Derecho que no se defiende es derecho que se pierde

En lo que fue un despliegue desproporcionado de la fuerza pública, el
pasado viernes 12 una marcha de trabajadores y trabajadoras fue
reprimida en la ciudad de Maracay. Esta convocatoria, realizada entre
otras organizaciones por la Unión Nacional de Trabajadores del estado
Aragua, constituía un paso importante por parte de la dirigencia
sindical para retomar una agenda de movilizaciones con
reivindicaciones estrictamente laborales, una situación torpedeada por
la febril polarización política experimentada por la sociedad
venezolana en los últimos años. Esta necesidad de volver a la calle se
traducía en una multiplicidad de exigencias, que iban desde el rechazo
al paquete de medidas económicas y el alto costo de la vida; la
exigencia de justicia en el caso del asesinato de los dirigentes Luis
Hernández, Richard Gallardo y Carlos Requena; la salida de las
trasnacionales petroleras del país; la denuncia de la flexibilización
laboral y la libertad para Rubén González y Sabino Romero.

A la cita acudieron entre 200 y 300 personas, los cuales eran
excedidos en número por los funcionarios de Poliaragua, quienes
impidieron que la marcha se realizara disparando bombas lacrimógenas y
realizando arrestos arbitrarios. Entre las 27 personas detenidas se
encontraba el autor de estas líneas, y tras siete horas de privación
de libertad fuimos liberados. De manera preliminar realizamos el
siguiente análisis.

1) No existe una política democrática de preservación del orden
público. Los datos confirman que la obstaculización y represión a las
manifestaciones pacificas por derechos sociales es una practica
sistemática realizada por diferentes cuerpos policiales del país.
Estas prácticas están presentes en los nuevos operativos como el
denominado “Dispositivo Bicentenario”.

2) Es inconstitucional la solicitud de un “permiso” para ejercer el
derecho a la manifestación pacifica. El artículo 68 de la carta magna
garantiza el derecho a manifestar pacíficamente y sin armas, mientras
que el artículo 38 de la ley de Partidos Políticos, Reuniones
Públicas, y Manifestaciones establece como única condición la
notificación 24 horas antes del lugar e itinerario escogido para la
movilización. Es falso, y por decirlo en términos pedestres golpista y
cuartorepublicano, que los manifestantes obstaculicen al ejercer su
derecho el libre transito, pues son las autoridades las que deben
tomar precauciones para canalizar el tráfico vehicular y de personas
por vías alternas. Si una idea positiva resulto de la discusión con
los representantes de la Defensoría del Pueblo, confundidos con la
tesis del permiso, fue la de remitirles una copia de la notificación
para que pudieran realizar una veeduría del evento y así garantizar el
ejercicio del derecho.

3) Es inconstitucional e ilegal la amenaza de los funcionarios
policiales contra los manifestantes que fotografían o graban en video
tanto la concentración como el operativo policial. El derecho a la
libertad de expresión e información esta garantizado en la
Constitución, y desde las organizaciones de derechos humanos
fomentamos el registro de las acciones para poder denunciar con
pruebas los excesos de los cuerpos de seguridad.

4) La liberación de los 27 manifestantes demuestra que si existe la
suficiente voluntad política se pueden garantizar los derechos
constitucionales y revertir su criminalización. El regreso a la calle,
sin cargos ni expedientes, ratificó que los funcionarios de Poliaragua
realizaron ese día un procedimiento arbitrario y de espaldas a la
Constitución. La Defensoría del Pueblo debe pronunciarse públicamente
para repudiar tanto la violación al derecho a la libertad personal
como a la manifestación pacífica de ese y de los diferentes casos
registrados en el país. La libertad de los 27 detenidos sienta un
precedente que, por otra parte, demuestra la inocencia de las decenas
de casos de trabajadores, estudiantes y campesinos sometidos a un
régimen de presentación por realizar una manifestación.

5) El cierre de calles ha sido una herramienta de exigibilidad de
derechos practicada históricamente por el movimiento popular
venezolano. El monitoreo de protestas realizado desde el inicio de la
democracia en el país demuestra que el cierre de calles ha sido la
estrategia privilegiada por las comunidades para presionar por la
satisfacción de sus necesidades. Avalar un discurso que sugiera la
ilegalidad de esta practica no solo es inconstitucional, sino legitima
la racionalidad estatal que ha permitido la represión contra la
subjetividad y práctica comunitaria cimentada a través de los años.

6) La rápida respuesta de los diferentes colectivos sociales corrobora
la potencialidad de la articulación del tejido social desde y para la
base. El país no se encuentra dividido entre oficialistas y
opositores, sino entre nuevos y viejos privilegios, de un lado, y los
excluidos de diferente signo por otro; entre quienes detentan y
acumulan poder y entre quienes son oprimidos en su necesidad de una
vida que merezca ser vivida. Los diferentes sectores, entre los que
nos encontramos las organizaciones de derechos humanos, debemos seguir
tendiendo puentes entre las luchas, edificando redes y coordinaciones
flexibles y. por ultimo, descifrando el contexto nacional, regional e
internacional que permite la violación y regresión de la dignidad
humana en todas sus formas.

Este lunes 15 de marzo realizaremos una concentración en la Fiscalía
de Parque Carabobo, ubicada en Caracas, para exigir la liberación del
dirigente de Ferrominera Rubén González detenido por participar en una
huelga por derechos laborales. La convocatoria es para las 10 de la
mañana, e invitamos a las diferentes organizaciones sindicales del
país a realizar actos de presión en sus regiones.