, abandonaba el 1 de noviembre una huelga de hambre para exigir la libertad de Sabino. La huelga se desconvocó a los ocho días, tras negociar el Gobierno bolivariano la reunión de Korta con Chávez y la entrega de la hoja de ruta antes mencionada. “El fin de la huelga generó una explosión de voluntades para responder al presidente y comprobar si hay realmente voluntad de resolver el problema” declara el activista Roland Denis. “Las negociaciones van bien, aunque se teme que la ministra de los Pueblos Indígenas, Nisia Maldonado, pueda entorpecer el curso de las negociaciones” explica Korta a DIAGONAL. “Supuestamente encabeza una marcha manipulando a los propios indígenas para que se pongan en contra de la demarcación de la tierras y de la aplicación de la jurisdicción indígena” remacha este activista. Y concluye: “En el fondo, presumiblemente, la ministra y sus seis viceministros quieren mantener sus puestos a costa de la destrucción de un movimiento indígena serio, que apoya al Gobierno al mismo tiempo que exige al Estado que ponga en marcha sus derechos constitucionales”.

Son numerosas las denuncias sobre los intereses ocultos que impiden la demarcación indígena. “Son las fuerzas que se reencuentran en el ejercicio del poder hegemónico del dinero. A ellos se añaden militares mafiosos, indigenistas traidores, los propios indígenas contaminados de colonialismo y miembros del Gabinete de Chávez que no entienden el Estado multiétnico consagrado en el preámbulo de la Constitución” declara Korta. “Los intereses son las tierras que ocupan los ganaderos, un gran poder económico en el Estado Zulia. Y los minerales, el carbón de la sierra de Perijá, que atrae a las transnacionales que tienen dinero para comprar conciencias” afirma.

Para Denis “hay un doble ‘problema indígena’. Por un lado, pese a los avances, estos siguen siendo muy pobres y marginados. Por otro, habitan sobre un subsuelo riquísimo que interesa a un conglomerado de militares y nacionalistas –que piensan en términos de desarrollismo nacional y uso de los recursos estratégico–, y a las grandes multinacionales. ¿Cómo no va a chocar con el desarrollo alternativo y los movimientos indígenas?”.

El cacique Sabino es “uno de los más destacados dirigentes de la nación Yukpa-Caribe en la lucha por la recuperación de sus territorios ancestrales de los que fueron despojados”, según la o­nG Homoetnatura. Se ha convertido en un símbolo del combate por la demarcación de las tierras de las naciones originarias. Éstas superarían el medio millón de hectáreas según el censo de 2001, llegando hoy al millón según algunos expertos. El pueblo yukpa, de 17.000 habitantes, reclama 270.000 has.