Ministro de la defensa de Lula defiende a torturadores de la dictadura militar

El ministro de Defensa brasileño, Nelson Jobim, en una vehemente defensa de las violaciones a los derechos humanos en su país, aseguró que las iniciativas destinadas a procesar a los acusados de torturar durante la última dictadura militar solo están movidas por «la revancha» y no tienen ningún soporte jurídico.

«Una cosa es el derecho a la memoria y otra la revancha», dijo el ministro a la Agencia Brasil (oficial), en relación a un debate que se ha instalado en el país en relación a los crímenes cometidos por el régimen militar que gobernó entre 1964 y 1985.

El año pasado, la Orden de Abogados solicitó al Supremo Tribunal Federal una revisión de una Ley de Amnistía que fue dictada en 1979, que benefició a los opositores de la dictadura e incluso a los torturadores del régimen.

La demanda, que aún tramita en el Supremo, pide que sea hecha una «interpretación más clara» de la Ley de Amnistía y en especial sobre «los crímenes comunes practicados por agentes públicos acusados de homicidio, desaparición forzosa, abuso de autoridad, lesiones corporales, violaciones y violencia contra opositores».

La Orden de Abogados, que cuenta con respaldo de los organismos de derechos humanos, sostiene que los señalados constituyen crímenes de lesa humanidad, que de acuerdo a acuerdos internacionales de los que Brasil es signatario, no prescriben y deben ser juzgados.

Jobim, que fue presidente del Supremo Tribunal Federal, rebatió esa opinión y dijo que «los tratados internacionales no valen más que la Constitución brasileña», que solo considera imprescriptibles «los delitos de racismo», apuntó.

El ministro también diferenció el proceso brasileño de los que han vivido otros países suramericanos que también sufrieron cruentas dictaduras.

«No se puede comparar con Argentina y Uruguay. En Brasil hubo en 1979 un acuerdo político y una Ley de Amnistía que fue aprobada por el Congreso Nacional», sostuvo Jobim.

También declaró que «hay países suramericanos que todavía están rehaciendo su pasado y no construyen futuro» y dijo que, en el caso de Brasil, él desea que «las energías sean volcadas al futuro», un discurso fariseo que sorprendió a muchos en su país.

La opinión de Jobim coincide con la del actual presidente del Supremo, Gilmar Mendes, quien también se ha manifestado en contra de juzgar los casos de tortura ocurridos durante el régimen militar.

Mendes, quien fue respaldado por la mayoría de los magistrados, incluso advirtió de que una posible revisión de la Ley de Amnistía solo produciría «inestabilidad institucional» en el país.

El propio presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, quien llegó a estar preso en tiempos de la dictadura, tampoco es favorable a revisar la Ley de Amnistía, pues ahora gobierna para los intereses de la misma burguesía a la que servían los militares.

En septiembre pasado, Lula sentó una posición absurda en la polémica y afirmó que «la mejor venganza contra la dictadura» es «darle visibilidad» a sus víctimas, en vez de «hablar de quién practicó agresiones».

En opinión del presidente, «los brasileños deberían hablar menos de quién practicó agresiones durante el período de la dictadura y preocuparse más en darle visibilidad a quien fue agredido».

Vale destacar que en el año 2008, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) introdujo una demanda ante la Corte Interamericana contra Brasil, por el caso de la desaparición de 70 personas durante una campaña represiva estatal entre 1972 y 1975.

Ese mismo año, la CIDH falló sobre una demanda en este caso y pidió al Estado brasileño determinar responsabilidades criminales por los desaparecidos, encontrar los restos para darles sepultura y tomar medidas para que la Ley de Amnistía no obstaculizara los procesos penales. Sin embargo, Lula y sus ministros son defensores irreductibles de los torturadores, y se niegan a cumplir con la legalidad internacional.