Planificación para la guerra, anarquía para el pueblo. De Gómez a NABEP: cómo el Estado, los monopolios y el militarismo organizan la industria petrolera venezolana al servicio de la ganancia imperialista
Por Simón Ernesto (Alemania). Especial para Laclase.info
Corte informativo: 3 de septiembre de 2026
Aquí no se abre un mercado libre. Se levanta un plan económico imperialista.
Nota documental. El análisis se refiere a la arquitectura anunciada públicamente por Washington y Caracas. Los contratos completos sobre campos, financiamiento, costos y offtake no han sido publicados; varias cifras y competencias institucionales siguen siendo contradictorias.
Contenido
El Estado no se retira: avanza 1
El mercado ya era una operación de Estado bajo Gómez 2
Planificar no es una operación neutral 4
De la concesión al plan imperialista integral 5
El militarismo fija las prioridades del plan 8
Las fuerzas destructivas se convierten en motor de acumu
lación 9
El Estado no sirve a cada empresa: organiza al capital en
su conjunto 11
El lado venezolano del plan 12
Para los trabajadores, el plan permanece oculto 13
La alternativa no es volver a la burocracia 14
Qué significaría una planificación socialista 15
No vuelve el pasado: se perfecciona la vieja relación 17
Fuentes principales 19
i
El Estado no se retira: avanza
El nuevo acuerdo petrolero entre Venezuela y Estados Unidos desgarra una de las mentiras más cómodas de nuestro tiempo: la idea de que privatizar significa sacar al Estado de la economía.
En Venezuela, el Estado no se retira. Avanza.
Interviene militarmente, altera la correlación política, impulsa un nuevo marco petrolero, selecciona al operador autorizado, desplaza a capitales rivales, entra en el capital accionario, se reserva una parte de la producción, interviene en la dirección empresarial, vigila los canales de pago y protege el arreglo dentro de su propio espacio jurídico.
Lo que retrocede no es el Estado.
Retroceden la soberanía popular venezolana, el control público y la posibilidad de que las trabajadoras y los trabajadores decidan sobre los valores que producen.
Según la arquitectura anunciada oficialmente desde Washington,
North American Blue Energy Partners, NABEP, controlada por
Alejandro Betancourt, recibiría derechos por cien años sobre 17 campos de petróleo y gas. El Gobierno estadounidense habla de unos 65.000 millones de barriles. Su Oficina de Capital Estratégico participaría en la estructuración de una posición de 35% en la empresa matriz. El Departamento de Estado tendría derecho a comprar 20% de toda la producción presente y futura a precio de costo, además de un derecho preferente sobre el 80% restante. Washington conservaría poder de veto sobre la junta directiva y exigiría que la mayoría de sus integrantes fueran ciudadanos estadounidenses. El contrato entre el Gobierno estadounidense y NABEP estaría sometido al derecho y a los tribunales de Estados Unidos. El crudo adquirido en condiciones preferentes tendría como destino expreso la reserva estratégica, las Fuerzas Armadas y otros usos sensibles.[1]
Los contratos de campo, financiamiento, costos y compra siguen sin hacerse públicos. Algunos datos difundidos se contradicen. Incluso representantes de grandes petroleras han señalado que numerosos elementos continúan siendo desconocidos o confusos.[2]
Pero la estructura anunciada ya permite ver lo fundamental:
No se está liberando un mercado. Se está construyendo un plan imperialista para organizar la extracción.
El mercado ya era una operación de Estado bajo Gómez
La comparación con la dictadura de Juan Vicente Gómez no sirve porque la historia se repita punto por punto. Sirve porque permite ver lo que permanece: el capital monopolista extranjero no necesita en Venezuela un Estado débil, sino un Estado fuerte contra el pueblo.
Cuando Gómez tomó el poder en 1908, durante la ausencia de Cipriano Castro, su Gobierno buscó de inmediato el entendimiento con Washington. Un documento contemporáneo del Departamento de Estado registra que el nuevo régimen consideraba conveniente la presencia de un buque de guerra estadounidense en La Guaira y prometía resolver los reclamos pendientes de compañías extranjeras. Estados Unidos reaccionó con rapidez, envió barcos y reanudó las relaciones diplomáticas.[3]
No comenzó entonces una era de iniciativa privada sin trabas. Comenzó una entrega organizada por el Estado a los monopolios petroleros internacionales.
El Gobierno repartió extensiones inmensas, garantizó derechos de propiedad y explotación, retomó el pago de la deuda exterior y levantó el orden político que las compañías necesitaban para invertir. La concesión Tregelles, por ejemplo, abarcó unos 270.000 kilómetros cuadrados, estableció una regalía de apenas 5% y otorgó al concesionario facultades públicas para expropiar a propietarios anteriores cuando la explotación petrolera lo requiriera.[4]
Con frecuencia, las concesiones se entregaban primero a abogados, familiares, militares y hombres de negocios venezolanos, quienes después las transferían a los consorcios extranjeros. Así se formó una oligarquía intermediaria local. Su origen venezolano no la hacía menos útil al capital foráneo, sino más útil: convertía intereses externos en firmas estatales, relaciones locales y derechos jurídicamente reconocidos.
La concesión no era un simple contrato. Era la forma legal de una alianza de clases entre capital petrolero internacional, dictadura y oligarquía criolla.
La legislación lo mostró con especial claridad. Cuando Gumersindo Torres intentó en 1920 elevar la participación pública y limitar los privilegios de las compañías, estas lograron una revisión regresiva. Torres fue apartado. Directivos de las grandes petroleras estadounidenses participaron en la reelaboración de un marco más favorable al negocio. La ley de 1922 abrió el terreno al auge posterior.
Tampoco la única empresa petrolera nacional con posibilidades reales, la Petrolia del Táchira, fue derrotada por una competencia neutral. Sus derechos no fueron renovados y su espacio fue absorbido por los monopolios internacionales.
El Estado gomecista no fue pasivo. Planificó con una disciplina notable:
la distribución territorial de las concesiones; la seguridad jurídica de los consorcios; el pago de la deuda exterior; la persecución de la oposición; la disciplina de la naciente clase obrera petrolera.
Lo que dejó a la deriva fue la educación de las mayorías, una industrialización propia, los derechos sociales y el control democrático del nuevo ingreso.
Ya bajo Gómez regía esta fórmula: planificación para los monopolios petroleros, anarquía social para Venezuela.
Planificar no es una operación neutral
La palabra « planificación» suele identificarse automáticamente con socialismo. Es un error.
Toda gran empresa planifica. Planifica inversiones, producción, personal, investigación, ventas y cadenas de suministro. Cuanto más se concentra el capital, más compleja se vuelve la planificación interna de los monopolios.
El Estado capitalista también planifica. Financia infraestructura, garantiza créditos, protege rutas comerciales, forma mano de obra, regula bancos, compra armamento y abre fuentes de materias primas.
La pregunta decisiva no es si existe planificación.
La pregunta es quién planifica, para quién y quién posee el poder de cambiar el plan.
La economía de guerra del siglo XX mostró que la fusión entre Estado y monopolios puede producir una coordinación económica de enorme eficacia. Lenin describió ese proceso como capitalismo monopolista organizado por el Estado: disciplina y sacrificio para los trabajadores; protección de beneficios y riesgos socializados para los capitalistas. La misma capacidad técnica podría servir de punto de apoyo para una planificación social, pero solo si el poder político y el control efectivo pasan a la mayoría trabajadora.[5] Así se derrumba la falsa alternativa burguesa.
No se enfrentan simplemente mercado y plan.
Se enfrentan el plan del capital monopolista y la planificación democrática de los productores sociales.
Bajo Gómez, el Estado fue organizado para las compañías petroleras. En la Venezuela de 2026, esa relación no desaparece: vuelve en una escala técnica, financiera y militar superior.
De la concesión al plan imperialista integral
La concesión clásica concentraba territorio, derecho de explotación, plazo y exportación en un documento visible.
Hoy, la misma función de mando se reparte entre numerosos instrumentos:
participaciones accionarias; derechos sobre la junta directiva; contratos de offtake;
manuales de costos; créditos y garantías; licencias de sanciones; supervisión de pagos; foros judiciales; auditorías; derechos estratégicos de suministro.
La nueva construcción es más compleja que la concesión gomecista y puede ser más eficaz.
La participación estadounidense anunciada de 35% se ubica en la zona residual: vincula a Washington con las utilidades y con el valor futuro de NABEP.
El derecho a comprar 20% de la producción a precio de costo está más arriba. Se apropia del barril físico antes de que pueda venderse libremente a precio de mercado.
Si el precio internacional sube mientras el costo reconocido permanece estable, la ventaja estadounidense aumenta de manera automática. Un impuesto normal sobre ganancias extraordinarias llevaría una parte de ese aumento al país productor. El offtake a costo invierte la dirección: cuanto mayor sea la diferencia entre precio y costo, mayor será el valor del derecho externo.
Es un impuesto invertido a las ganancias extraordinarias del petróleo.
El Estado estadounidense no recibe únicamente una porción de la ganancia final. Recibe acceso prioritario a la mercancía de la cual esa ganancia puede nacer. Junto con la participación accionaria, los derechos de junta y el apoyo financiero, obtiene una doble posición: prioridad semejante a la de un acreedor y beneficio ascendente semejante al de un propietario.[6]
El significado político va mucho más allá de 20% o 35%. Washington puede reclamar preferencia sobre la producción restante en una emergencia, excluir compradores mediante su poder sancionatorio y participar en la conducción de la empresa. Además, controla el espacio jurídico donde pretende hacer valer su propio acuerdo con NABEP.
Esta es la forma moderna de la regalía imperial: Venezuela conserva el título formal sobre el subsuelo, mientras otras instancias concentran derechos decisivos sobre operación, precio, compra, dirección y valorización.
La corona ya no está sobre la cabeza de un monarca. Está dentro de la cascada contractual y del flujo de pagos.
A esto se suma el control exterior de la caja. Desde enero, ingresos venezolanos del petróleo son custodiados en cuentas especiales bajo control del Tesoro estadounidense. Washington afirma que el dinero continúa siendo propiedad venezolana, pero también que las transferencias dependen de autorización estadounidense y que esa administración sirve a objetivos de política exterior de Estados Unidos.[7]
La separación es completa:
Venezuela conserva formalmente la propiedad del dinero.
Washington decide su movimiento efectivo.
El militarismo fija las prioridades del plan
Decir que el militarismo se convierte en el elemento rector no significa que cada barril termine directamente en un tanque o que más de la mitad de toda la inversión deba registrarse como gasto militar.
« Rector» designa aquí la jerarquía de prioridades.
Los criterios militares y de seguridad deciden cada vez más:
qué recursos se consideran estratégicos; qué empresas reciben acceso; qué países quedan excluidos; qué cadenas de suministro se construyen; qué créditos reciben garantía pública; hacia qué mercados se dirige la producción; qué jurisdicción protege los derechos adquiridos.
Eso es precisamente lo que revela el acuerdo con NABEP.
La formulación oficial estadounidense no habla solo de rentabilidad o cooperación. Habla de « dominio energético», de usos militares sensibles, de restablecer la doctrina Monroe y de desplazar intereses chinos y rusos del hemisferio. Varias posiciones transferidas al nuevo entramado habían sido operadas anteriormente por empresas chinas o rusas. Un funcionario estadounidense declaró abiertamente que la producción debía orientarse hacia el mercado norteamericano en lugar de China.[1]
La industria petrolera pasa así a ser tratada como pieza estratégica de un bloque de Estados.
Se planifican no solo los volúmenes de producción, sino la pertenencia geopolítica.
No solo los compradores, sino las naciones permitidas y prohibidas.
No solo los precios, sino las reservas militares.
No solo la inversión, sino la base industrial de guerras futuras.
La relación entre violencia y economía no es una interpretación añadida desde afuera. La propia Casa Blanca coloca el contrato dentro de una estrategia de estabilización, reconstrucción y transición posterior a la operación militar de enero. Presenta la reforma de hidrocarburos y la inversión privada como condiciones del nuevo orden político.[1]
La intervención militar y el contrato económico no son capítulos separados.
La primera cambia la correlación de fuerzas.
El segundo inscribe esa nueva correlación en propiedad, dirección empresarial, derechos de suministro y tribunales.
Bajo Gómez, el buque de guerra estaba frente al puerto y protegía la concesión.
En 2026, el buque de guerra queda incorporado, por decirlo así, en los estatutos de la empresa, en el contrato de compra y en el circuito de pagos.
Las fuerzas destructivas se convierten en motor de acumulación
Hablar de decadencia no significa que el capitalismo se detenga técnicamente.
Al contrario. Puede mostrar un dinamismo extraordinario. Avanzan la perforación, la observación satelital, el análisis de datos, la matemática financiera, la logística, la refinación, la inteligencia artificial y los sistemas militares.
Lo que se pudre es la relación entre esa capacidad técnica y su finalidad social.
Una sociedad capaz de seguir cada barril, cada barco y cada transferencia podría planificar con la misma precisión el agua, la electricidad, las medicinas y la vivienda.
Pero la jerarquía real es otra.
La reserva estratégica de una potencia extranjera se convierte en objetivo prioritario. La recuperación del salario venezolano aparece como un costo.
La junta de una empresa petrolera privada recibe garantías internacionales. La elección libre de una directiva sindical continúa bajo incertidumbre.
Cada costo de extracción debe ser auditado. El pueblo ni siquiera conoce el contrato completo.
El Estado planifica el acceso del capital durante cien años. La reproducción cotidiana de la sociedad se improvisa mes a mes.
Así se convierten fuerzas productivas en fuerzas destructivas.
No porque una plataforma, una tubería o una refinería sean destructivas por naturaleza, sino porque su función social queda subordinada a la preparación de la guerra, las sanciones, la formación de bloques y la apropiación privada de la renta.
La violencia militar modifica relaciones de propiedad. Las sanciones destruyen vínculos comerciales y productivos. Luego, la apertura selectiva transforma la escasez generada en un negocio privilegiado. El Estado organiza la reconstrucción y abre nuevos contratos, créditos y derechos de propiedad.
No toda guerra se inicia únicamente para repartir después los contratos de reconstrucción. El vínculo es más profundo:
El orden existente tiene la capacidad de convertir destrucción, escasez y reconstrucción en etapas sucesivas de valorización del capital.
El capital gana con la producción del arma, con el aseguramiento del recurso, con la destrucción de infraestructura, con el financiamiento de su reconstrucción y con el servicio de la deuda mediante el cual la sociedad afectada paga esa reconstrucción.
El Estado no sirve a cada empresa: organiza al capital en su conjunto
Que algunas grandes petroleras observen con recelo el modelo de NABEP no contradice este análisis. Lo confirma.
Reuters ha informado que varios consorcios temen que, en Venezuela, deban competir no solo contra NABEP sino también contra el propio Gobierno estadounidense. Exxon y ConocoPhillips siguen exigiendo garantías más fuertes de estabilidad contractual. Otros dudan de que las metas productivas puedan cumplirse sin una participación mucho mayor de las grandes transnacionales.[2]
Capitalismo monopolista de Estado no significa que todos los capitalistas integren un solo cartel armónico.
Las empresas continúan luchando por campos, ventajas fiscales, financiamiento, márgenes de refinación y acceso político.
El Estado organiza sus condiciones comunes y, al mismo tiempo, decide qué grupo debe recibir prioridad en una coyuntura concreta. Puede limitar a una fracción del capital para asegurar el interés estratégico del bloque en su conjunto.
La ampliación de Chevron muestra que el plan va mucho más allá de NABEP. Tras el anuncio, la empresa presentó inversiones superiores a 7.000 millones de dólares y el propósito de elevar su producción venezolana hasta unos 600.000 barriles diarios en cinco años. Chevron habló de mejores condiciones fiscales, comerciales y jurídicas, y de costos productivos inferiores a 20 dólares por barril.[8]
NABEP aparece como operador políticamente privilegiado.
Chevron conserva la posición del gran consorcio histórico.
Otras empresas obtienen campos, licencias o migraciones contractuales propias.
La Administración estadounidense asume la tarea de ordenar esos intereses rivales dentro de una estrategia común.
Dentro del bloque aumenta la planificación. Entre los bloques aumenta la competencia armada.
El lado venezolano del plan
El Gobierno venezolano no es irrelevante dentro de esta arquitectura.
Aporta la forma legal, la autorización ministerial, los derechos sobre los campos, la administración local y el aparato de seguridad. La Asamblea Nacional dominada por el oficialismo respaldó el acuerdo el 1.º de septiembre.[9]
Pero una firma estatal no convierte un plan imperialista en plan nacional.
También bajo Gómez las concesiones fueron actos del Estado venezolano. Funcionarios venezolanos las firmaron, el derecho venezolano las formalizó y soldados venezolanos las protegieron.
Precisamente esa era su función.
El Estado dependiente no está fuera del sistema imperialista. Lo transmite hacia adentro.
Sus grupos dominantes reciben cargos, participaciones, contratos, protección y acceso. A cambio, ponen territorio, fuerza de trabajo, administración y legitimidad al servicio del negocio.
El intermediario contemporáneo tampoco tiene que ser un simple testaferro. Alejandro Betancourt posee aparato empresarial propio, conocimiento operativo y poder material. Eso lo hace más útil que un obediente sin base propia. Puede conectar a Washington con el aparato venezolano, los comerciantes internacionales y la operación cotidiana de los campos.
La diferencia frente a los antiguos traficantes de concesiones está en el nivel técnico.
La función de clase conserva una continuidad profunda.
Para los trabajadores, el plan permanece oculto
José Bodas, trabajador petrolero y dirigente de la FUTPV, denunció en febrero de 2026 años de negociación colectiva paralizada, salarios básicos pulverizados, bonificaciones sin plenos efectos sobre prestaciones y pensiones, restricciones a la libertad sindical, despidos y persecución contra trabajadores y dirigentes.[10]
No es una estadística oficial completa. Es el testimonio de un sindicalista independiente desde el interior del sector. Y muestra la cara inferior de la gran estrategia petrolera: mientras los derechos de propiedad, costos y compra se garantizan por décadas, los trabajadores no reciben seguridad equivalente sobre salario, contrato colectivo o empleo.
El capital exige seguridad jurídica.
A los trabajadores se les ofrece flexibilidad.
El capital exige compra garantizada.
A los trabajadores se les impone ingreso incierto.
El capital exige tribunales internacionales.
Los trabajadores todavía luchan para que se cumpla un contrato colectivo.
Esto no es un efecto secundario del plan. Es su estructura de clase.
La alternativa no es volver a la burocracia
Por eso una crítica socialista no puede terminar en la consigna de « más Estado».
El Gobierno bolivariano aumentó la participación pública en la renta, impuso regalías superiores y obligó a los viejos consorcios a entrar en empresas mixtas bajo mayoría estatal. Eso fue un avance real frente a la Apertura Petrolera de los años noventa.
Pero la propiedad estatal no se convirtió en poder democrático permanente de trabajadores y comunidades.
Los costos completos, los contratos, los circuitos de pago y las decisiones de inversión continuaron bajo control de la dirección estatal y partidista. Bajo Maduro crecieron la opacidad, los acuerdos excepcionales, la gestión militar y la represión.
No surgió un plan socialista, sino una administración burocrática de la renta.
La prueba de que otra dirección era posible apareció en 2002 y 2003. Cuando la antigua dirección de PDVSA intentó paralizar la industria, los trabajadores pusieron instalaciones en funcionamiento manual, reconstruyeron procesos técnicos, coordinaron la producción y asignaron responsabilidades según la capacidad real. Demostraron en la práctica que la industria no tiene que pertenecer ni a las transnacionales ni a una casta gerencial sin control social.[4]
Ese poder no fue institucionalizado.
Los trabajadores salvaron la industria.
Después volvieron a quitarles el control de su contabilidad general.
Qué significaría una planificación socialista
La planificación socialista no comienza con un nuevo logotipo sobre PDVSA. Comienza con el control social de la información.
Todos los contratos de petróleo, gas, financiamiento y offtake deben publicarse, incluidos: manuales de costos; certificaciones de reservas; estructuras accionariales;
acuerdos laterales; contratos de suministro; circuitos de pago; informes de auditoría.
En cada centro de trabajo deben existir consejos elegidos y revocables con acceso a datos de producción, presupuestos, compras, accidentes y contratos. No como órganos decorativos de consulta, sino con facultades reales de control y veto.
Los sindicatos deben poder organizarse con plena independencia del Gobierno, los partidos y las empresas. Contrato colectivo, derecho de huelga, seguridad social y salarios suficientes no pueden aparecer como costos posteriores de la estrategia petrolera. Deben ser puntos de partida de la planificación.
Los ingresos petroleros deben ingresar a una contabilidad pública venezolana, sometida a control social. Ni un ministerio extranjero ni una burocracia nacional deben administrar fondos secretos en nombre del pueblo. Toda la sociedad tiene derecho a saber cuánto rinde cada barril, qué costos se reconocen y adónde va cada dólar.
La tecnología y el capital extranjeros pueden utilizarse bajo determinadas condiciones. Pero únicamente mediante acuerdos transparentes y de duración limitada, con transferencia tecnológica obligatoria, formación local, control público de costos y sometimiento pleno al derecho laboral, tributario y ambiental venezolano.
Ningún Estado extranjero debe poseer poder de veto sobre la dirección empresarial ni un derecho a apropiarse del crudo a precio de costo.
Cuando suban los precios, debe aumentar la participación social. La sobreganancia debe financiar electricidad, agua, salud, educación, vivienda, salarios y una producción cada vez menos dependiente del petróleo, no offtakes privilegiados, dividendos ni reclamos de acreedores.
Esto no significa regresar a una economía nacional cerrada. La industria petrolera es internacional desde hace mucho tiempo: por tecnología, ciencia, división del trabajo, transporte y refinación. La tarea no consiste en deshacer esa socialización objetiva.
La tarea consiste en liberarla del mando de bloques monopolistas rivales y ponerla bajo control consciente de la sociedad.
No vuelve el pasado: se perfecciona la vieja relación
Bajo Gómez, las compañías petroleras moldearon un Estado a la medida de sus intereses.
En 2026, el Estado más poderoso del sistema capitalista mundial intenta incrustarse directamente dentro de la empresa petrolera.
Ya no se limita a respaldar al concesionario.
Se vuelve accionista, financiador, comprador, supervisor, regulador, juez y usuario militar.
Ese es el retroceso histórico. No es una simple vuelta a los años veinte. Es la vieja relación gomecista equipada con los instrumentos jurídicos, financieros, técnicos y militares del siglo XXI.
Pero la sociedad venezolana tampoco es la misma.
Existe una clase trabajadora amplia, urbana y técnicamente experimentada. Existen universidades, comunicación de masas y una memoria histórica de la nacionalización, de la OPEP, de PDVSA, de la movilización bolivariana y de la iniciativa obrera independiente.
Precisamente por eso la nueva arquitectura necesita un sistema tan extraordinario de contratos centenarios, derechos de junta, licencias sancionatorias, cuentas controladas, tribunales extranjeros y respaldo militar.
Y precisamente por eso no es invulnerable. La pregunta decisiva no es:
¿Mercado o plan?
La pregunta es:
¿Debe planificarse la máquina petrolera venezolana como instrumento estratégico de guerra y ganancia de un bloque imperialista, o como fuerza social conscientemente controlada por quienes la mantienen en funcionamiento con su trabajo?
La alternativa a la anarquía capitalista no es el plan del Pentágono.
Es el plan democrático de las trabajadoras y los trabajadores. No hay que liberar al mercado.
Hay que liberar la capacidad social de planificación de las manos del capital.
Fuentes principales
- Casa Blanca: President Donald J. Trump Announces Historic Oil Agreement to Secure American Energy Dominance and Drive Venezuela’s Economic Recovery, agosto de 2026.
- Reuters: Trump’s oil deal with Venezuela raises red flags for some major producers, 1.º de septiembre de 2026.
- S. Department of State, Foreign Relations of the United States, 1909, documento 582: correspondencia sobre el cambio de Gobierno de 1908 y la presencia naval estadounidense.
- Simon Ernst, Erdölsouveränität in Venezuela, tesis de maestría, Universidad de Colonia, 2013; corpus documental sobre política y soberanía petrolera venezolana utilizado en este proyecto.
- I. Lenin: The Impending Catastrophe and How to Combat It, 1917, pasaje sobre capitalismo monopolista de Estado, control y organización económica.
- Análisis económico del offtake a costo y de la estructura accionaria anunciado en las fuentes [1] y [2], a partir de la diferencia entre precio de mercado, costo reconocido y rango de los derechos dentro del flujo de pagos.
- Casa Blanca: President Donald J. Trump Safeguards Venezuelan Oil
Revenue for the Good of the American and Venezuelan People, enero de 2026.
- Reuters: Chevron expands Venezuela position, plans 7 billion dollar investment, 2 de septiembre de 2026.
- Reuters: Venezuela’s assembly backs oil deal announced with U.S., 1.º de septiembre de 2026.
Entrevista con José Bodas Lugo, dirigente petrolero de la FUTPV, publicada por el Internationaler Gewerkschaftlicher Arbeitskreis Köln y LabourNet, 2 de febrero de 2026.
