Nacionalización del Oro: ¿Medicina agridulce?

La noticia sobre la decisión del presidente Chávez de nacionalizar la industria del oro es controversial, como muchas de las decisiones tomadas por este gobierno. Por una parte, es positiva para el país porque el gobierno toma directamente el control de un rubro tan importante para el desarrollo económico del país, y con reservas probadas de miles de millones de dólares, lo cual podría permitir aumentar las reservas nacionales del Estado y poner a la disposición de los venezolanos millones de dólares para ser utilizados en proyectos de desarrollo social y económico. Además de eso, debería ayudar a reducir o eliminar el problema de las mafias que comercializan con el mineral en el área del estado Bolívar, y lo llevan en contrabado a otros paises como Colombia, Brasil, Guyana, Aruba o Curazao.

No obstante, el problema es que estas mafias incluyen tanto gente del sector privado, como del militar y de la burocracia gubernamental. La experiencia en la nacionalizada Sidor y la industria del aluminio, ubicadas en Guayana al igual que la industria del oro, donde han prosperado las mafias que trafican con estos materiales al amparo del Psuv y el gobierno, no permite presagiar nada bueno.

Por otra parte, esta decisión exige resolver problemas sociales en el corto y el largo plazo. La ley aparece en la escena sin una discusión con los sectores afectados como son los pequeños productores y comerciantes, los cuales viven y dependen junto a sus familias de las pequeñas ventas que hacen. En 12 años de gobierno, las políticas para estimular otras actividades económicas para combatir la minería ilegal, por sus desastrosos efectos sobre el ambiente, han terminado en un fracaso rotundo.

Estos mineros y comerciantes se cuentan por los miles. En el corto plazo, la ley podría incrementar el desempleo y la miseria en el sur del estado Bolívar, donde casi todo el mundo vive directa o indirectamente de esta industria. Con lo poco que se conoce de la ley, aparentemente sólo se sostuvieron discusiones previas con empresas grandes como Rusoro, que desde hace varios meses viene exigiendo al gobierno la repatriación de sus ganancias en dólares, y también sobre la cantidad de material esta obligada por la ley a vender fuera del país. Dados los antecedentes, en la medida en que las compras forzadas han resultado jugosos negocios para las transnacionales, lo más probable es que la nueva ley beneficie a Rusoro, mas no a los pequeños productores y comerciantes, quienes no tuvieron ninguna participación o influencia en la redacción de la ley.

El otro problema de largo plazo que se presenta es el del diseño de cómo se va a conformar la nueva industria. Si utilizamos los ejemplos de empresas como las cementeras, Sidor, o las empresas básicas, podríamos concluir que se estarían ahora formando nuevas roscas burocráticas con más boliburgueses en la escena listos para hacerse con riquezas rápidas. Por otra parte, el sector laboral, con escasa organización sindical, estaría a merced de los mismos ataques patronales que vemos en las empresas nacionalizadas y en PDVSA, que incumple el contrato colectivo vigente con los trabajadores y tiene retraso en el inicio de la discusión del nuevo contrato.

Por todo esto, si bien se trata de una medida que podría ser positiva, como lo es la nacionalización de la industria del oro, el resultado final dependerá de los detalles de la ley, la manera como sea implementada, y la reacción del pueblo que se verá afectado por la nueva situación.