Plan de ajuste, crecimiento del PIB y miseria para el pueblo trabajador

Por Corriente Clasista, Unitaria, Revolucionaria y Autónoma (agrupación sindical del PSL e independientes)

25 de octubre de 2025. Durante los últimos tres años, el gobierno de Nicolás Maduro ha publicitado con bombos y platillos un supuesto crecimiento económico sostenido. Según cifras oficiales, Venezuela experimenta una expansión del Producto Interno Bruto después de años de contracción. Sin embargo, esta recuperación macroeconómica tiene un rasgo revelador: no se traduce en mejoras salariales ni pensionales para la clase trabajadora, ni en recuperación de los servicios públicos esenciales. Mientras supuestamente el PIB crece, los salarios y pensiones permanecen congelados por más de tres años y representan menos de un dólar al mes, en medio de una inflación que devora el poder adquisitivo de las familias venezolanas.

Esta contradicción brutal no es accidental. Revela la naturaleza antiobrera y antipopular del plan de ajuste que el gobierno implementa desde hace una década, y que en el 2018 denominó “Plan de Recuperación, Crecimiento y Prosperidad Económica”: el crecimiento se logra mediante la súper-explotación laboral, donde salarios miserables y precarización extrema de las relaciones de trabajo son la fórmula para garantizar márgenes de ganancia extraordinarios al sector empresarial nacional y transnacional. La alianza entre el gobierno y los gremios patronales —Fedecámaras, Conindustria y demás representantes del capital— se ha consolidado como pacto explícito para que la «recuperación» descanse sobre los hombros del pueblo trabajador.

En este esquema la complicidad de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores (CBST) es inocultable. Lejos de defender los intereses obreros, esta estructura burocrática actúa como correa de transmisión del gobierno, legitimando el ajuste, haciéndose cómplice de la persecución a los que se atreven a protestar, y desmovilizando cualquier expresión autónoma de lucha. 

Los mecanismos de flexibilización laboral se multiplican: contratos precarios, eliminación de convenciones colectivas, horarios extenuantes, empleos multitareas y bonificación salarial. En ese marco, el memorando 2792 y el instructivo de la Onapre, que vienen acompañando el ajuste, son parte de los instrumentos jurídicos de este despojo sistemático, que convierten a Venezuela en oferente de una de las manos de obra más baratas del planeta.

Las demandas urgentes del movimiento obrero

Ante esta ofensiva, las y los trabajadores venezolanos luchan por demandas elementales e innegociables. Primero, salarios y pensiones iguales a la canasta básica, indexados mensualmente a la inflación. No se trata de una petición descabellada, sino del reconocimiento mínimo de la dignidad humana: nadie puede vivir con salarios que no alcanzan ni siquiera para cubrir una fracción de las necesidades alimentarias, mucho menos para vivienda, transporte, salud o educación.

La derogación del memorando 2792 y del instructivo de la Onapre es igualmente central. Estos instrumentos legalizan la destrucción del concepto de salario y de derechos laborales, permitiendo que el Estado y la empresa privada bonifiquen los salarios y las pensiones, impongan tabuladores salariales irrisorios y bloqueen la negociación colectiva como conquista de la clase trabajadora. Su eliminación es condición para recuperar el nivel de la clase trabajadora y sus familias.

Asimismo, exigimos el respeto y la actualización de las contrataciones colectivas. Durante décadas, estas fueron herramientas fundamentales para que los trabajadores arrancaran mejoras salariales y condiciones laborales. Hoy están congeladas, ignoradas o violadas sistemáticamente. Reactivarlas significa reconocer que los trabajadores tienen derecho a negociar colectivamente sus condiciones de vida y trabajo, no a recibirlas como dádiva gubernamental.

A estas exigencias se suma el rechazo categórico a la supuesta «Constituyente Obrera» que impulsa el gobierno. Esta iniciativa busca subordinar, controlar y desarticular aún más a la organización sindical independiente, imponiendo una burocracia sindical afín al Estado que actúa como correa de transmisión de la política antiobrera, en lugar de defender los intereses de los trabajadores. No hay democracia sindical sin independencia de clase. No podemos aceptar que los sindicatos sean instrumentos del gobierno o de la patronal privada. Luchamos por sindicatos combativos, clasistas, democráticos e independientes de la patronal privada, del gobierno y de los partidos de la oposición burguesa.

Estas demandas responden a la pregunta fundamental: ¿quién pagará la crisis? El gobierno y los empresarios han decidido que sean los trabajadores. Recuperar salarios y pensiones iguales a la canasta básica implica levantar la lucha y la movilización para arrancarle al gobierno y a los patronos privados los derechos fundamentales de quienes con su trabajo producen la riqueza que se apropian los empresarios nacionales y transnacionales.

Para imponer este paquete de ajuste capitalista, el gobierno de Maduro recurre sistemáticamente a la represión. Trabajadores que se organizan o denuncian la corrupción, sindicatos que protestan, activistas que alzan la voz por sus derechos, enfrentan persecución, detenciones arbitrarias y montajes judiciales. La exigencia de libertad plena para todos los presos políticos no es una cuestión menor: es parte integral de la lucha por los derechos laborales y libertades democráticas.

El gobierno de Nicolás Maduro es una dictadura autoritaria y represiva, dispuesta a hundir en la miseria y el hambre al pueblo trabajador venezolano con tal de mantenerse en el poder y favorecer a los empresarios.

Organizar la resistencia, construir la alternativa

La situación exige respuestas organizadas y estratégicas. Desde el Partido Socialismo y Libertad, planteamos la necesidad de un Plan Obrero y Popular de Emergencia, financiado mediante un Fondo Social y Económico cuyos recursos provengan de quienes concentran la riqueza: grandes empresarios nacionales, banqueros, transnacionales. Esto implica impuesto progresivo a grandes capitales, no pago de la deuda externa usurera, suspensión de gastos policiales y militares represivos, repatriación de recursos fugados al exterior y confiscación de bienes a corruptos de todos los colores políticos.

Con esos recursos se garantizarían salarios y pensiones iguales a la canasta básica, indexados mensualmente. Se eliminaría el grotesco sistema de bonificaciones que mantiene salarios base miserables. Se invertiría en infraestructura social: recuperar hospitales, escuelas, universidades; construir casas de protección para mujeres víctimas de violencia machista; desarrollar la industria petrolera y empresas básicas para garantizar gasolina, gas, electricidad. Petróleo 100% estatal, sin transnacionales ni empresas mixtas, gestionado democráticamente por quienes conocen el sector.

Pero ningún plan se implementará por decreto. Requiere una movilización masiva e independiente del pueblo trabajador. Independiente del gobierno que aplica el ajuste. Independiente de la oposición patronal que solo aspira a gestionar ella misma la explotación. Independiente de cualquier injerencia imperialista extranjera que pretenda aprovechar la crisis para sus propios intereses geopolíticos.

Solo los trabajadores y el pueblo venezolano están llamados a organizar su propia liberación. Esto implica construir condiciones organizativas: sindicatos democráticos, asambleas en los centros de trabajo, coordinaciones por rama y por región, articulación con movimientos sociales. Implica disputar cada espacio, cada derecho, cada conquista. Y hacerlo con perspectiva estratégica: cada movilización por salarios dignos, cada protesta contra la represión, cada victoria parcial puede acumular fuerzas hacia un objetivo mayor: derrotar la dictadura capitalista y conquistar un gobierno obrero y popular.

La contradicción entre PIB creciente y salarios hundidos sintetiza el carácter del régimen: crecimiento para el capital, miseria para el trabajo. Revertir esa ecuación es tarea histórica. No será rápida ni sencilla. Pero es la única salida digna: organización, movilización, lucha consecuente por nuestras principales reivindicaciones en la perspectiva de pelear por un gobierno de la clase trabajadora y el socialismo con democracia obrera y popular.