Por: Antulio Rosales

El voto indígena en Venezuela representa la última frontera electoral del país. Es un asunto que no se discute, que poco se conoce y, francamente, que poco le interesa a la opinión pública mainstream y a ambos bandos políticos.

Sabemos que la elección del 6 de diciembre no será una elección nacional. Sabemos que será una elección donde 113 diputados se escogerán por circuitos donde quien gana “se lo lleva todo”, es decir, la curul. Y habrán 24 elecciones por lista que se escogerán de manera pseudo-proporcional. El sistema privilegia a las mayorías, porque el voto popular no necesariamente se corresponderá con la proporción de representantes que llegarán al Palacio Federal Legislativo. Más aún, la elección proporcional beneficiará a los dos grupos más votados porque solo tres entidades tienen verdaderas “listas” (con más de dos puestos en disputa), lo que asegura que en todos las otras 21 entidades los dos partidos más votados obtendrán una silla en el parlamento (a menos que el más votado duplique al siguiente, como ocurrió en Delta Amacuro en 2010). Esto elimina las terceras vías, como pasó en 2010 con el intento del PPT, que a pesar de obtener más de 20% de los votos en Lara, no pudo llevarse un curul proporcional.

En esta elección también se escogerán tres representantes por circuitos con población indígena. Esta es una innovación de la Constitución de 1999 que a sazón de reparar siglos de marginación y violencia, le otorgaba representación directa a los pueblos originarios para que elevaran sus intereses en la máxima institución de representación popular. Era un caso de esos en los que se casaba la idea de democracia participativa y la justicia social, con mecanismos de la tradicional democracia representativa.

El chavismo en su discurso redencionista se asume como el único capaz de representar los intereses de los pueblos indígenas. Con un par de anécdotas y repitiendo ana karina rote con virilidad anti-imperialista, Chávez se asumió también voz de los pueblos originarios. Sin embargo, la principal política de justicia reparadora consagrada en la Constitución era las demarcaciones de sus territorios para asegurar un mínimo de respeto, coexistencia, y tal vez auto gestión, pero quedó en el papel. Un ministerio fue creado para administrar la repartición de misiones y asegurar la debida obediencia y cooptación.

A diferencia de los procesos paralelos de Ecuador y Bolivia, en Venezuela nunca hubo un intento de proclama plurinacional y multiétnica de la Revolución. Ésta siempre fue nacional, en singular, siempre fue bolivariana, hasta que se convirtió en socialista. Pero las naciones indígenas emprendieron luchas, en rigor asimétricas y con escasísimos recursos, por la demarcación y otras causas. Pero claro, esos territorios están atravesados por intereses de tenedores de tierra y prospectos mineros, lo que produce la evidente conjunción de poderes del exractivismo global, sea izquierdista o no. Decía Esteban Emilio Monsonyi “si en Perijá no existiesen reservas de carbón y otros minerales, ya las demarcaciones estarían hechas hace mucho tiempo y se respiraría un relativo clima de paz y concordia, aun en medio de los problemas subsistentes”. El poder coercitivo del Estado en sociedad con intereses particulares han actuado como saben hacerlo frente a las demandas indígenas. En esa aplanadora cayó el cacique Sabino Romero, por mencionar el rostro menos invisible.

Todavía hoy algunos analistas descuentan que los curules indígenas irán al chavismo. Ya en 2010 el circuito occidente fue a la oposición. La criminalización de las actividades económicas en la frontera pone en mayor nivel de vulnerabilidad y violencia la región occidental donde diversas etnias han sido empujadas al contrabando como forma de subsistencia. Cuesta pensar que esa silla volverá al chavismo. Ahora en la zona sur se desatan protestas cotidianas por los estragos de la minería ilegal que ocurren con la venia, la inoperancia o la complicidad estatal. Los estragos de esta “actividad” solo en Canaima son tan profundos que se estima pasarán 10 mil años para poder recuperar las condiciones previas. Si aquello no es una emergencia, digamosexcepcional, no sé qué más puede serlo. Pese a la patente marginación y pobreza, el circuito oriente es quizás el más leal a la maquinaria electoral del PSUV.Y en este tema, el chavismo siempre se ha visto incómodo. Algunas menciones de justicia dispersas acá y allá recuerdan que también es una causa propia, pero el silencio y la impunidad institucional se imponen como muestra concreta del carácter neo-colonial de la Revolución. Recuerdo en marzo de 2013, se congregaron algunas docenas de personas frente a la fiscalía luego del asesinato de Sabino a exigir justicia. Algunoscamaradas advertían que había que cuidar juntarse con aquellos que querían utilizar la causa en contra del gobierno. Se encontraban defensores de derechos humanos y activistas de la Revolución bajo el lente criminalizante del Ministerio Público. Una alianza era impensable. Los revolucionarios prestaban su solidaridad pero nunca podían poner en duda su lealtad.

Sea quien fuera mayoría en la Asamblea Nacional en 2016, tendrá que enfrentar las demandas de justicia de los pueblos indígenas, consagradas además en la Constitución, que mal que bien todos dicen defender. Demandas que pasan por la demarcación de sus territorios y, por ende, por enfrentar otros poderes, muchas veces armados, para asegurarlo. Por supuesto, no será fácil porque hacer eso implica mucho más que pelear con mafias de la Guardia Nacional o mineros armados ilegales. Implica trastocar el propio sentido común de la identidad venezolana: la idea de que para existir necesitamos explotar y comercializar a escala global cuanto mineral se halle por (mala)fortuna geológica en el subsuelo nacional. Es la última frontera simbólica de la disputa venezolana.

Tomado de http://fueraderadar.wordpress.com