Denuncian nuevo ataque judicial a Rodney Álvarez
Por Prensa PSL
Caracas, 19 de octubre de 2021.- Ayer, el equipo de abogados de Rodney Álvarez hizo llegar a nuestra organización política, una declaración donde explican en detalle el nuevo ataque judicial en contra del preso político obrero mencionado.
En ese sentido, es evidente que el gobierno de Maduro continúa utilizando al sistema judicial para reprimir y perseguir a la clase trabajadora venezolana, en medio de la aplicación de su paquete antiobrero y antipopular.
Desde el Partido Socialismo y Libertad, seguimos exigiendo libertad inmediata y plena para Rodney Álvarez, como lo hemos hecho desde hace 10 años, cuando fue detenido por un montaje judicial gubernamental. En el marco de nuestro apoyo al preso político obrero Rodney Álvarez, difundimos la referida declaración de su equipo de abogados.
Caracas, 18 de octubre de 2021
PREPARANDO LA CONTINUACIÓN DEL FRAUDE JUDICIAL CONTRA RODNEY ÁLVAREZ
El día 21 de julio del año en curso, por «sorteo», ingreso el expediente a la sala N° 1. de la Corte de Apelaciones del circuito judicial penal del área metropolitana de Caracas, procedente del TRIBUNAL DOCE DE JUICIO por apelación de la defensa privada contra la fraudulenta sentencia condenatoria en perjuicio del trabajador ferrominero Rodney Álvarez, donde fue registrado con la nomenclatura 4424-2021.
Ante todo tenemos que denunciar la manipulación del sorteo de expediente en el caso de Rdoney Álvarez, ya que en el año 2019, el recurso de apelación contra la decisión de la jueza Paulette León Guevara, quien negó la medida cautelar de libertad, fue remitido a la sala N°. 1 de la Corte de Apelaciones, hoy nuevamente, el expediente es remitido dizque por sorteo a la misma sala
Sobre la actuación de los jueces de la corte de apelaciones, debemos señalar que el artículo 90 del Código Orgánico Procesal Penal, vigente hasta el 15 de septiembre del presente año, establecía la inhibición obligatoria en el caso de jueces que habían conocido del caso, y en consecuencia, emitido opinión, sin embargo, la jueza EVELIN DAYANA MENDOZA HIDALGO, presidenta de la referida sala y a su vez presidenta del circuito judicial penal de Caracas, espero que la defensa privada solicitara el cumplimiento de esta normativa para resolver su inhibición y la del juez integrante JOSE MIGUEL RHODE URBANEJA, como otra táctica dilatoria para continuar retardando el proceso judicial.
Es importante informar a la opinión pública que este último juez fue denunciado en el año 2019 ante la Inspectoría General de Tribunales por incumplimiento de derechos y garantías constitucionales en perjuicio de Rodney Álvarez, quedando dicha denuncia registrada con el número R191302-19, la cual, por mandato del inspector general de tribunales MARCO ANTONIO MEDINA fue engaveta con órdenes precisas que se le negara al denunciante el acceso al expediente y cualquier información requerida.
En cuanto a la jueza EVELIN DAYANA MENDOZA HIDALGO, tuvo conocimiento del caso y emitió opinión en el año 2019, cuando se pronuncio en contra de la medida cautelar sustitutiva de libertad a favor de Rodney Álvarez, según se puede evidenciar en el expediente signado con el número 4240-18, a pesar que el artículo 230 del COPP, establecía la obligación de otorgar una medida cautelar en aquellos casos en que transcurrido dos (2) años no hubiese culminado la judicialización.
Debemos denunciar que para la fecha en que la defensa privada solicito la medida cautelar sustitutiva de libertad, el procesado tenía ocho (8) sin que se hubiese concluido el juzgamiento, por lo tanto, era procedente desde el punto de vista legal y procesal el otorgamiento de la medida de libertad, sin embargo, la jueza EVELIN DAYANA MENDOZA HIDALGO, abusando de la autoridad y desconociendo las disposiciones legales, se opuso a que bajo ninguna circunstancia se le reconociera a Rodney Álvarez sus derechos a ser juzgado en libertad,
Hoy al igual que en el año 2019, se fragua un nuevo fraude judicial contra Rodney Álvarez, a quien pretenden ausentarlo de la audiencia de apelación para ratificar la ilegal sentencia condenatoria, aunque la constitución nacional en su artículo 49, numeral 3, establece que toda persona tiene el derecho a ser oída en cualquier clase del proceso, con las debidas garantías y dentro del plazo del plazo razonable, por lo tanto, en reconocimiento a este articulado, Rodney tiene el legitimo derecho a ser oído en todo estado y grado del proceso.
Al negársele este derecho, el gobierno nacional está demostrando que en Venezuela se perdió el Estado de derecho y de justicia, y en consecuencia, se instauró un régimen totalitario que controla todos los poderes constituidos.
Por último, hacemos un llamado a las abogadas GISELA HERNANDEZ ROZO, en su carácter de jueza presidenta, CARMEN TERESA BETANCOURT, integrantes de la sala accidental de la corte de apelaciones, y en especial a la jueza ponente LISBETH KARIM LUDERT SOTO, a que respeten el debido proceso y garanticen el derecho a un juicio justo e imparcial, y más en estos en momentos cuando la justicia internacional está exigiendo al gobierno nacional la pulcritud en la aplicación de la ley.