22 septiembre, 2026

José Bodas llama a declarar a la Futpv en emergencia ante arremetida patronal, en carta dirigida a Wills Rangel

José Bodas. Secretario general de la Futpv

Por Laclase.info

Caracas, 21 de agosto de 2026. Hemos recibido una comunicación del secretario general de la Federación Unitaria de Trabajadores del Petróleo, del Gas, sus similares y derivados de Venezuela (Futpv), dirigida al presidente de dicha federación sindical, Wills Rangel.

La carta es respuesta a una comunicación emitida por la presidencia de la Futpv el pasado 5 de agosto, en la que se cuestiona la realización de una sesión de la mayoría de la junta directiva, no afecta a las directrices del presidente Wills Rangel.

En la carta de Bodas además se plantea, que es necesario declarar a la Futpv en estado de emergencia «ante la arremetida patronal de PDVSA, el Estado, las transnacionales y las contratistas».

A continuación se presenta el texto completo de la comunicación.

 

FEDERACIÓN UNITARIA DE TRABAJADORES DEL PETRÓLEO, DEL GAS, SUS SIMILARES Y DERIVADOS DE VENEZUELA (FUTPV)
SECRETARÍA GENERAL

Caracas, 21 de agosto de 2026

Ciudadano
Wills Rangel
Presidente de la FUTPV
Presidente de la CBST
Su Despacho

Reciba un saludo clasista y obrero de parte de esta Secretaría General.

Respondemos a su comunicación del 5 de agosto, en la que cuestiona la viabilidad estatutaria de la convocatoria a reunión de Junta Directiva hecha por la mayoría de sus miembros para el viernes 7 de agosto. Los estatutos que usted invoca son los mismos que sustentan nuestra actuación, y son también los que fueron desconocidos por la Presidencia el día de la reunión.

El artículo 32, literal B, establece que corresponde al Presidente o Presidenta convocar y presidir las reuniones de Junta Directiva, o designar a quien lo sustituya. Esa es una atribución del cargo, no una condición de validez de las convocatorias hechas por la mayoría del órgano colegiado. El Capítulo VIII de los estatutos, que regula específicamente las atribuciones de la Junta Directiva, dispone en su literal d) que las reuniones ordinarias se convocan con al menos siete días de anticipación y las extraordinarias con dos días, mediante boletines, convocatorias escritas, correos electrónicos o cualquier otro medio disponible. La convocatoria del 7 de agosto cumplió con estos requisitos. El literal e) del mismo capítulo señala que las decisiones de la Junta Directiva son válidas con el voto favorable de la mitad más uno de los miembros presentes. La validez de una reunión de Junta Directiva depende entonces del cumplimiento de estos plazos y de ese quórum, no de la autorización o presencia personal del Presidente.

Sobre esa base estatutaria, las reuniones del 7 y 21 de agosto fueron válidas y las decisiones adoptadas en ellas tienen plena vigencia.

Lo que corresponde señalar con claridad es que fue usted quien actuó al margen de los estatutos, al negar a los directivos convocados el acceso a la sede de la Federación. Como consecuencia de esa negativa, los miembros de la Junta Directiva tuvieron que sesionar sentados en el piso, frente a la entrada del edificio. Ese hecho, y no la convocatoria, es el que compromete la institucionalidad que usted dice defender. Una Junta Directiva no puede ejercer sus funciones si el Presidente le cierra el acceso a las instalaciones que administra en nombre de toda la organización, no en nombre propio.

Este episodio no es un hecho aislado. El Comité Ejecutivo de la FUTPV lleva trece años sin reunirse. En ese tiempo, usted y la minoría de miembros de la Federación que lo siguen, la convirtieron en un aparato de espaldas a los trabajadores petroleros, gasíferos y del sector, sustrayéndola del control de sus bases y de la vida democrática que los propios estatutos ordenan. La negativa de acceso del 7 de agosto es continuación de esa práctica, no una excepción.

Mientras la Presidencia bloquea el funcionamiento de la Junta Directiva, la clase trabajadora del sector enfrenta una situación que no admite más postergación. Cuatro contratos colectivos vencen el próximo 1° de octubre sin que exista una dirección que prepare su defensa. Más de mil trabajadores despedidos cuentan con orden de reenganche y pago de salarios caídos que no se ejecuta. En PDVSA, empresas mixtas, transnacionales y contratistas se sostiene una persecución sistemática contra los trabajadores, con casos como el de Chevron en Jose y Puerto La Cruz, estado Anzoátegui, donde la patronal ha incurrido en amedrentamiento y en una conducta hostil contra trabajadores que han sido objeto de calificaciones de despido. Persisten listas negras que impiden el ingreso de obreros o producen despidos arbitrarios sin explicación alguna. Los jubilados se han movilizado reiteradamente hacia Caracas exigiendo respuestas sobre el Fondo de Pensiones y el Fondo de Ahorro, y han sido reprimidos con violencia física en esas acciones.

A esto se suman demandas que siguen sin respuesta: un plan de vivienda para la clase obrera petrolera; el restablecimiento del derecho a la salud a través del Sicoprosa. En este momento hay gran cantidad de trabajadores y familiares, jubilados y sobrevivientes que están esperando por intervenciones quirúrgicas y otros tratamientos, y siguen sin una respuesta. Asimismo, después de años sin discusión de la convención colectiva y sin incremento salarial, es necesario y urgente exigir a Pdvsa un aumento general de salarios para las y los trabajadores petroleros, indexado a la canasta básica, mientras se avanza en la discusión del contrato colectivo. Esto lo planteamos porque la producción petrolera se ha incrementado en el último período llegando a más 1.200.000 barriles por día. Esto ha sido gracias al trabajo y la dedicación de las y los trabajadores.

Precisamente, por todo lo anterior, es que estamos llamando a las trabajadoras y trabajadores petroleros a que se organicen de forma independiente, y conformen en las áreas comités de base en defensa de la contratación colectiva, el salario y demás reclamos laborales.

El secuestro de la Federación al que venimos haciendo referencia, ocurre en el marco de una política de Estado antiobrera. Desde 2018, el gobierno de Nicolás Maduro aplicó un ajuste económico contra la clase trabajadora, desmontó derechos laborales, desreguló las relaciones de trabajo, congeló la contratación colectiva, criminalizó la protesta y persiguió a dirigentes sindicales. La FUTPV, bajo su conducción, se ha alineado con esa política en lugar de enfrentarla, y el bloqueo a la Junta Directiva el 7 y el 21 de agosto es una expresión más de ese desconocimiento de la libertad sindical.

Su comunicación dedica buena parte de su contenido a referirse a la labor de la Federación como centro de acopio ante el doble terremoto y a consignas políticas ajenas al asunto planteado. Esa labor humanitaria no está en discusión, por el contrario, la respaldamos plenamente, sin embargo, en su carta, no responde al reclamo formulado por la mayoría de la Junta Directiva, que es concreto: se nos negó el acceso a la sede para ejercer una función estatutaria, en momentos en que la clase trabajadora del sector necesita una dirección presente y no ausente.

Exigimos que cese cualquier obstrucción al ejercicio de las funciones de los miembros de la Junta Directiva en la sede de la Federación, y que se convoque sin más dilación al Comité Ejecutivo, tal como lo ordenan los estatutos que usted invoca.

Exigimos además la declaratoria inmediata del estado de emergencia por parte de la FUTPV ante la arremetida patronal de PDVSA, el Estado, las transnacionales y las contratistas; esto lo planteamos amparados en lo establecido en el artículo 31 de los estatutos, que entre las atribuciones de la junta directiva, establece en su literal o) “Adoptar medidas de emergencia cuando así lo ameriten la circunstancias, sobre todo cuando se trate de la defensa de los derechos e intereses individuales o colectivos de sus miembros y de la clase trabajadora en general”, y que en consecuencia, el Comité Ejecutivo asuma la responsabilidad moral y legal de defender con autonomía los intereses obreros frente al gobierno, PDVSA, los patronos privados y los partidos políticos.

Quedamos a la espera de su rectificación.

José Bodas Lugo
Secretario General
FUTPV

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