YPFB: El botín de los funcionarios masistas en el gobierno
Bolivia, 2 de febrero de 2009 (CEP).- Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) se ha convertido en el nuevo cofre del que saquean y roban los militantes del Movimiento Al Socialismo (MAS). Esta vez el presidente de YPFB, senador y jerarca del MAS, Santos Ramírez, se ha destapado como el principal sospechoso de gestar una coima o soborno por un contrato de 86,31 millones de dólares.
Bolivia, 2 de febrero de 2009 (CEP).- Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) se ha convertido en el nuevo cofre del que saquean y roban los militantes del Movimiento Al Socialismo (MAS). Esta vez el presidente de YPFB, senador y jerarca del MAS, Santos Ramírez, se ha destapado como el principal sospechoso de gestar una coima o soborno por un contrato de 86,31 millones de dólares.
El “proceso de cambio” que dirige Evo Morales incluye también este viejo y raído modus operandi para administrar el viejo Estado. Si no fuera porque el 27 de enero un asalto armado de 450 mil dólares derivó en la muerte del petrolero de Catler Uniservice, Jorge O’Connor, el hecho habría quedado simplemente como el caso delincuencial más importante de los últimos tiempos, por el monto de dinero (Ver al final de la nota el recuento).
Por la misma razón, sin embargo, es posible decir que Ramírez ha protagonizado también el caso de corrupción, conocido públicamente, más importante de los últimos tiempos.
El hecho es que el petrolero O’Connor llevaba el dinero en efectivo, en dos maletines, a la casa del cuñado de Ramírez. ¿Cuál era el propósito de visitar a los dos parientes políticos (también era la casa del primo de su esposa) del Presidente de YPFB, con un maletín de casi medio millón de dólares? Los policías y fiscales de la investigación sugieren un caso de corrupción.
Aunque el gobierno trató de echar agua al fuego con la captura de los autores materiales del atraco, no es posible hacer lo mismo con el millonario negociado que existe detrás de este tema.
El sábado 31, Evo Morales destituyó a Santos Ramírez y a otros diez funcionarios de YPFB (incluidos otros dos parientes políticos de Ramírez), al mismo tiempo pidió que se investigue este hecho “caiga quién caiga”. El show de Morales, después de cinco días desde el atraco, incluyó la intervención policial de las oficinas de Santos Ramírez y otras de YPFB en el resto del país con el fin de evitar la pérdida o robo de documentos.
¡Ábrete Sésamo!
YPFB es la principal empresa estatal, y en los dos últimos años ha sido reforzada financieramente con la compra de parte de las acciones de transnacionales petroleras (proceso que se llama “nacionalización”).
Santos Ramírez es el quinto presidente de YPFB, tres salieron por irregularidades en su gestión y uno abandonó su puesto denunciando un “manoseo” político.
Los ex presidentes también fueron investigados “caiga quién caiga”, pero nunca se supo el resultado de las investigaciones y actualmente representan al gobierno de Evo Morales en distintos cargos.
Jorge Alvarado (acusado de contrato lesivo al Estado) y Manuel Morales Olivera (cuestionado por falsear 44 contratos petroleros en perjuicio del Estado) tienen importantes puestos representando a Bolivia en el exterior. Guillermo Aruquipa es ahora Superintendente de Hidrocarburos, y fue cuestionado por nepotismo y pésima gestión.
Hasta ahora ninguno de los casos de corrupción de autoridades y funcionarios del MAS ha sido esclarecido ni sus responsables sancionados, a pesar de las órdenes de Evo Morales de investigar “caiga quién caiga”. En diciembre de 2008, se supo que el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, estaba involucrado en el caso de 33 camiones cargados de contrabando y valuados en 1,5 millones de dólares. A menos de dos meses del escándalo, la comisión investigadora del Parlamento (presidida por un aliado del MAS) ha enfriado el tema.
Pero no es la primera vez que Santos Ramírez está involucrado en hechos de corrupción. El escándalo de la “venta de avales” implicó al senador masista en julio de 2006, cuando un ciudadano Freddy Terceros Cortez fue arrestado en el aeropuerto internacional de El Alto con 3,4 kilos de cocaína. El traficante intentó pasar la aduana y subir a su avión, mostrando una carta aval firmada por Santos Ramírez.
No fue el único caso, decenas de “avales” aparecieron después firmadas por diputados, senadores y dirigentes del MAS. Los portadores de “avales” pagaban cientos de dólares por cada uno de ellos, ya que este documento les permitía conseguir un puesto de trabajo en la administración pública.
Las “visas chinas” fue otro caso que involucró al senador Santos, quien admitió haber gestionado ese documento para ocho ciudadanos chinos. Este hecho se convirtió en un escándalo que implicaba el tráfico de personas, con constituyentes y diputados del MAS como intermediarios.
Ninguna de estas investigaciones por corrupción al más alto nivel ha sido resuelta, y todo hace prever que la coima de Santos Ramírez también quedará en nada, así como quedaron en nada todas las investigaciones sobre las muertes ocasionadas por la Policía y el Ejército al reprimir a sectores populares.
EL RECUENTO
El robo armado, 27 de enero
Cinco personas armadas asaltan al empresario petrolero Jorge O’Connor D’arlach, quien junto a dos personas había llevado 450 mil dólares a la casa de los cuñados del presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), senador e importante dirigente del MAS, Santos Ramírez.
El asalto y el disparo a O’Connor sucede en la casa de Franlkin Gonzalo Aramayo Doria Medina y Javier René Navia Doria Medina, este último cuñado de Santos Ramírez desde el 7 de enero pasado. Santos Ramírez está casado con la diputada suplente (MAS) Jiovana Cristina Navia Doria Medina desde principios de año.
Los atracadores y actores
En el momento del asalto armado, O’Connor estaba acompañado por el representante legal de su empresa petrolera Fernando Córdoba Santibáñez, quien, según dice ahora la Policía, es propietario, junto a su hermano Ernesto, de una cadena de bares nocturnos relacionados al proxenetismo y la prostitución.
Los autores materiales fueron capturados el jueves 29. Ellos señalaron a los Córdoba como los autores intelectuales del atraco.
La corrupción
En julio de 2008, el presidente de la empresa Catler Uniservice firmó un contrato con YPFB para construir una planta separadora de líquidos por 86,31 millones de dólares. La estatal petrolera cumplió con los pagos hasta la última cuota de 4,5 millones de dólares días antes del robo y asesinato.
Según investigaciones periodísticas y una antigua denuncia en la Fiscalía, la Catler Uniservice consiguió su registro en Fundempresa dos meses después de la firma del contrato y su capital ascendía a 50 mil bolivianos. Eso significa que YPFB, con Santos Ramírez a la cabeza, firmó un contrato irregular.
Con una primera aproximación a los hechos, el fiscal Luis Mamani dijo que O’Connor iba a la casa de los parientes políticos de Santos Ramírez a obtener información “de la computadora de la persona que tiene su casa en la Tejada Soriano”.
