Perú: Manifiesto político del Congreso de Unificación del Partido de los Trabajadores-Uníos
Por Partido de las Trabajadoras y los Trabajadores/Uníos
¡A sostener la movilización independiente hasta conquistar cada una de nuestras reivindicaciones y la Asamblea Constituyente libre y soberana ya!
A doscientos años de la independencia del Perú el pueblo trabajador, los campesinos pobres y las comunidades originarias y pueblos andinos y amazónicos de nuestro país seguimos buscando una alternativa que nos libere. Hace doscientos años nos independizábamos de la Corona Española, encargada de saquear nuestros recursos para alimentar la maquinaria del aún joven capitalismo europeo. La clase dominante del Perú, la burguesía local o la foránea imperialista, nunca desarrolló un país independiente si no que aprovechó los rasgos del atraso económico, la precaria infraestructura y los vestigios feudales en el campo para hacer negocios y vivir bajo la sombra de los imperialismos: bajo el inglés negociando con el guano y el salitre; bajo en imperialismo Francés con el Contrato Dreyfus y luego de la Segunda Guerra Mundial bajo el imperialismo yanqui, sosteniendo el sometimiento, así como transformando al Perú en un país semicolonial y eterno exportador de materias primas que pisoteó la diversidad cultural imponiendo la fragmentación al servicio de los capitalistas y sus ganancias a través de una creciente explotación de las mayorías populares.
Las luchas obreras y campesinas: el terror de la clase dominante
Las históricas luchas campesinas de la década del 60 encabezadas por Hugo Blanco, enfrentaron a la clase dominante y los gamonales que sostenían formaciones esclavistas en el campo y, como conquista histórica de sus luchas, el gobierno de Velazco Alvarado realizó la Reforma Agraria, pero con ella buscó construir una nueva clase social trasformando la vieja oligarquía en la nueva burguesía peruana que – según su estrategia– liberaría al país del yugo imperialista. Nada de esto sucedió, pues el nacionalismo burgués de los militares fomentó, con un programa de sustitución de importaciones y medidas proteccionistas, una clase social que pasó de ser la explotadora en el campo a ser la explotadora en la ciudad, con la incipiente industria siempre montada en las prebendas del Estado, como una nueva burguesía parasitaria que con el gobierno de Morales Bermúdez y luego con Belaunde, buscó acomodarse a la nueva realidad imponiendo duras formas de explotación de la clase trabajadora demostrando que la clase dominante del país y sus gobiernos “progresistas” nunca fueron un elemento de desarrollo para el conjunto del país; el único elemento de desarrollo fue la clase trabajadora y sus luchas que con acciones heroicas como el paro de julio del 77 enfrentaron al Golpe de Morales Bermúdez que venía -con la ayuda de algunos “generales patriotas” que ahora cambiaban de bando- a liquidar las conquistas históricas de la nueva clase obrera y todo el pueblo pobre del Perú. Las heroicas luchas del 77 y 78 obligaron a la dictadura –que no cayó de manera definitiva por el apoyo que recibió del APRA- a buscar una salida negociada a través de la convocatoria a la Asamblea Constituyente de 1979 donde el movimiento obrero a través de su representación constituyente -como los compañero Hugo Blanco y Enrique Fernández Chacón del FOCEP, entre otros- supo defender sus derechos obteniendo algunas conquistas ante la intentona liquidacionista que comenzó con el Golpe de Morales Bermúdez y que bajo formas de democracia burguesa continuó Belaunde, Alan García en su primero Gobierno y la dictadura fujimorista en los 90.
El fujimorismo y el neoliberalismo
La crisis capitalista mundial, ya crónica e irresoluble desde la crisis del petróleo de la década del 70 y las crisis de deuda externa de los 80 y el fracaso histórico, político y económico de las políticas regulacionistas de origen “keynesianas” dieron surgimiento a las dictaduras de militares en Argentina y en Chile en la década de 1970 propiciadas por la Escuela de Chicago y el Plan Cóndor o la nueva política “neoliberal” impulsada por Margaret Thatcher como primera ministra del Reino Unido entre 1979-1990. De la mano de esta nueva política la dictadura fujimorista buscó avanzar en aplicar las medidas políticas y económicas que los gobiernos anteriores no pudieron lograr ante la resistencia obrera y popular.
El fujimorismo gana las elecciones de 1990 con la complicidad del APRA y la izquierda reformista que en el nombre del “mal menor” le dieron el voto. Luego el FMI, junto a Pérez de Cuellar desde la ONU, o Hernando de Soto desde los EE. UU. impusieron el “Shock Económico” como una forma de ajuste brutal, medidas que encontraron la resistencia de los trabajadores y los pueblos. Para amortiguar las luchas, el Gobierno declaró el estado de emergencia y la suspensión de los derechos constitucionales; pero no le fue suficiente: a pesar de la represión y los muertos los pobladores seguían en pie de lucha y para aplastarlos el Gobierno cambió el régimen a una dictadura con el Golpe del 5 de abril de 1992 y luego, a través de las fraudulentas elecciones que dieron origen al Congreso Constituyente Democrático y el escandaloso referéndum, se aprueba la nueva Constitución de 1993 dando el sostén jurídico y el marco legal al neoliberalismo para imponer mediante el terrorismo de Estado las reglas de juego para que los capitalistas aumentaran la tasa de explotación a través de la reducción del salario, la intensificación de los tiempos y ritmos de producción, la liquidación de las conquistas obreras y populares y la privatización de las empresas públicas.
La derrota de la dictadura y las tareas pendientes
El movimiento de masas derrotó a la dictadura fujimorista con la histórica “Marcha de los Cuatro Cuyos” del 28 y 29 de julio de 2000. El pueblo organizado no solo cuestionaba al Gobierno fujimorista, sino al conjunto del modelo económico que solo significó hambre, pobreza y represión. Las mentiras del gobierno de Toledo (2001-2006) que, junto a la CONFIEP, vía Acuerdo Nacional (2002), salvó al régimen y le dio continuidad al modelo económico explotador y extractivista; lo mismo hicieron todos los gobiernos falsamente democráticos como Alan García (2006-2011), Ollanta Humala (2011-2016) y PPK (2016-2018) y sus continuadores Vizcarra, Merino y Sagasti. Este continuismo, odiado por el pueblo trabajador empobrecido, contó con la complicidad explicita de las direcciones traidoras en el movimiento obrero y popular, las direcciones de las centrales sindicales como la CGTP, la izquierda reformista como el PCP o Patria Roja, las ONG, entre otros; quienes dieron el colchón de desmovilizar a las masas luchadoras por la participación electoral, abandonando el “sindicalismo de protesta” para pasar a un “sindicalismo de propuestas”, transformándose en asesores de los capitalistas y sus gobiernos en la mesa del Acuerdo Nacional.
Las luchas del pueblo trabajador marcan el camino
A pesar de las traiciones de las direcciones burocráticas, el pueblo trabajador y en particular las comunidades indígenas, amazónicas y los pueblos del interior del país han enfrentado la política de los gobiernos de manera sostenida y heroica. Los pueblos originarios y campesinos comenzaron a luchar contra el saqueo y la destrucción de sus territorios en manos de la megaminería contaminante y con la Cumbre de los Pueblos y el paro nacional de los días 8, 9 y 10 de julio de 2008 comenzó un importante ascenso campesino, originario y popular. La masacre del Baguazo (2009) ejecutada por Alan García y los tratados de libre comercio representó el punto más alto de esa lucha. La lucha en Cusco por el gas del Lote 88 de Camisea o la lucha de Espinar por el agua contra el proyecto de irrigación Majes- Siguas y la represa de Angostura, también son ejemplos de este ascenso. En Lima también comenzaba a demostrarse la bronca con la huelga de Indeco, las luchas en Ripley y el referéndum del 3 de octubre conquistado con la movilización de los Fonavistas marcaron un año 2010 lleno de luchas. Durante el 2011 y 2012, contra el gobierno de Humala comenzaron a desarrollarse los conflictos sociales por Tía María en Arequipa y Conga en Cajamarca. La rebelión de los mal llamados “Pulpines” (2014) puso a la juventud en las calles contra la Ley de flexibilización laboral juvenil que impulsó el gobierno de Humala y los partidos de derecha, quienes tuvieron que retroceder y derogarla en enero de 2015. El 2017 fue el año de la gran huelga magisterial por un justo aumento salarial, pago de beneficios sociales y por derogar la Ley de la Reforma Magisterial N° 29944; lucha dirigida desde abajo, contra las conducciones burocráticas del SUTEP que se negaron a apoyar la huelga y que tuvo triunfos importantes –aunque no todos cumplidos por los gobiernos– y que fortaleció al conjunto de los luchadores del país.
El Covid-19 desnudó al modelo y profundizó la crisis política
La crisis sanitaria provocada por el Covid-19 desnudó que este modelo no va más y aceleró su agotamiento con un enorme impacto económico y social que el pueblo padeció mientras los grandes capitalistas recibieron millonarios subsidios de salvataje, descargando la crisis sobre el pueblo trabajador. El modelo solo demostró que, tras 22 años consecutivos de crecimiento neoliberal, [se] deja un país con casi un tercio de la población empobrecida, donde 11.2 millones de trabajadores laboran en el sector informal y 8.7 millones tienen un empleo de mala calidad. Un país donde casi 2.5 millones de hogares no cuentan con acceso a la red de alcantarillado público y que registra 191 conflictos sociales, de los cuales 142 están activos, según Defensoría del Pueblo y con 56 mujeres asesinadas, solo en los que va del 2021, que con el solo hecho de ser mujer son víctimas de feminicidio y violencia patriarcal (Editorial Uníos 33 junio-julio 2021). Según el INEI, 6,720.000 de peruanos quedaron sin empleo en el trimestre de abril-julio de 2020 y del total de empleos formales perdidos durante la pandemia, más de la mitad (55 %) correspondió al mecanismo de suspensión perfecta pese a que estas empresas habían recibido el jugoso préstamo Reactiva Perú.
El impacto social de la crisis ha destruido la precaria calidad de vida del pueblo trabajador y el sostenimiento del ascenso de las luchas –aunque muchas de ellas defensivas– dinamizaron a la clase trabajadora de Lima con sus sindicatos y federaciones las cuales, por fuera de las direcciones de la CGTP y las centrales burocráticas, buscaron enfrentar los despidos, la suspensión perfecta de labores, o la prolongación de la jornada de trabajo a 12 horas en las mayorías de los centros laborales. Los trabajadores de la salud y otros sectores luchan contra los contratos CAS y la precarización laboral, las trabajadoras de limpieza contra la tercerización, los trabajadores mineros por medidas de bioseguridad y salarios, entre otras importantes luchas. Estas luchas tuvieron su pico más alto en las jornadas de noviembre de 2020 que tiraron al gobierno de Merino en base a la movilización popular y la huelga agraria de fines de ese año y principios de 2021 que en toda la costa del país y con corte de carreteras lograron la derogación de la explotadora Ley Chlimper.
A pesar de la represión que dejó decenas de muertos, la ausencia de derrotas sobre el movimiento de masas ha sido el elemento determinante para que la crisis política en las alturas no se resuelva.
La crisis de la clase dominante y el régimen se polarizó en 2016, se agravó con la renuncia de PPK y no se cerró con el referéndum, ni el cierre del Congreso, ni con el nuevo Congreso que asumió en enero de 2020, ni con Vizcarra, ni sus decenas de ministros desplazados, ni con la vacancia, ni con el gobierno de Merino, ni con el “Gobierno transicional” de Sagasti. Todos los intentos de este descompuesto régimen terminaron fracasando porque el conjunto de la población le tiene asco y bronca a la “clase política” y desde hace tiempo se viene acelerando una enorme ruptura con los partidos políticos del régimen que terminó de materializarse en la primera vuelta de abril de 2021 donde la mayoría de ellos perdieran las inscripciones electorales demostrando que durante todo este periodo “los de abajo no están dispuestos a seguir viviendo como hasta ahora, y los de arriba ya no pueden seguir dominando´ como antes”.
Elecciones 2021: el gobierno de Castillo
En nuestro pronunciamiento ante el triunfo electoral de Pedro Castillo en la primera vuelta expresábamos: “El resultado de las elecciones generales del 11 de abril fue sorpresivo porque pusieron patas arriba las estimaciones que desde las encuestas se impulsaban. La bronca se mostró una vez más y detonaron los ensayos patronales para estabilizar al régimen político que desde hace años se fragmenta cada día más sin generar simpatía ni expectativas con el pueblo del Perú, que a pesar de la crisis sigue buscando una alternativa. (…) La votación de Pedro Castillo expresa la enorme predisposición a luchar por un cambio a la pobreza, al desempleo o los salarios de hambre. Muestra que el pueblo trabajador del interior del país sigue radicalizado, que no está derrotado y que, en su voto a Pedro Castillo, busca una alternativa de izquierda” y en nuestro periódico UNÍOS del mes de junio ratificamos: “La victoria de Pedro Castillo representa un gran triunfo electoral de la clase trabajadora y los pueblos históricamente olvidados del Perú. Con casi 50,000 votos de diferencia, Keiko Fujimori sufre su tercera derrota electoral consecutiva en una segunda vuelta presidencial muy polarizada, cruzada por una profunda crisis política en curso y la segunda ola de la pandemia que, con el sinceramiento de las cifras oficiales, el número se eleva brutalmente de casi 70 mil a más de 180 mil fallecidos por Covid-19. (..) El triunfo de Castillo es superior al 80 % en 17 de las 25 regiones, arrasando en el combativo sur y centro del país, ganando contundentemente en 10 provincias de las 11 donde se encuentran los proyectos mineros más grandes del Perú como una expresión de que el voto expresó las luchas más importantes del pueblo campesino, rural y explotado del Perú”.
Ahora bien, por su programa político, por el discurso presidencial del 28 de julio y con la designación de su Gabinete, el gobierno de Castillo y Perú Libre se consolida como un gobierno capitalista, con rasgos de carácter frente popular o conciliación de clases que gozará de apoyo popular y buscará compensar sus debilidades -como la carencia de un fuerte partido, la ausencia de un movimiento orgánico que lo acompañe, su minoría parlamentaria y la ausencia de liquidez económica o “viento de cola” para entregar grandes concesiones al movimiento de masas -a través de acuerdos, pactos y alianzas con los empresarios a quienes consideran sus aliados estratégicos. Es en ese sentido Pedro Castillo, Pedro Francke, y Vladimir Cerrón han manifestado hasta el cansancio que se respetará la inversión privada capitalista y se la fomentará, que el Gobierno no hará estatizaciones ni nacionalizaciones de los resortes fundamentales de la actividad económica altamente extranjerizada del país como la minería, los hidrocarburos o la pesca, y que se respetará el pago de la deuda externa del país a los organismos de créditos internacionales como el FMI o el Club de París o el BM. El nuevo Gobierno sostendrá la suspensión perfecta de labores y los beneficios tributarios junto a la prolongación del periodo de gracia para que los empresarios paguen los S/. 60,000 millones de soles que Velarde del BCRP – invitado por Castillo para sostenerse en el cargo– les regaló a los grandes empresarios junto a Vizcarra y Alva mediante el tramposo Reactiva Perú.
Con el nuevo Gabinete, el Gobierno intercalará gestos retóricos para ratificarse como un “gobierno del pueblo y para el pueblo”, mientras que, por arriba, continuará su llamado a la Unidad Nacional con los empresarios. Así, se ratificará como un Gobierno de unidad de la izquierda tradicional y reformista del país (con participación ministerial de PL, JP, NP, el FA y RUNA) y al servicio de un programa político socialdemócrata, de conciliación de clases, para administrar la crisis capitalista con doble discurso en la alianza estratégica con los empresarios nacionales, por lo que nuestra confianza solo puede estar depositada en la fuerza de la movilización y organización independiente del pueblo trabajador y los pueblos para conquistar las medidas urgentes que el pueblo necesita para que la crisis la paguen los capitalistas y no el pueblo trabajador.
Por la movilización y organización independiente del pueblo trabajador: 9 medidas de emergencia para salir de la crisis
La crisis capitalista mundial más grande de la historia no da lugar a medias tintas o tibias medidas negociadas con los capitalistas que, como siempre, no resolverán los problemas del movimiento de masas. Para salir de la crisis es necesario impulsar la más amplia unidad de acción independiente del Gobierno para conquistar las medidas de fondo que en un momento enarboló Pedro Castillo en la primera vuelta y hoy se encuentran postergadas para un futuro incierto. ¡Las necesidades del pueblo trabajador no pueden esperar!
Desde el Partido de las Trabajadoras y los Trabajadores-Uníos llamamos al pueblo trabajador, a las organizaciones obreras, populares y campesinas a sostener la movilización y a conformar coordinadoras unitarias de lucha por una Asamblea Constituyente libre y soberana, así como para conquistar nuestros reclamos y exigencias. ¡La misma movilización que pusimos en pie para enfrentar a Keiko y la derecha debe continuar hasta conquistar nuestros reclamos! Impulsar la más amplia unidad, por las siguientes medidas programáticas que exigimos al gobierno de Castillo su inmediato cumplimiento para transformar la consigna electoral de “no más pobres en un país rico” en una realidad para el conjunto del pueblo pobre del Perú:
1- Contra el hambre, la informalidad y la desocupación: plan de obras públicas para generar trabajo genuino y salario dignos: con salarios de miseria y un salario mínimo de S/. 930 soles, mientras la canasta familiar supera los S/. 1,300 soles no habrá mejores condiciones de vida para el pueblo trabajador. Enfrentar la herencia y el continuismo neoliberal debe partir por garantizar un salario digno a todos los trabajadores. Contra la galopante desocupación cercana al 15 % y una informalidad que condena a más del 73 % de la PEA es necesario un plan de obras públicas estatal y centralizado, que comience por la construcción de las viviendas populares y hospitales faltantes y que garantice trabajo genuino y no temporal y precario.
2- ¡Aumento del presupuesto ya para la salud del 10 %! ¡Abajo el negocio de las clínicas privadas! ¡No más CAS en la salud!: El Covid-19 demostró que la privatización y el desfinanciamiento del sistema de salud es la principal causa por la que más de 200.000 personas murieron ante el Covid-19. ¡Los gobiernos son responsables! Para revertir esta situación hay que garantizar un inmediato aumento del presupuesto para el sector público no menor al 10 % del PBI, terminar con los negociados de las clínicas privadas y centralizar el sistema de salud en un solo sistema de salud público, gratuito y de calidad que garantice salarios y estabilidad a los trabajadores de la salud anulando de manera inmediata los CAS en todo el sector.
3- Aumento salarial ya y nombramiento a los maestros y docentes. ¡por el pago de la deuda histórica! ¡No más maestros pobres en un país rico! ¡La deuda histórica es con los maestros no con el FMI!: la deuda pública con los maestros no puede esperar más. Cientos de miles de trabajadores de la educación de todos los niveles aguardan y luchan por la concreción de todas las demandas de la huelga magisterial del año 2017 que ni Vizcarra, Merino, ni Sagasti cumplieron. ¡No más maestros con salarios de hambre, 4 UIT ya! nombramiento de todos los trabajadores de la educación y anulación de la Ley de Reforma Magisterial precarizadora y neoliberal!
4- ¡Anulación ya de las concesiones y estatización de las empresas privatizadas por la dictadura fujimorista!: La columna vertebral del modelo fueron las privatizaciones que entre 1990 y el 2000 remató el 90 % del patrimonio estatal en la minería, el 85.5 % de la minería, el 68 % de hidrocarburos y electricidad y el 35 % de la agricultura. ¡Hay que estatizar las privatizadas y ponerlas bajo gestión y control de los trabajadores para que sirvan al pueblo!
5- ¡Anulación de la suspensión perfecta y reincorporación de los trabajadores despedidos! ¡Prohibición de los despidos y repartos de las horas de trabajo!: los trabajadores ya no soportan la suspensión perfecta de labores que dejó millones de trabajadores en la calle. El gobierno de Castillo debe anular estas medidas de Vizcarra que siguen vigentes y garantizar la reincorporación de todos los trabajadores despedidos por estas maniobras e imponer el reparto de las horas de trabajo para terminar con la extenuante jornada de 10 horas e incorporar a la producción y el trabajo a miles de trabajadores desocupados o informales.
6- Basta de saqueo de nuestros recursos. ¡Nacionalización ya de gas de Camisea!: los capitalistas se quedaron con el beneficio de la explotación de nuestros recursos naturales gracias a la dictadura fujimorista y sus negociados. ¡Hay que recuperar nuestros recursos anulando ya los contratos de concesiones pues nunca fueron cumplidos porque el pueblo no se benefició! Los recursos naturales deben ser del Estado bajo control de los trabajadores para ponerlos a disposición del pueblo y sus necesidades. ¡Que el gas de Camisea vuelva al pueblo! ¡Fuera los capitalistas de nuestros territorios!
7- Por un Plan Nacional Agroalimentario que garantice la colocación centralizada de la producción agraria y las 12.8 millones de toneladas de alimentos que se pierden por el abandono de los gobiernos y garantizar así alimentos saludables para el pueblo. Mientras la pobreza crece a ritmos escandalosos producto de la crisis y más del 12 % de niños y niñas sufre desnutrición, necesitamos un plan que garantice la colocación de los alimentos en el plato de las familias trabajadoras del campo y la ciudad. Que el Estado monopolice el comercio para garantizar precios justos y alimentos de calidad y así evitar la crisis económica que funde a los pequeños productores abandonados por los gobiernos.
8- ¡Plata para trabajo, salud y educación no para el FMI y los capitalistas! ¡Impuesto a las grandes fortunas ya! La crisis que vivimos exige prioridades, no se puede seguir pagando la deuda con el hambre del pueblo. Necesitamos terminar con los subsidios y exoneraciones a los grandes capitalistas e imponer un impuesto a sus grandes fortunas de manera inmediata y dejar de pagar la deuda externa que este año llevará más de S/. 47.000 millones de soles del Presupuesto para su renegociación, mientras la salud solo recibió algo más de S/. 20.000 millones de soles. ¡Hay que suspender los pagos de la deuda externa para destinar esos recursos al trabajo, la salud y la educación que el pueblo necesita!
9- ¡Por una Asamblea Constituyente libre y soberana ya! ¡El pueblo ya habló! Hay que terminar con la Constitución de 1993 con la que los capitalistas y los ricos se han enriquecido. Necesitamos la convocatoria urgente a una Asamblea Constituyente libre y soberana que sin ataduras permita la participación de las organizaciones obreras, populares y campesinas de todo el país. Luchemos por la Asamblea Constituyente sin maniobras. ¡Por una nueva Constitución! ¡Por un gobierno de los trabajadores sin empresarios ni burócratas!
Llamamos a los trabajadores y los pueblos del Perú a poner en marcha la unidad, organización y lucha por estas medidas urgentes y al calor de ellas construir juntos el partido de los trabajadores, que, como sepultura del capitalismo, nos permita construir una sociedad sin explotados ni explotadores.
Partido de las Trabajadoras y los Trabajadores Uníos
2 de agosto de 2021
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