Apoyamos la lucha de los indígenas amazónicos y exigimos la ruptura de relaciones con el gobierno asesino del Perú
Desesperado por atender a su clientela transnacional e implementar el TLC con los EEUU, el gobierno de Alan García perpetró el 5 de junio una brutal masacre contra los indígenas awajún y wampis, quienes desde mediados de abril mantienen una huelga con cortes de rutas en la amazonía peruana, en una resuelta resistencia contra la entrega de sus tierras a las compañías petroleras, gasíferas, y mineras, tal y como contemplan los decretos redactados para la aplicación del TLC. La huelga había sido pacífica hasta entonces, pero contundente. Ante la arremetida por tierra y por aire de la policía y el ejército, los indígenas resistieron con su armamento tradicional en una desigual batalla, resultando decenas de ellos asesinados, y centenares heridos y detenidos, así como también algunas bajas en los cuerpos represivos.
Desesperado por atender a su clientela transnacional e implementar el TLC con los EEUU, el gobierno de Alan García perpetró el 5 de junio una brutal masacre contra los indígenas awajún y wampis, quienes desde mediados de abril mantienen una huelga con cortes de rutas en la amazonía peruana, en una resuelta resistencia contra la entrega de sus tierras a las compañías petroleras, gasíferas, y mineras, tal y como contemplan los decretos redactados para la aplicación del TLC. La huelga había sido pacífica hasta entonces, pero contundente. Ante la arremetida por tierra y por aire de la policía y el ejército, los indígenas resistieron con su armamento tradicional en una desigual batalla, resultando decenas de ellos asesinados, y centenares heridos y detenidos, así como también algunas bajas en los cuerpos represivos.
El gobierno peruano luego apeló al expediente racista y fascista de acusar a los indígenas de «bárbaros», «salvajes», llegando al colmo de plantear, en palabras del propio Alan García, que los indígenas «no son ciudadanos de primera clase». La abyecta condición del gobierno peruano se evidenció nuevamente en la realización de actos especiales para rendir honores a los policías que fueron abatidos mientras ahogaban en sangre la protesta indígena. El primer ministro peruano, Yehude Simon, en su desquicio derechista, lanzó toda clase de acusaciones para justificar la masacre, desde el supuesto carácter «golpista» de la lucha indígena, hasta delirantes conspiraciones internacionales contra su gobierno.
No es casual que el gobierno peruano guarde estrechas relaciones con la derecha venezolana, a la cual ha otorgado asilos y favores políticos, y con la cual comparte su estrategia de entreguismo proimperialista y su inclinación al crimen. Esta masacre y la campaña de propaganda racista y fascista que le ha seguido, no es sólo un crimen de un gobierno corrupto y degenerado; es un crimen de toda la clase política peruana, pues el congreso de ese país aplazó la sesión en la que debía adoptar la suspensión de los decretos, para que el gobierno ganara tiempo en su intención de liquidar físicamente la huelga. En últimas, se trata del crimen consuetudinario del sistema capitalista, que asesina y criminaliza a quienes resisten, para allanar la vía al saqueo de los recursos naturales, la explotación salvaje del trabajo, y la conquista sangrienta de nuevos mercados.
«Los pueblos indígenas amazónicos no entienden el desarrollo igual que los gobiernos. Para nosotros el desarrollo no es sinónimo de ingresos y cifras macroeconómicas; para nosotros el desarrollo es la solidaridad, la igualdad y el manejo equilibrado de los recursos», declaró a mediados de mayo el presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), Alberto Pizango. Luego de la arremetida bestial del gobierno peruano contra los indígenas amazónicos, Pizango fue acusado de rebelión, por su papel dirigente en la huelga, y tuvo que pedir asilo a la embajada nicaragüense.
El 10 de junio, un congreso derrotado por la movilización popular y atemorizado por la solidaridad hacia la causa indígena demostrada por trabajadores, estudiantes, y organizaciones populares, congeló la aplicación de la «Ley de la Selva». El día siguiente, miles de personas marcharon en Perú en rechazo a la masacre de Bagua y en apoyo a la resistencia indígena.
Mientras tanto, en Venezuela un grupo de activistas se concentró ante la embajada peruana. Tal y como han planteado la Unidad Socialista de Izquierda y la corriente sindical CCURA, exhortamos al gobierno venezolano a pronunciarse frente a la masacre perpetrada por el gobierno peruano, y a romper relaciones diplomáticas con ese Estado, dirigido por criminales a sueldo del imperialismo. Además, emplazamos al gobierno venezolano a que luego de tantos discursos vacíos, finalmente haga justicia con los pueblos originarios de nuestro país, y de esta manera se diferencie en la práctica de los gobiernos declaradamente pro-capitalistas y neoliberales. La lucha de los indígenas peruanos se parece mucho, en el fondo, a la lucha de los indígenas de la Sierra de Perijá, quienes vienen enfrentándose a los intereses de ganaderos y transnacionales mineras, luchando por recuperar sus tierras ancestrales y frenar la expansión de la minería del carbón, que destruye bosques y ríos para proporcionar combustible barato a las potencias imperialistas.
Los indígenas peruanos han ganado una batalla, pero la lucha continúa. La mejor manera en que los estudiantes podemos apoyarlos es profundizando y apoyando las luchas populares, obreras, campesinas, e indígenas, en nuestro propio país.
