Avanza la criminalización de las luchas del movimiento campesino
Aproximadamente a las 6:30 de la tarde de ayer, 18 de abril, Carlos Ortega, Humberto Osuna, Sydney Osuna, Luis Olivares, Armando García, Armando Tovar y Simón Valera, fueron desplazados hacia la Fiscalía en Guanare, capital del estado Portuguesa.
Aproximadamente a las 6:30 de la tarde de ayer, 18 de abril, Carlos Ortega, Humberto Osuna, Sydney Osuna, Luis Olivares, Armando García, Armando Tovar y Simón Valera, fueron desplazados hacia la Fiscalía en Guanare, capital del estado Portuguesa.
Los siete formaban parte de las 63 familias campesinas que se encontraban en el fundo El Rodeo (municipio Papelón, sector Papayito), en pleno proceso de recuperación, trabajando en conjunto con el Inti y el Fondas y que fueron asaltados por efectivos de la Policía Selvática del estado Portuguesa en un procedimiento “más parecido a una emboscada liderada por los propios terratenientes, fue llevado a cabo por la Policía Selvática del Edo. Portuguesa, cuerpo que tiene estrechas relaciones con hacedandos/as, según las denuncias de lídere/zas de ese estado” como reporta el periódico Proceso en diversos portales de la red.
En dicho asedio, en los que también fueron detenidos tres funcionarios del Inti que se encontraban en el predio realizando tareas de demarcación junto a los/las campesinos/as, fueron amenazados, violentados y sometidos por los efectivos, al momento de intervenir en la detención de Carlos Ortega Humberto Osuna, Sydney Osuna, Luis Olivares, Armando García, Armando Tovar y Simón Valera. Fueron sometidos y obligados a permanecer en el suelo, mientras se llevaban a los otros siete. Los técnicos y las otras 54 personas fueron liberadas, y las familias expulsadas del fundo, que actualmente se encuentra ocupado por efectivos de la Policía Selvática y la Guardia Nacional. Entre las víctimas se encuentra una compañera con ocho meses de embarazo, que sin considerar su estado recibió el mismo trato. A las horas todos/as fueron liberados, incluyendo a los 3 funcionarios del Inti.
Otro fue el destino de los restantes siete: En evidente violación de los derechos humanos fundamentales, del Código Orgánico Procesal Penal y de las garantías constitucionales, los siete fueron reseñados como criminales en la cede del Cicpc en Guanare, se les abrió expediente, se les mantuvo detenidos por más de 24 horas, para finalmente, por orden de la jueza encargada del caso (cuyo nombre y competencia tendremos en poco tiempo) Carlos Ortega, Humberto Osuna, Sydney Osuna, Luis Olivares, Armando García, Armando Tovar y Simón Valera son sometidos a régimen de presentación.
Decisión que se contradice con la petición del Fiscal Superior de otorgarles libertad plena, ya que el caso carecía de sustanciación y que destaca el carácter viciado de la decisión.
Ensañamiento con el dirigente Carlos Ortega
Se hace necesario realzar la prepotente actuación del Coronel de la GN, Gilberto Saluzo, Comandante General de la Policía de Portuguesa, quien en reiteradas ocasiones, previas al juicio, amenazó con imputar al dirigente Carlos Ortega, para luego ingresar a la sala donde se les llevaba el juicio a los siete de El Rodeo, irrespetando el procedimiento judicial, vociferando y amedrentando a los juzgados, gritando a todo pulmón: “Ustedes son unos invasores”, según revela una fuente.
A todo esto se le debe agregar la rencilla personal que el gobernador Wilmar Castro Soteldo con Carlos Ortega que en días recientes había emitido opiniones duras pero fundamentadas en relación a para quién trabaja el gobernador de portuguesa, si para el pueblo campesino, o para la oligarquía latifundista. Según revela una fuente, de la misma boca de Castro Soteldo, salió la orden “indirecta” de darle una lección ejemplar a Ortega.
Todo esto indica que se trata de una retaliación política, ya que la decisión de la jueza contraviene a la petición del Fiscal Superior de otorgarle a los campesinos libertad plena. Contando además con el aval del Instituto Nacional de Tierras (INTI) y el Fondas, puesto que de las 923 hectáreas del fundo, 450 estaban siendo destinadas para el desarrollo de un Proyecto Integral Productivo, con enfoque agroecológico.
Por otro lado, es de emergencia destacar que con este acto de criminalización y deslegitimación de la lucha llevada a cabo por los siete de Guanare y las 63 familias asentadas en el fundo El Rodeo, permite, en especial en el caso de Carlos Ortega, el desarrollo de una situación lamentablemente conocida: al criminalizar a Carlos Ortega, reconocido dirigente regional, se facilita el escenario de una muerte por sicariato, como ha ocurrido en otras ocasiones. Ya que la criminalización pivotea la nefasta matriz de que se trataba de un ajuste de cuentas por parte del hampa, obviando el verdadero rostro de un luchador agrario en pleno rescate legítimo de la tierra.
Ignoramos si el gobernador estará al tanto de las consecuencias que implica esta decisión, pero de lo que no queda duda es que se trata más de una rabieta personalizada que de un caso de justicia imparcial. Máxime cuando el Comandante de la Policía de la región amenaza y vocifera abiertamente, emitiendo amenazas del cuño de “ni que venga el presidente Chávez a ordenarme tu libertad vas a salir”, reflejando su carácter reaccionario, cómplice de la impunidad y de hombre antipueblo.
Tampoco se debe perder de vista el accionar de la Policía Selvática, creada por la ex gobernadora Antonia Muñoz, con la presunta intención de prevenir “crímenes de impacto ecológico”, pero que ha tenido una destacada actuación a favor de latifundistas y en contra del pueblo campesino, en un estado donde la criminalización es cuestión de tradición, si recordamos los diversos casos de Grupos Exterminios compuestos por integrantes de la Policía de Portuguesa en años anteriores. Y que, además, destaca una victoria a favor de Ismael Pena (se le calculan 13.000 hectáreas) y el latifundismo portugueseño.
Con los siete de El Rodeo, suman 1.507 campesinos desmovilizados en régimen de presentación acusados de invasores desde que entró en vigencia en el 2001 la Ley de Tierra y Desarrollo Agrario. En numerosas oportunidades, el movimiento campesino ha exigido la Enmienda de la disposición transitoria Nº13, y del artículo 471-a y 472 del Código Penal reformado que burocratizan y criminalizan la ocupación de tierras ociosas.
Notas e interrogantes
-A la comandancia general de la policía del estado Portuguesa en Guanare, se movilizaron alrededor de 80 campesinos esperando mayor movilización para hoy 19 de abril. Esto, evidentemente, marcó presión y agilizó el proceso de liberación de Carlos Ortega, Humberto Osuna, Sydney Osuna, Luis Olivares, Armando García, Armando Tovar y Simón Valera.
-¿Se manifestarán sobre el caso el PSUV en el estado y a nivel nacional, la Defensoría del Pueblo particularmente la Defensoría Agraria y la gobernación que se proclama socialista, Consejo Legislativo del estado Portuguesa y la Asamblea Nacional? ¿Qué dirán los medios del sistema público?
-Que el asedio al fundo El Rodeo se haya realizado justamente el Día de la Dignidad Campesina (17 de abril) agrediendo física y verbalmente a 63 campesinos y técnicos que son servidores públicos, desalojando además a las familias que rescatan la tierra, establece un lamentable contrasentido; que la sentencia a los siete se haya dado un día antes de cumplir casi 200 años del 19 de Abril de 1810, conmemorando la fecha de inicio de la Revolución de Independencia en Nuestra América, una ironía macabra; cuando además estamos en tiempos de revolución, así la gobernación de Portuguesa y los latifundistas no lo crean.
¡Exigimos a las autoridades compententes que se liberen de todo cargo a Carlos Ortega, Humberto Osuna, Sydney Osuna, Luis Olivares, Armando García, Armando Tovar y Simón Valera y a los demás 1.500 campesinos que pagan régimen de presentación de forma injusta!
¡Basta de impunidad! ¡Honor y gloria a los 214 campesinos asesinados!