Gobierno boliviano ataca a pueblos indígenas y los acusa de ser agentes yanquis

Agosto, 23.- El gobierno de Evo Morales intenta desacreditar a los pueblos indígenas y allanar el camino para la represión del poderoso movimiento que se ha generado en defensa de los territorios ancestrales de estos pueblos, ante la depredación ambiental al servicio de intereses de transnacionales imperialistas. Así, el gobierno del autoproclamado «capitalismo andino» invierte los roles y acusa a los indígenas que se oponen a las transnacionales de ser agentes yansui. «Se trata de una acción política de carácter internacional para desestabilizar una vez más el proceso de cambio y las estrategias de integración nacional», dijo el presidente Moralesm en referencia a las movilizaciones indígenas.

Morales llamó a las bases de organizaciones como la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano, que participan en las protestas, a cesar en sus demandas y apoyar a su gobierno, el cual aseguró que adelanta una revolución «democrática y cultural».

Valiéndose de un discurso nacionalista-burgués, afirmó que primero se debe apostar por Bolivia que por intereses «sectoriales» de los pueblos indígenas.

Los indígenas rechazan la construcción de una carretera a través de sus territorios ancestrales, y están convocando a una marcha hacia La Paz, capital boliviana.

Evo Morales se ha mostrado decidido a construir la carretera a través de los bosques del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), para favorecer a intereses transnacionales.

Uno de los ministros de Morales, Navarro, insistió en la línea nacionalista-burguesa del gobierno, al acusar a los indígenas de estar actuando de acuerdo con un «adoctrinamiento exterior para provocar divisiones y enfrentamientos entre bolivianos a fin de impedir la integración y el desarrollo».

Los manifestantes indígenas partieron el lunes de Trinidad, la capital del departamento Beni, en el noreste del país, y ayer ya recorrieron los primeros 90 kilómetros hasta el poblado de San Ignacio de Moxos, a 510 kilómetros de la capital. De ahí el nerviosismo del gobierno, que intensifica sus ataques contra los indígenas.