«Exigimos al gobierno que ordene a sus funcionarios y empresarios privados, el reenganche de todos los despedidos», Orlando Chirino
Complacido por la decisión del Ministerio del Trabajo que ordena a la Alcaldía del Distrito Metropolitano de Caracas, reenganchar y cancelar los salarios caídos a 2.252 trabajadoras y trabajadores despedidos de la misma, el coordinador de la Unión Nacional de Trabajadores, Orlando Chirino, hizo un llamado al Presidente de la República Hugo R. Chávez, para que en la misma forma ordene a los ministros, alcaldes y gobernadores del PSUV a reinstalar en sus puestos de trabajo a todas las trabajadoras y trabajadores que fueron despedidos ilegalmente, como lo hizo el alcalde de la oposición de derecha Antonio Ledezma.
Complacido por la decisión del Ministerio del Trabajo que ordena a la Alcaldía del Distrito Metropolitano de Caracas, reenganchar y cancelar los salarios caídos a 2.252 trabajadoras y trabajadores despedidos de la misma, el coordinador de la Unión Nacional de Trabajadores, Orlando Chirino, hizo un llamado al Presidente de la República Hugo R. Chávez, para que en la misma forma ordene a los ministros, alcaldes y gobernadores del PSUV a reinstalar en sus puestos de trabajo a todas las trabajadoras y trabajadores que fueron despedidos ilegalmente, como lo hizo el alcalde de la oposición de derecha Antonio Ledezma.
“No se puede tener una doble moral frente a los derechos de los trabajadores. No es posible que el gobierno, a través de las Inspectorías del Trabajo, le den un ultimátum a Ledezma para que los reinstale a más de 2500 trabajadores en sus puestos en la alcaldía, pero al mismo tiempo se hagan los de la vista gorda frente a las decenas de miles de despedidos realizados por alcaldes, gobernadores, la presidenta de la Asamblea Nacional, ministros y otros funcionarios. Así como se está haciendo con la Alcaldía Metropolitana, también tiene que ordenarse el reenganche de todas estas trabajadoras y trabajadores que están siendo despedidos de entes gubernamentales. En particular, a las juntas de supresión del SASA, y otros organismos como el Conac e Inavi, entre otros, para que den marcha atrás con la política de supresión que ha dejado en la calle a más de 10 mil compatriotas.”
Chirino también planteó que esto debe ser aplicado a todas las empresas privadas que están despidiendo trabajadores en todo el país, las cuales estarían haciéndole pagar a los trabajadores la crisis económica.
«El gobierno también debe darle un ultimátum a las numerosas empresas privadas que están despidiendo trabajadores, con el argumento de la crisis económica. El mismo presidente de Conindustria afirmó que el 30% de sus empresas afiliadas habrían despedido trabajadores. Incluso, sabemos, por ejemplo, que en el estado Miranda se habrían producido ya más de 4000 despidos. Todas las inspectorías del país están abarrotadas de gente amparándose y denunciando esta situación.»
Las declaraciones las hizo después de participar en un seminario de formación a trabajadores y dirigentes sindicales del Movimiento de Acción Sindical y Socialista de Yaracuy, realizado este sábado 11 de julio. “En el evento se han hecho presentes una delegación de trabajadoras y trabajadores de la administración pública despedidos y precisamente ellos hicieron hincapié en que el gobierno nacional obliga a Ledezma a reenganchar, pero no lo hace con los 4.000 trabajadores que fueron despedidos arbitrariamente por el gobernador del estado Yaracauy.”
Agregó que “la lucha y la movilización son las únicas herramientas que nos quedan a los trabajadores para defender nuestros derechos. Hace un mes y medio los 5.000 trabajadores despedidos por la gobernación del estado Falcón hicieron una gran movilización y varias acciones de protesta y con ello lograron parar los despidos, y concretar su reincorporación a sus puestos de trabajo. Esa misma actitud debe ser asumida por todos los empleados públicos que son agredidos por los alcaldes y gobernadores del PSUV, así como por los trabajadores de empresas privadas.”
La Corriente Clasista, Unitaria, Revolucionaria y Autónoma ha denunciado a los gobernadores golpistas de Táchira, Carabobo y Zulia, así como también al alcalde Ledezma, por despedir arbitrariamente a los trabajadores violando la Constitución y la LOT; con la misma firmeza tenemos que denunciar al gobierno nacional y a los funcionarios del PSUV, que se dicen socialistas y obreristas, y actúan de la misma manera. Que autoridad moral pueden tener el diputado Darío Vivas, Cilia Flores, Jorge Rodríguez, Jackeline Farías y otros dirigentes del PSUV, cuando ellos son responsables de los despidos del compañero William Díaz de la Asamblea Nacional, del compañero Armando Guerra de Hidrocapital, y de cientos de trabajadores echados a la calle de instituticiones suprimidas como el Conac, el Sasa, Fondafa, entre otras. Yo no oí a estos funcionarios levantar su voz de protesta cuando a mí me despidieron de PDVSA por luchar en defensa de los trabajadores, y porque somos integrantes del equipo nacional de dirección de CCURA.”
El dirigente sindical concluyó haciendo un enfático llamado al gobierno y sus funcionarios para que “no se sigan rasgando las vestiduras posando de obreristas. Exigimos que en forma inmediata se de cumplimiento a las 3.000 órdenes de reenganche emanadas por el Ministerio del Trabajo que obligan a las alcaldías, gobernaciones, ministerios e instituciones dirigidas por militantes del PSUV. También reclamamos al gobierno nacional que ordene a sus funcionarios en todos sus niveles, que detengan la sangría de despidos ilegales que están en ejecución o piensan ejecutarse en los próximos días bajo el argumento de la crisis capitalista. Otro tanto debe hacerse para parar los despidos que se están incrementando en la empresa privada. Los trabajadores no somos responsables de la crisis del capitalismo y no tenemos porqué pagarla. ”
