Telesur y el informe de la Confederación Sindical Internacional

El pasado 10 de marzo una nota periodística de Telesur, reproducida por el portal Aporrea en http://www.aporrea.org/internacionales/n136126.html, daba cuenta de la presentación del Informe 2008 de la Confederación Sindical Internacional (CSI) acerca de las violaciones a los derechos laborales ocurridas en el mundo entero. Como bien lo describe la nota, la CSI agrupa a 311 centrales sindicales nacionales de 155 países que representan a 168 millones de miembros. El reporte abre con las cifras correspondientes al país considerado más peligroso para la actividad gremial: Colombia.

El año pasado fueron asesinados 76 sindicalistas en todo el mundo, de los cuales más de la mitad, 46, pertenecen al país hermano. De acuerdo con los datos revelados en el estudio, en Colombia murieron diez sindicalistas más que en el año anterior, pese a que en todo el mundo el número total de muertes disminuyó respecto a 2007, cuando se registraron 91 asesinatos. Pese al alto número, la CSI señala que la violencia contra las organizaciones de trabajadores colombianos y sus miembros queda «impune», como consecuencia de unas «sentencias condenatorias ínfimas».

Seguidamente, la nota periodística describe la situación de Guatemala, país que despidió el 2008 con 9 sindicalistas asesinados. Esta situación es relacionada con la realidad vivida en las llamadas “Zonas Francas Industriales” (ZFI), entre las que además del territorio guatemalteco se encuentran Costa Rica, El Salvador y Honduras, en donde existe una política sistemática por parte de los patrones de negar derechos laborales y sindicales. El texto refirió que Myanmar (antigua Birmania), Burundi, China, Corea del Sur, Irán, Túnez, Turquía y Zimbabue como gobiernos responsables de la privación de libertad de sindicalistas. Para finalizar el panorama oscuro, el resumen resalta que cuatro sindicalistas habían perdido la vida en Filipinas, dos en Nepal y uno en Irak, en Nigeria, en Túnez y en Zimbabue. Básicamente así termina el resumen realizado por Telesur de la presentación anual del CSI, un canal de televisión que afirma garantizar “el balance informativo, la veracidad y la contextualización de la información”. Si uno se deja guiar por este extracto, y ante la falta de alusiones a nuestro país, uno podría pensar que la CSI opina que los derechos laborales de los trabajadores venezolanos y venezolanas están garantizados, pues las vulneraciones ocurren únicamente allende a sus fronteras.

Sin embargo si se toma la molestia de leer la propia investigación, disponible en español en el enlace http://survey09.ituc-csi.org/survey.php?IDContinent=0&Lang=ES, uno podrá constatar que, efectivamente, la situación criolla, como la del resto de los países, no deja de expresar preocupaciones. Si a los redactores de Telesur les sensibilizó los dos sindicalistas asesinados en Nepal, el ultimado en Nigeria, el aniquilado en Túnez o el fulminado en Zimbabue, también pudieran solidarizarse con los cuatro dirigentes sindicales venezolanos asesinados que forman parte del total global de 76. O quizás, para “contextualizar” una información de interés para su país sede, agregar a la redacción que el informe describió el asesinato de 29 trabajadores locales en conflictos relacionados con la obtención de puestos de trabajo.

Según el informe de la CSI acerca de la situación de los derechos laborales en Venezuela. En primer lugar se relatan las mejoras introducidas en el 2006 por el Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo (LOT). “Las mejoras incluyen la fijación del salario mínimo mediante el diálogo social nacional, al menos una vez al año. Además señala expresamente que los sindicatos son libres de realizar sus elecciones de acuerdo a sus estatutos internos. Otra innovación es la elección de los directores laborales mediante referéndum sindical”. En contraparte, como limitaciones a la libertad sindical se detalla como la normativa establece el referéndum sindical para constatar la representatividad de las organizaciones sindicales en caso de negociación o conflicto colectivo de trabajo. Este mecanismo del referéndum se encuentra regulado por el Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y la Seguridad Social (Minpptrass), lo que también puede interpretarse, según la CSI, como una forma velada para que el Estado, principal empleador, pueda legitimar e incidir en la vida de los sindicatos.

La ausencia de diálogo entre el gobierno y los sindicatos significó que los trabajadores y trabajadoras tuvieran poca o nula participación en las nacionalizaciones de empresas en los sectores siderúrgico y de cemento, contextualiza el informe. Pese a formar parte de la reforma constitucional impulsada por el Presidente Chávez, sigue pendiente la aprobación de la nueva LOT tras varios años de discusión. El incremento de la inflación deterioró el poder adquisitivo de los salarios respecto de la canasta básica alimentaria. Se recuerda que el 40% de los trabajadores, según las propias cifras oficiales, está dentro de la economía informal.

En al menos 70 oportunidades se recurrió a los artículos 357 y 360 del Código Penal y al artículo 56 de la Ley Orgánica de Seguridad, que castigan y penalizan el derecho a la huelga y la manifestación pacífica, refleja la CSI. Durante 2008 aumentó el número de pliegos interpuestos ante la Inspectoría del Trabajo, lo que denota un incremento en las reivindicaciones de los trabajadores. Pese a ello, el número de trabajadores amparados por convenciones colectivas se redujo significativamente respecto de años anteriores. Citando cifras de Provea, la CSI establece que 243 contratos colectivos se encontrarían sin firma en el sector público, lo que perjudicaría a más de 1,5 millones de funcionarios, funcionarias, obreros y sus familias.

(*) Coordinador del Área de Investigación de Provea
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