Ecuador: movilizacion nacional contra la ley minera con cierres de carreteras y marchas en algunas ciudades

El 20 de Enero se cumplió una intensa jornada de movilización nacional contra la aprovación de una nueva ley minera. Esta movilización fue convocada por la CONAIE(Confederación de Nacionalidades Indigenas del Ecuador), organizacion que aglutina a las comunidades indigenas del pais junto con comunidades campesinas y grupos ecologistas aglutinados dentro de la Coordinadora Nacional por la Defensa de la Vida y la Soberanía. Asi gran parte de la carretera panamericana y otras vias menores fueron paralizadas por las comunidades indigenas y esto deja como saldo 10 manifestantes detenidos asi como manifestantes y policias heridos.

En la ciudad de Quito, varios colectivos y organizaciones de diverso tipo se plegaron a la medida convocada por la CONAIE y manifestaron en las afueras del rebautizado ex Congreso Nacional, ahora «Asamblea Nacional». Los dirigentes de la CONAIE denunciaron que buses de manifestantes que venian a la capital a manifestarse, fueron impedidos de entrar a la ciudad por la Policía Nacional.

Se reportaron cierres de carreteras en las provincias de Pichincha, Imbabura, Cotopaxi, Chimborazo, y Loja mientras hubieron marchas en Paztaza, Cotopaxi, Tungurahua y Azuay ademas de en la ciudad de Quito.

Los medios de comunicación y el gobierno de Correa han tendido a minimizar las protestas pese a que los canales de television reportaban las acciones en tanto se daban en varios puntos del pais.

La CONAIE justifica la protesta y denuncia en un comunicado reciente en la siguiente manera. «Nuestro pedido de que se archive la Ley Minera que se la promueve desde el ejecutivo se fundamenta en el carácter inconstitucional de la misma; se ha desconocido derechos fundamentales como el de la consulta, no hay garantías suficientes para la protección del entorno natural y del agua. Es de conocimiento mundial que esta actividad genera graves impactos de orden ambiental si no se la hace con el máximo rigor. Nos ratificamos en que si es necesaria una Ley Minera, pero esta debe ser elaborada por la Asamblea Nacional Legislativa una vez elegida y más no por un Congresillo cuya legalidad y mandato es fuertemente cuestionado a nivel nacional y mundial. Si el país desea ingresar a la era minera, debe ser luego de un serio legal y sistemático debate nacional, con todas las garantías para derechos fundamentales y pensando fundamentalmente en el interés nacional con plena garantía a derechos. No ha habido en el país un debate serio sobre la Ley Minera que se impone desde el Ejecutivo. Nos hemos retirado de la sala del Congresillo porque no había garantías para un debate serio e integral. En una reunión de un par de horas no se iba a abordar este tema de manera debida. Es irresponsable para el país pretender que esta es la forma de debatir, y construir consensos con prioridades para el país.»

Un comunicado de organizaciones y colectivos de la ciudad de Quito que se plegaron a las jornadas de movilización manifesto que «En medio de la protesta de distintos sectores organizados de la población ecuatoriana, el 12 de enero de 2009, la Comisión Legislativa y de Fiscalización aprobó una nueva ley de minería con los votos del bloque de Alianza País. Esta nueva ley no solo otorga el mismo tratamiento a las empresas nacionales y transnacionales, en detrimento de la soberanía jurídica del país, sino también perpetúa el modelo extractivista, destructivo y dependiente que durante décadas ha profundizado las desigualdades sociales y económicas del Ecuador, desconociendo el derecho a la oposición y consulta de las poblaciones afectadas por la extracción de recursos naturales y poniendo en riesgo el acceso al agua como derecho humano.»

El gobierno ha enfrentado varias acciones de oposicion a la nueva ley minera desde hace algunos meses que han incluido en algunas instacias cierres de carretera locales; marchas y plantones en las ciudades de Quito, Cuenca y el sur de la Amazonía; y en las semanas anteriores huelgas de hambre. Una en las afueras de la Asamblea Nacional y otra en la ciudad de Cuenca en las cuales participaron comuneros afectados por la minería asi como grupos de ecologistas. El gobierno ha repsondido defendiendo a la policía asi como acusando a la CONAIE de «desesetabilizar la democracia» y afirmando que los que protestan serian unos pocas personas pagadas o unas pocas personas de clase media.

Dentro de la Asamblea Nacional la bancada de brazo politico del movimiento indigena el MUPP ha mostrado oposicion asi como la asambleista de la RED, Marta Roldos. Desde fuera el ex presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, controlada por el partido de Correa, Alberto Acosta tambien ha denunciado a la ley como «entreguista» y con posibilidades de causar graves daños ambientales y sociales. Acosta fue removido de la cupula de la Asamblea Constituyente por ordenes del Buro Politico de Alianza Pais, el partido de Correa y ahora figura en los medios de comunicacion como visible critico de izquierda a algunas acciones del gobierno.