Constitución prohíbe «gas del bueno», afirma investigador de Provea
Marco Antonio Ponce, de Provea, dijo que los agentes lacrimógenos usados en manifestaciones pueden considerarse armas químicas. Los gases lacrimógenos utilizados por los cuerpos policiales para disolver manifestaciones públicas contienen sustancias químicas cuyo uso está prohibido por la Constitución y la Convención sobre Armas Químicas de las Naciones Unidas, denunció Marco Antonio Ponce, investigador de derechos humanos de Provea.
Marco Antonio Ponce, de Provea, dijo que los agentes lacrimógenos usados en manifestaciones pueden considerarse armas químicas. Los gases lacrimógenos utilizados por los cuerpos policiales para disolver manifestaciones públicas contienen sustancias químicas cuyo uso está prohibido por la Constitución y la Convención sobre Armas Químicas de las Naciones Unidas, denunció Marco Antonio Ponce, investigador de derechos humanos de Provea.
Destacó la importancia de dar a conocer ese hecho para que los ciudadanos sepan que sus derechos son vulnerados.
«Hemos detectado, incluso por declaraciones de los propios funcionarios policiales, el uso de agentes lacrimógenos denominados SN y CN, que están prohibidos por la Convención de Armas Químicas y por el artículo 68 de la Constitución nacional, que es taxativo en cuanto al uso de sustancias químicas. Es lamentable que el Estado venezolano viole flagrantemente el ordenamiento legal», señaló.
Añadió que luego de la manifestación del 1° de Mayo, un diario nacional publicó que los organismos de seguridad usaban agente naranja porque el gas utilizado era de ese color.
«El comisario a cargo de orden público explicó a los periodistas que no era gas naranja lo que estaban usando, sino sustancias lacrimógenas tipo CN y SN. Además, estas siglas pueden verse fácilmente estampadas en los cartuchos lanzados en las protestas», dijo.
De acuerdo con Ponce, en cualquier manifestación, los hechos evolucionan hacia la represión, principalmente con el uso de elementos tóxicos tipo SN y CN, así como el gas pimienta, que también está prohibido por la ley.
«Quisiéramos enfatizar esta denuncia sobre el uso de esas sustancias por el Estado venezolano, porque esta situación no sólo afecta a los manifestantes, sino también al ambiente y a los vecinos que están cerca del sitio de las manifestaciones, la mayoría de las cuales son pacíficas», expresó.
Se refirió al informe elaborado conjuntamente por Provea y Espacio Público, según el cual 98% de las protestas en los primeros cuatro meses de 2009 fueron pacíficas. «Un altísimo porcentaje de ellas fue reprimido por los cuerpos de seguridad», señaló.
Denuncia a la vista. Marco Antonio Ponce recordó que el artículo 68 de la Constitución prohíbe a los cuerpos policiales el uso de armas de fuego en manifestaciones pacíficas.
Sin embargo, en cuatro meses Provea ha contado cuatro manifestantes muertos por disparos: dos trabajadores de Mitsubishi que protestaban por el contrato colectivo en el estado Anzoátegui, un vecino abaleado en un desalojo forzoso en la misma entidad federal y el presidente del Centro de Estudiantes del Instituto Tecnológico de Ejido, en Mérida.
«Acudimos a los medios de comunicación porque queremos exponer esta denuncia.
No deben quedar ocultos estos hechos, porque se están vulnerando derechos fundamentales de los ciudadanos», apuntó el investigador de Provea.
