Gobierno sin voluntad para abolir la tercerización
Puerto Cabello, 2 de agosto de 2011 (Foto archivo).- Abolir la tercerización es una de las principales promesas que hace el Gobierno cuando expropia una empresa privada, al satanizarla como una práctica capitalista y neoliberal que saca mayor provecho al trabajador mientras se evaden beneficios de los que debería gozar.
Puerto Cabello, 2 de agosto de 2011 (Foto archivo).- Abolir la tercerización es una de las principales promesas que hace el Gobierno cuando expropia una empresa privada, al satanizarla como una práctica capitalista y neoliberal que saca mayor provecho al trabajador mientras se evaden beneficios de los que debería gozar.
Pasó en Sidor. En 2008, cuando el Estado asumió el control de la siderúrgica más grande del país, el propio presidente Hugo Chávez prometió ingresar a la nómina a todos los tercerizados, que en aquel momento eran unos ocho mil trabajadores. La historia se repitió en 2009 al revertir las competencias de puertos al poder central. Sólo en Puerto Cabello quedaron en expectativas casi seis mil obreros que laboraban mediante contratistas.
Pasados los años, el proceso para hacer que los contratados estén dentro de la nómina y, por ende, gocen de los beneficios de las contrataciones colectivas, se hace lento y en medio de reclamos. En mayo de 2010, Chávez respondió con esquivas a un trabajador que se «coló» entre la seguridad presidencial para reclamar (antes que lo sacaran del lugar) que él y cientos de compañeros seguían esperando el cumplimiento de aquella promesa, jamás olvidada.
De acuerdo con el abogado laborista Edwin Sambrano, que ejerce en el estado Bolívar y se declara militante del PSUV, el problema se ha complicado más de lo debido por la politiquería y la intervención de sindicalistas mercenarios.
El experto, con 37 años de experiencia en temas laborales, agrega que en el Gobierno no hay claridad ni voluntad de resolver el caso. «En 12 años se ha mantenido la tercerización injustificadamente, sin los correctivos necesarios», acusó.
La meta está cubierta a medias, mientras la nómina estatal crece. Datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) arrojan que durante el Gobierno chavista aumentó 78,3%, al absorber a un millón 56 mil 528 nuevos empleados.
A junio, había dos millones 404 mil 709 trabajadores en las empresas estatales y los entes gubernamentales, lo que es 19,9% de la población ocupada en el país. Hace doce años, la participación era de 15,5%.
La nómica gubernamental ha crecido esencialmente por la multiplicación de ministerios (30 hasta el 27 de julio) y la expropiación de empresas, que ha sido prioridad para el Estado desde 2005.
¿Qué hacer?
Sambrano da luces de lo que debe hacerse, basado en el criterio que dice no tener el Ministerio del Trabajo: Debe haber una evaluación concreta de los que son tercerizados, con apoyo de las empresas, el ministerio, las organizaciones no gubernamentales y los sindicatos con la idea de determinar quiénes están ejerciendo actividades inherentes a la empresa que deben pertenecer a la nómina.
Pero no es todo. Sambrano sostiene que también dentro de las nóminas hay personas que no deberían estar allí, porque las acciones que realizan no lo justifican. Entonces, también plantea una revisión sincera.
El abogado habló de una regla general, y que ha sido causa de las distorsiones y quiebras de empresas, sobre todo estatales: la inclusión en la nómina de personas que no ejercen funciones que lo justifiquen.
Sambrano es partidario de revisar cada caso. Por ejemplo, en relación con Dianca opinó que quienes ya tienen muchos años laborando, han debido pasar a la nómina. El secretario general del sindicato del astillero estatal, William Mora, explicó que hay obreros con antigüedad de 18 y 20 años en la empresa que permanecen contratados.
Mora encabeza un grupo de sindicalistas que recientemente ganó las elecciones en Dianca, y aún realizan trámites para ser reconocidos, pero ya tienen entre sus prioridades hacer que los 614 tercerizados de la empresa sean integrados. La principal preocupación es que algunos de esos trabajadores ya se acercan a la edad de jubilación y no tienen nada.
En el litoral carabobeño hay un cúmulo importante de empresas del Estado. Pero la que más tercerizados reúne es BoliPuertos, con tres mil, informó Alexis Polanco, representante laboral. Desde la recentralización han sido absorbidos unos dos mil 500 empleados, pero aún faltan. «El resto fue engañado», denuncia Polanco.
Echando mano de cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE), Polanco asegura que de los 35 mil a 40 mil trabajadores de los municipios costeros (Puerto Cabello y Mora), sólo 18% es protegido por un contrato colectivo. Incluye a empresas públicas y privadas.
«No están amparados por la contratación colectiva y es grave, porque hay violaciones constantes de sus derechos», alertó Polanco.
