Organizaciones sociales se concentran en Fiscalía exigiendo libertad de Rubén González
Las organizaciones sociales que se agrupan en la Campaña Contra la Criminalización de la Protesta Social, se concentraron hoy frente a la Fiscalía General de la República para exigir la inmediata liberación del secretario general del sindicato de Ferrominera Orinoco, Rubén González, así como la libertad para el cacique yukpa Sabino Romero, ambos detenidos por defender sus derechos.
Las organizaciones sociales que se agrupan en la Campaña Contra la Criminalización de la Protesta Social, se concentraron hoy frente a la Fiscalía General de la República para exigir la inmediata liberación del secretario general del sindicato de Ferrominera Orinoco, Rubén González, así como la libertad para el cacique yukpa Sabino Romero, ambos detenidos por defender sus derechos.
Según Marino Alvarado de Provea, en este momento hay en el país unas 2.240 personas sometidas a procesos penales bajo régimen de presentación periódica en tribunales, asimismo, el pasado año unos 23 trabajadores habrían sido detenidos por ejercer el derecho a la protesta.
Alvarado agregó que el derecho a la protesta pacífica está contemplado en la constitución y que nadie debería ir preso por ejercerlo, y aseguró que hoy en Venezuela los que salen a protestar pueden correr el riesgo de perder la libertad debido a una acción conjunta de policías, tribunales y Ministerio Público.
(Greeys Centeno de CCURA y USI)
Por su parte el dirigente sindical Orlando Chirino de CCURA y la USI, planteó que Rubén González “es un preso de Chávez”, y afirmó que «estamos en presencia de un gobierno que ataca brutalmente a los trabajadores», y en ese sentido denunció que el pasado viernes en Maracay fue reprimida una concentración de trabajadores convocados por la UNETE de Aragua para movilizarse contra el plan de ajuste del gobierno, lo cual evidenciaría, según sus palabras, “una muestra más de la criminalización de la protesta que ejerce un gobierno antiobrero y antisindical, que pretende descargar la crisis sobre los trabajadores”.
(Orlando Chirino)
Chirino afirmó que la criminalización también se evidencia cuando las Inspectorías del Trabajo niegan el derecho a meter un pliego con carácter conflictivo, con lo cual ponen en tela de juicio el derecho a huelga; o también cuando se prohíbe repartir volantes en el portón de una fábrica.
El dirigente sindical revolucionario denunció que en este momento hay 15 de trabajadores petroleros de la costa oriental del Lago que se encuentran detenidos por defender el derecho a trabajar, después de ser despedidos de PDVSA.
Por otra parte, las organizaciones sociales, sindicales y de derechos humanos que forman parte de esta campaña, hicieron público un comunicado en el que fijan posición sobre la criminalización de la protesta obrera y popular, e hicieron entrega de un documento dirigido a la Fiscal General Luisa Ortega Díaz solicitando la liberación de Rubén González, y la suspensión de las medidas cautelares contra las personas afectadas.
(Vista de la actividad)
