El Encuentro Nacional en Defensa de los Derechos del Pueblo y otras organizaciones políticas de izquierda ante la grave tragedia causada por los terremotos del 24 de junio
Por Laclase.info
10 de julio de 2026. Las organizaciones que integran el Encuentro en Defensa de los Derechos del Pueblo, junto a la LTS, suscribieron un documento unitario fijando posición desde la izquierda, ante las consecuencias del doble terremoto que azotó al país el pasado 24 de junio, y que hasta el momento ha causado la muerte de 3.889 personas, según el parte oficial emitido en el día de ayer. A continuación lo presentamos íntegro:
El Encuentro Nacional en Defensa de los Derechos del Pueblo y otras organizaciones políticas de izquierda ante la grave tragedua cusada por los terremotos del 24 de junio
A dos semanas de los terremotos que sacudieron a nuestro país, el saldo oficial preliminar es de casi tres mil setecientos (3.700) fallecidos, mas de dieciséis mil (16.000) heridos, casi dieciocho mil (18.000) personas sin viviendas, y un número indeterminado de desaparecidos; cifras que lamentablemente seguirán aumentando en los próximos días.
Ante esta emergencia, la enorme movilización popular para atender a las víctimas ha sido ejemplar. Desde el primer momento, miles de personas se organizaron para rescatar a quienes quedaron bajo los escombros. Voluntarios de distintas regiones se han trasladado a Caracas y especialmente a la zona cero en La Guaira, donde se concentran las peores secuelas de la catástrofe, trabajando sin recursos ni herramientas adecuadas. Se han conformado cientos de centros de acopio en todo el país y también en el extranjero, como muestra de una profunda solidaridad. A este esfuerzo se suman rescatistas internacionales que apoyan las complejas labores de búsqueda para salvar a quienes, tras quince días del sismo, aún permanecen con vida.
Esta extraordinaria capacidad de organización popular debe fortalecerse, coordinarse y ampliarse; bajo ninguna circunstancia puede ser sustituida por el aparato estatal ni confiscada por los militares. Esta respuesta solidaria contrasta con la lentitud del gobierno, que reaccionó tarde a la emergencia, militarizó los accesos a La Guaira y adoptó trabas burocráticas que entorpecieron el despliegue inmediato de los voluntarios.
El sobrevenido desastre natural, doblete sísmico, se potencia por una catástrofe social preexistente, producto de la crisis y el severo ajuste económico que el Ejecutivo aplica desde 2018, bajo el nombre de Programa de Recuperación, Crecimiento y Prosperidad Económica. Tras años de corrupción, desvalijamiento de los ingresos petroleros, destrucción de los servicios públicos con el objetivo de impulsar la privatización, y la reducción del gasto social, este ajuste capitalista ha descargado todo el peso de la crisis y de las sanciones imperialistas sobre los hombros del pueblo trabajador.
Los terremotos encuentran al país en condiciones de extrema precariedad: sin agua, con apagones crónicos, transporte deficiente, escasez de gas y gasolina, un sistema de salud desmantelado por la desinversión y la pérdida de miles de profesionales sanitarios debido a salarios de hambre. A este panorama se suman las severas sanciones aplicadas por Estados Unidos, que agravaron la preexistente crisis estructural del rentismo venezolano.
Es fundamental señalar que esta tragedia no es responsabilidad exclusiva de un solo sector, sino el resultado de la corresponsabilidad política de las élites que se disputan el poder a espaldas de las grandes mayorías. Mientras el pueblo venezolano y en especial la clase trabajadora, ponemos las víctimas, el sufrimiento y la fuerza solidaria, la dirigencia oficialista y la oposición tradicional “cierran filas” en un pacto de entrega que profundiza la pérdida de nuestra soberanía.
Por otra parte, el imperialismo estadounidense aprovecha la crisis para avanzar en su control militar y político. Mientras varios grupos de rescatistas extranjeros finalizan su misión en Venezuela, más de 2.000 funcionarios de diversas agencias de seguridad de Estados Unidos, entre ellos unos 900 efectivos militares han arribado al país, conjuntamente a un contingente militar de Israel, liderado por el jefe del Estado Mayor del Comando del Frente Interno de las Fuerzas de Defensa Israelíes (FDI). Las funciones que estos ejércitos extranjeros desempeñan claramente se extralimitan a las meras labores de rescate, toda vez que sus voceros ya hablan de una presencia permanente.
La abierta injerencia extranjera se ejecuta bajo la mirada complaciente de la cúpula gobernante de los hermanos Delcy y Jorge Rodríguez junto a Diosdado Cabello, quienes simulan soberanía, pero capitulan en la práctica. Este atropello cuenta, además, con el respaldo y pedido expreso de María Corina Machado y otros partidos de la oposición patronal, que instrumentalizan el dolor del pueblo para justificar la tutela de Washington sobre nuestro país, su economía y su territorio.
María Corina Machado, en particular, sólo busca aprovechar el profundo malestar social y rechazo contra el gobierno, para acelerar sus propios planes de llegar al poder, tras el discurso de la supuesta “transición democrática”, de la mano del sometimiento nacional por la bota militar estadounidense.
Desde el Encuentro en Defensa de los Derechos del Pueblo y las organizaciones políticas de izquierda aliadas, planteamos que el gobierno en ejercicio, debe dar mayores respuestas al país, y poner la totalidad de los recursos del Estado al servicio de las víctimas de este doble sismo.
Exigimos que se obligue a aportar apoyo económico inmediato a las grandes corporaciones nacionales y transnacionales que tienen sus negocios, operaciones económicas y comerciales en Venezuela. Asimismo, demandamos que las empresas privadas de la construcción y grandes cadenas de ferretería y farmacéuticas pongan a disposición obligatoria todos los implementos y toda su maquinaria para el rescate de quienes aún están vivos, que todos los cuerpos fallecidos que se pueda sean entregados a sus familiares, también así, para la necesaria remoción de escombros.
Esta exigencia no es un favor ni una petición de buena voluntad: es un acto de justicia elemental. Durante años, este sector empresarial se ha lucrado vorazmente gracias a las políticas antiobreras del propio gobierno, beneficiándose de la pulverización del salario. Los grandes empresarios se han enriquecido transformando a los trabajadores venezolanos en mano de obra semiesclavizada, despojándolos de sus derechos para convertir el esfuerzo obrero en pura plusvalía y ganancias netas para sus bolsillos. Hoy, toda esa riqueza acumulada, a costa del sudor y la miseria del pueblo, debe volver al pueblo para salvar vidas en esta emergencia nacional.
También consideramos inaceptable, desde todo punto de vista, que una potencia imperialista extrajera tenga el control de gran parte de los recursos petroleros del país, en todo momento y mucho más aún en estas circunstancias, Venezuela debe tener un control soberano sobre todos sus recursos. Exigimos que Estados Unidos levante de manera definitiva las sanciones financieras y petroleras que asfixian nuestra economía. Rechazamos el carácter transitorio de la Licencia No. 60 de la OFAC, la cual sólo facilita el flujo de fondos humanitarios hasta octubre; por lo que, demandamos que esta medida sea permanente. Igualmente, exigimos a la administración estadounidense la devolución total de los fondos venezolanos retenidos en el Departamento del Tesoro por la venta de petróleo y minerales, para que estos recursos sean transferidos a un fondo especial de emergencia.
¡Por la profundización de la organización popular, con una perspectiva independiente del gobierno, del imperialismo y de la oposición patronal!
Caracas, miércoles, 8 de julio de 2026
Partido Socialismo y Libertad (PSL), Liga de Trabajadores por el Socialismo (LTS), Partido Comunista de Venezuela (PCV Dignidad), Revolución Comunista, Marea Socialista, Patria Para Todos (PPT/APR)
