Criminalización de la protesta alcanza a defensores de DDHH
Sábado, 13 de marzo de 2010. Foto cortesía www.laclase.info. 25 trabajadores y 3 activistas del grupo de derechos humanos Provea fueron detenidos la tarde de este viernes mientras manifestaban en contra de la criminalización de la protesta, el plan de ajuste económico y la privativa de libertad del secretario general de Sintraferrominera, Rubén González. Una rápida reacción de movimientos sociales y coalición de ONG presionaron la liberación anoche de los participantes de la concentración obrera.
Sábado, 13 de marzo de 2010. Foto cortesía www.laclase.info. 25 trabajadores y 3 activistas del grupo de derechos humanos Provea fueron detenidos la tarde de este viernes mientras manifestaban en contra de la criminalización de la protesta, el plan de ajuste económico y la privativa de libertad del secretario general de Sintraferrominera, Rubén González. Una rápida reacción de movimientos sociales y coalición de ONG presionaron la liberación anoche de los participantes de la concentración obrera.
25 trabajadores y tres activistas del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) fueron detenidos la tarde de este viernes en una protesta organizada por 30 sindicatos, movimientos sociales y la Unión Nacional de Trabajadores-Aragua (Unete).
“Nuevamente el Gobierno nacional mostró su talante antiobrero y represivo, al reprimir con saña la protesta contra el plan de ajuste capitalista, convocada por la Unión Nacional de Trabajadores-Aragua, así como organizaciones revolucionarias y obreras del país”, refirió la página en Internet del colectivo laclase.info.
La manifestación contra la criminalización de la protesta y la libertad de Rubén González (secretario general de Ferrominera Orinoco privado de libertad) -entre otros- fue disuelta por un piquete de PoliAragua, el cual reprimió la manifestación con bombas lacrimógenas y privó de libertad por unas horas a un grupo de trabajadores y defensores de derechos humanos.
“Hubo muchas llamadas, el Gobierno sabía que el costo político nacional e internacional era demasiado alto, sobre todo porque el jueves dieron una rueda de prensa contra la criminalización de la protesta”, dijo Alvarado vía telefónica al Correo del Caroní.
Contó que la intención era abrir un proceso penal contra estos dirigentes e indicó que la liberación no obedece al respeto a los derechos humanos de parte del Gobierno venezolano, sino a la movilización y llamadas de numerosas organizaciones que hicieron recapacitar a los funcionarios.
Alvarado opinó que la arremetida contra la manifestación pacífica que se desarrolló en Aragua, pone de manifiesto la poca tolerancia del Ejecutivo frente a la protesta social, un rasgo identificado en el último informe anual de la organización.
Rechazo general
Foro por la Vida, coalición venezolana de organizaciones de derechos humanos, rechazó la represión perpetrada por los organismos policiales del estado Aragua (PoliAragua) contra los defensores de derechos humanos Rober Calzadilla, Rafael Uzcátegui y Marco Antonio Ponce y otros 25 trabajadores y sindicalistas.
Rubén González, dirigente sindical de Ferrominera Orinoco (FMO) privado de libertad en Patrulleros de Caroní, también repudió la acción y envió un mensaje a través de Correo del Caroní a los detenidos.
“La injusticia no prevalecerá en contra de la justicia divina, porque los guerreros de Dios se caracterizan porque insisten, resisten, persisten, se esfuerzan, son valientes, progresan donde otros se regresan, Él nos dará la victoria”, dijo el líder de FMO.
Nuevamente el dirigente sindical exhortó a todo el movimiento de los trabajadores a mantenerse unido, pues los defensores laborales fueron elegidos por los empleados para representar los intereses del colectivo y no de particulares.
Pidió que aquellos que intentan desplazar a la dirigencia sindical legítima lo hagan por el terreno legal, con elecciones y en la defensa de los derechos de los trabajadores.
