Siguen bajo juicio trabajadores de la CVG
Fue pospuesta para dentro de 8 meses la audiencia a los dirigentes sindicales de SutraCVG a quienes se sigue juicio por reclamar implementos de seguridad y deudas laborales.
Fue pospuesta para dentro de 8 meses la audiencia a los dirigentes sindicales de SutraCVG a quienes se sigue juicio por reclamar implementos de seguridad y deudas laborales.
Dos dirigentes del sindicato de obreros de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) casa matriz y otros tres trabajadores del mismo ente seguirán semiinhabilitados en la práctica de sus funciones sindicales y de su derecho a la protesta con un juicio abierto al menos hasta inicios del año próximo.
El tribunal segundo de juicio del circuito judicial de Ciudad Guayana, a quien correspondía ayer la audiencia para decidir si seguía o no el juicio, escuchando los alegatos tanto de la Fiscalía como de la defensa de los acusados, decidió diferir esa audiencia hasta las 10 de la mañana del 8 de febrero del 2011, sin ofrecer explicación de la medida que fue protestada por el abogado defensor Antonio Aguado.
El secretario general de Sindicato de Trabajadores de la CVG (SutraCVG), Ronald González con 30 años de servicio, y el secretario de Finanzas del mismo gremio, Carlos Quijada, son los dos directivos sindicales afectados por la medida pues ya vienen arrastrando medidas cautelares que les impiden ejercer a plenitud sus actividades como dirigentes sindicales, es decir, tienen limitados su derecho a la protesta ante las autoridades de la Corporación y participar de reclamos y paralizaciones.
Junto con ellos son acusados los trabajadores Darwin López, Ángel Centeno y Elvis Loran.
Todo tiene su origen cuando los trabajadores de mantenimiento, transporte, limpieza y cuido de las instalaciones, edificios, parques, plazas y bienes públicos a cargo de CVG casa matriz iniciaron un reclamo ante las autoridades del holding por diversas violaciones al contrato colectivo y la Ley del Trabajo.
CVG tenía para la fecha más de un año sin cumplir con la dotación de uniformes, botas, guantes y otros implementos de seguridad al punto que muchos trabajadores debían comprarlos de sus sueldos o trabajar sin ellos. La empresa también adeudaba varios beneficios como prestaciones sociales y otros pagos atrasados.
Sus reclamos, mediante cartas y solicitud de audiencias ante gerentes y funcionarios de alto nivel, siempre concluían en «no hay dinero» y en «hay que esperar la autorización del ministro».
Nunca fueron recibidos por el ministro presidente de la CVG ni por quien era el director general de la institución.
Es así que el 7 de Octubre de 2009, cansados de no obtener respuestas, decidieron apostarse desde el amanecer a las puertas del preescolar de la Corporación, conociendo que el ministro Rodolfo Sanz acudiría allí para un acto de reinauguración de las instalaciones.
Se suponía que acudirían muchos trabajadores a fin de obtener la audiencia esperada. Sin embargo, mucho antes de la hora del acto, efectivos de la Guardia Nacional fueron al lugar y los desalojaron, llevándolos detenidos, por lo cual nunca se hizo la protesta, aunque lograron (por la repercusión que la noticia tuvo en los medios de comunicación regionales) que el vicepresidente Alfredo Arcila adoptara medidas y se compraran los uniformes e implementos de seguridad.
En los días posteriores, la Fiscalía, atendiendo la solicitud de las autoridades de CVG, imputó a los trabajadores por los delitos de privación ilegitima a la libertad del trabajo; promotores y cabecillas de los delitos antes mencionados y agavillamiento.
El 2 de febrero de este año, en el tribunal cuarto de control se decidió llevarlos a juicio con medidas cautelares mediante libertad limitada. Ahora se mantiene abierto el juicio por 8 meses más sin decisión.
CONTRA FEDECÁMARAS
El caso fue duramente protestado por dirigentes sindicales de la oposición democrática como Henry Arias de Sintraalcasa (candidato de la Unidad para la AN) quien denuncia que el Gobierno sigue en una ofensiva contra los derechos laborales y para amedrentar a los sindicatos.
En la acera contraria, un grupo de dirigentes sindicales del PSUV, encabezados por el diputado Ángel Marcano, hicieron una protesta ante el edificio donde funcionan las oficinas de Fedecámaras en Ciudad Guayana.
Ante la pregunta de los periodistas acerca de por qué no protestaban ante la CVG por este juicio o por la prisión y juicio que sufre el dirigente sindical de Ferrominera, Rubén González, Marcano respondió que «este Gobierno no tiene presos políticos sino políticos presos que han utilizado el fuero sindical o la figura de dirigentes políticos para delinquir, y eso está al margen de la ley y eso no lo podemos apoyar».
