Simonovis y el sucio pacto de impunidad entre el gobierno y la MUD
Por: Simón Rodríguez Porras (PSL)
La noche del 19 de septiembre, el ex comisario de la Policía Metropolitana (PM) Iván Simonovis fue excarcelado luego de que un tribunal dictara la orden de que cumpla su condena bajo arresto domiciliario. El partido Acción Democrática (AD) había solicitado la medida alegando razones humanitarias. Desde hace casi un año, la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) había colocado como una de sus exigencias centrales en las mesas de diálogo con el gobierno nacional la liberación del ex jefe policial, condenado por violaciones a los derechos humanos en el marco del golpe de Estado de 2002. Por ello, el secretario general de AD, Henry Ramos Allup, saludó el gesto gubernamental, y lo enmarcó en las negociaciones parlamentarias para la designación de las nuevas autoridades del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal Supremo de Justicia, un proceso que ha pasado mayormente desapercibido en la discusión pública.
La liberación de Simonovis forma parte de ese proceso de negociaciones y acuerdos entre el gobierno y el ala mayoritaria de la MUD, que arrancó luego de la victoria electoral del Psuv en las elecciones municipales de diciembre de 2013. Con la medida a favor de Simonovis, prácticamente se cierra el círculo de la impunidad sobre los crímenes perpetrados en el marco del golpe de Estado de abril de 2002. Ha de recordarse que el presidente Chávez benefició con una amnistía el 31 de diciembre de 2007 a la mayoría de los golpistas procesados judicialmente, incluyendo a los firmantes del acta de proclamación del gobierno de facto del 12 de abril. Ya antes de eso, se habían producido las extrañas fugas de Carlos Ortega, de una cárcel militar en 2006, y de Carmona Estanga, quien evadió a la custodia de la policía política en su residencia poco después del golpe. Por las decenas de asesinatos perpetrados en el marco del golpe de abril, el secuestro de autoridades electas y la represión contra la población, no hay golpistas en las cárceles venezolanas. Solamente purgan condenas un reducido grupo de efectivos de la PM que halaron el gatillo, no así sus mandos y jefes políticos. Mientras que Cisneros, el principal promotor del golpe de Estado, luego de la negociación con Chávez mediada por Jimmy Carter en 2004, se convirtió en uno de los apoyos burgueses más importantes del gobierno. Así funciona la justicia burguesa en el período chavista.
El alegato «humanitario» esgrimido para excarcelar a Simonovis se empleó de igual forma para liberar a los comisarios de la PM Lázaro Forero y Henry Vivas, quienes padecerían supuestas enfermedades terminales. Tres años después, familiares de las víctimas denuncian que estos padecimientos han desaparecido y los golpistas deambulan tranquilamente por las calles. Pese a que el gobierno todos los años realiza campañas para recordar los hechos del golpe de abril, muchas veces relacionándolos con el desarrollo de fantasmagóricos «golpes suaves», «golpes de cuarta generación», y hasta para acusar a cualquier trabajador huelguista o manifestante de participar de un golpe embrionario, en los hechos Chávez y Maduro traicionaron a las víctimas del golpe, quienes nunca han sido consultadas a la hora de establecer medidas que lesionan su derecho acceder a justicia y reparación.
Lo mismo ha ocurrido con las grandes masacres y violaciones a los derechos humanos del período puntofijista, utilizadas por el chavismo para denunciar los antecedentes de las organizaciones que integran a la MUD, pero que son cubiertas por la impunidad. Al extremo de que uno de los autores materiales de la Masacre de Cantaura, Roger Cordero Lara, es diputado del Psuv y goza de inmunidad parlamentaria, y uno de los oficiales del Comando Específico José Antonio Páez y de los autores intelectuales de la masacre de El Amparo, Ramón Rodríguez Chacín, es gobernador del estado Guárico y dirigente del Psuv. Uno de los directores de esa gobernación, Fernando Rivero, también está señalado por violar los derechos humanos, al haber disparado contra un militante del Partido Socialismo y Libertad en diciembre de 2012. Graves violaciones a los DDHH en el último período, como la Masacre de La Encrucijada en la que fueron asesinados los dirigentes obreros de la Unete-Aragua Richard Gallardo, Luis Hernández y Carlos Requena, tampoco han sido investigadas.
Los socialistas debemos repudiar los pactos del gobierno y la MUD para sellar la impunidad del golpe de 2002. Los verdaderos perseguidos hoy no son golpistas como Simonovis, sino decenas de trabajadores, indígenas, campesinos y estudiantes criminalizados por protestar, como ocurrió con el cacique yukpa Sabino Romero, preso desde finales de 2009 hasta mediados de 2011 por defender el derecho de su pueblo a su territorio ancestral. Romero fue asesinado por policías sicarios en marzo de 2013 y los autores intelectuales del crimen no han sido investigados ni enjuiciados. Otro tanto ocurre hoy con Rodney Álvarez, un trabajador preso desde hace tres años en virtud de un montaje judicial para encubrir al grupo de choque del Psuv que atacó a una asamblea obrera en Ferrominera del Orinoco y asesinó a Renny Rojas. La lucha contra la impunidad y por la justicia tiene que derrotar los turbios acuerdos entre el gobierno y la MUD.
