Bolivia: ¡Ni olvido ni perdón! Siniestro decreto de guerra a muerte nº27209

Ni olvido ni perdón:
SINIESTRO DECRETO DE LA MUERTE No. 27209
Gonzalo Sanjinés Portugal*

El Decreto Supremo 27209, promulgado el 11 de octubre de 2003, por Sánchez de Losada y su equipo ministerial, para enfrentar los sucesos más críticos en la rebelión de octubre de 2003, fue el decreto culminante de la política de represión de Sánchez de Lozada contra el pueblo boliviano. Las FFAA, con ese respaldo y las instrucciones precisas de última hora del presidente, tenían carta blanca para disolver violentamente a bala todas las marchas y bloqueos de la población.
Este DS, textualmente decía: “Que por mandato del artículo 208 de la CPE, las FFAA tienen por misión fundamental defender y conservar la seguridad y estabilidad de la República, garantizar la estabilidad del gobierno legalmente constituido…y que la seguridad y defensa nacional son deberes inexcusables de todos los bolivianos con sujeción a las disposiciones militares en tiempos de guerra y emergencia nacional.”
“Que el abastecimiento de combustibles líquidos está bajo la responsabilidad de
Estaciones de servicio de combustibles líquidos legalmente autorizadas por la
Superintendencia de Hidrocarburos. .
Que al presente, la distribución y el abastecimiento de combustibles líquidos están siendo obstaculizadas debido a movilizaciones, paros y bloqueos de carreteras en ciertas zonas del territorio nacional afectando los derechos de los consumidores.

Por lo tanto, el Consejo de Gabinete, resolvía así en su:

ARTICULO1 (Emergencia Nacional):
“Declárase emergencia nacional en todo el territorio de la República, para garantizar el normal abastecimiento de combustibles líquidos a la población, a través del resguardo de instalaciones de almacenaje, asegurar el transporte de combustibles por camiones cisternas y otros y la distribución y suministro en estaciones de servicio por el tiempo de hasta noventa días.
ARTICULO 2(Orden expresa).En cumplimiento de los artículos 7 y 11 de la Ley
1405 de 30 de diciembre de 1992, se ordena a las Fuerzas Armadas de la Nación hacerse cargo
del transporte en camiones cisternas y otros, resguardar instalaciones de almacenaje, poli ductos, estaciones de servicio y todo tipo de infraestructura normal distribución y suministro de combustibles líquidos a la población en el Departamento de La Paz. A tal efecto el Ministerio de Defensa establecerá los mecanismos necesarios para su ejecución.

ARTICULO 3(Garantías).Cualquier daño sobre los bienes y personas que se
Pudiesen producir como efecto del cumplimiento del objeto del presente decreto supremo, su resarcimiento se encuentra garantizado por el Estado boliviano”.

FDO. GONZALO SANCHEZ DE LOZADA,
Franklin Anaya Vásquez Ministro Interino de RR.EE. y Culto,
Alberto Vargas Covarrubias Ministro Interino de la Presidencia,
Yerko Kukoc del Carpio, Carlos Sánchez Berzaín, Rubén Ferrufino Goitia Ministro Interino de Hacienda,
Erick Reyes Villa Bacigalupi, Jorge Torres Obleas, José V Barragán Bauer Ministro Interino de Servicios y OO. PP. Jorge Berindoague Alcocer, Hugo Carvajal Donoso, Javier Torres Goitia.
Caballero, Adalberto Kuajara Arandia, Guido Añez Moscoso, Dante Pino Archondo, Mirtha Quevedo Acalinovic.

Que significaba ¿este decreto?, un decreto que autorizaba la masacre, el genocidio y la destrucción física de las organizaciones populares. Así en los días 11,12,13 y 14 los más violentos y sangrientos del mes de octubre, se tuvieron que lamentar la muerte de decenas de ciudadanos, las más elevadas en todo el conflicto, tanto el la ciudad de El Alto como en los barrios de Apaña, Ovejuyo y Chasqui pampa de la Zona Sur de la ciudad de La Paz.
En El Alto y La Paz, las marchas y bloqueos seguían con la misma intensidad. Las Juntas Vecinales de la ciudad de El Alto se habían convertido en máximas autoridades y en coordinación con sus distritos, nuevamente salían a los bloqueos, marchas y mítines en los principales accesos a la ciudad de El Alto y a la ciudad de La Paz. El día 11 de octubre, el gobierno después de aprobar el decreto de la muerte, había instruido enviar con urgencia varias cisternas de gasolina para los principales centros de distribución en la ciudad de La Paz. Estas fueron escoltadas por tanquetas y centenares de soldados, los que ante el menor vestigio de bloqueos y marchas, comenzaron a reprimir bestialmente. Las fotografías atestiguan la balacera como si se hubiese estado en tiempos de guerra. El resultado más de 30 ciudadanos muertos y más 100 heridos.
De esta manera la ciudad de La Paz, fue nuevamente el escenario de varios enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas del orden. Eran las 10 de la mañana y se producen los combates en las inmediaciones de San Francisco, La Portada, el Paseo de El Prado, y en las zonas de Chasqui pampa, Obejuyo y Apaña. Esta convulsión social provocó que la Plaza Murillo, la Casa presidencial y otras reparticiones del Estado, fueran custodiadas por centenares de efectivos de las FFAA y la Policía. Sobrevolaron helicópteros por varias horas en las zonas del conflicto, ametrallando a los que bloqueaban Apaña.
Maestros, transportistas, gremiales y otros afiliados a la COB, se adueñaron virtualmente de las calles paceñas. Las jornadas de lucha, fueron apoyadas por miles de trabajadores que saliendo de sus centros de trabajo, fábricas y oficinas públicas, engrosaban las marchas de protesta. Las consignas centrales y las más importantes que resumían el momento político, eran “rechazar la exportación del gas a Chile” y la “renuncia de Sánchez de Lozada”.
Entonces miles de ciudadanos, de las múltiples marchas, convergieron en San Francisco, donde el Secretario General de la COB, Jaime Solares, manifestaba que la huelga general indefinida continuaba vigente hasta la efectiva renuncia de Sánchez de Lozada; y por lo tanto, las marchas y bloqueos deberían continuar con más fuerza y decisión en toda la ciudad de La Paz y El Alto. La policía al ver miles de ciudadanos desplazarse por todas las calles de la ciudad, recibió la instrucción de Sánchez Berzaín de meter bala a cuanto ciudadano se oponga a la venta del gas a Chile.
En la Zona Sur, las vendedoras del mercado Achumani, asumen una vigilia y cierran sus mercados. De inmediato son gasificadas por la policía. A eso de las 11 de la mañana, se inicia una multitudinaria marcha de juntas vecinales de Bella Vista para concentrarse en la Iglesia de San Miguel y conjuntamente con otras juntas y expresar su protesta contra el genocidio que estaba ejecutando el gobierno de Sánchez de Lozada, y expresar su apoyo. Otra marcha de centenares de vecinos de Bella Vista, Barrio Municipal, Ato Ventilla, Palliri, 9 de Abril, Villa Concepción, Mirador, Alto Obrajes, la Florida y el Barrio del Periodista, se movilizaron hacia el domicilio de Sánchez de Lozada, ubicada en la calle 7 de Obrajes, con el propósito de incendiarla y apresarlo, siendo dispersados violentamente por la policía y provocando decenas de heridos por el disparo generalizado de balines y gases lacrimógenos. Asimismo, otras marchas se dirigían a la casa de Jaime Paz Zamora para apedrearla y quemarla. Otra marcha que provenía de Río Abajo se hizo presente en Obrajes para sumarse a la renuncia de Sánchez de Lozada y rechazar la venta del gas por Chile. Ante la profusión de marchas por todas las calles de Obrajes, el ejército desplegó varias tanquetas en la calle 21 de Calacoto y centenares de soldados. En los días siguientes las juntas vecinales se pusieron en vigilia en sus respectivos territorios para impedir el ingreso de tropas militares. La coordinación era tal, que prácticamente, se convirtió la Zona Sur en una fortaleza inexpugnable. Se quemaron llantas y se levantaron barricadas. El Poder Vecinal era una realidad.
Entre los días 15, 16 y 17, se realizaron con más fuerza varias marchas de todas las juntas vecinales; otras instituciones realizaron huelgas de hambre y el vecindario total se plegó a la cadena humana, desde obrajes hasta la calle Arce, más arriba de San Jorge. Era una verdadera cadena humana pidiendo la renuncia de Sánchez de Lozada, La Zona Sur, en todos sus estamentos, estaban en pie de guerra contra el gobierno de Sánchez de Lozada.
Los vecinos de Chasqui pampa, Ovejuyo, y otras juntas, también habían acelerado su organización para el enfrentamiento decisivo. Campesinos de la provincia Murillo, de Palca y Río Abajo, y las juntas vecinales de Apaña, Ovejuyo, Chasqui pampa y otras, realizaron marchas y bloqueos, que fueron reprimidas de manera violenta por soldados de diversas unidades. Esta acción represiva causo cuatro muertos y varios heridos. Los vecinos se enfrentaron a 50 soldados. Era de tal magnitud la balacera en este combate, que los soldados gastaron todas sus municiones y por supuesto ya no pudieron seguir disparando. Razón por la que pidieron una tregua para retirarse, puesto que los vecinos los habían emboscado y ellos ya no tenían posibilidades de un repliegue ordenado. Los vecinos aceptaron la tregua con la condición de que los soldados (promedio 18 años) dejen sus armas y se vayan a su cuartel, situación que provocó mayor tensión. Después de violentas discusiones entre vecinos, finalmente, se decidió la tregua, pero con la condición, de que dejaran el camión Caimán (Iveco) y se decomisara toda la poca munición en poder del Teniente Coronel, del Subteniente, quiénes ocultos en el camarote fueron descubiertos por los vecinos y despojados de sus grados y avergonzados por su cobardía en estas acciones en la que murieron cuatro vecinos. Posteriormente, por la represión ejercida en Apaña y en otros barrios subieron a 11 los muertos, por acción de tropas de élite provenientes del oriente del país. El camión militar detenido en la calle 50, fue incendiado por los vecinos como respuesta a la acción criminal en la represión. Desde el punto de vista militar, la acción de los vecinos puede considerarse una victoria contundente y como dicen los testigos en estas negociaciones los soldados se habían hecho pis por el temor d que los vecinos los ejecutaran. Felizmente, eso no ocurrió porque los vecinos son padres de familia y en su formación familiar, son profundamente respetuosos de la vida y de la sociedad. Los 50 soldados pudieron retornar sanos y salvos al Colegio Militar.

En El Alto y La Paz, al menos 28 personas perdieron la vida y un centenar quedaron heridas (La Razón, 14-10-03) como consecuencia de duros enfrentamientos. Es decir, la situación había llegado a tal grado que se vivía virtualmente momentos muy especiales. La población, había perdido completamente el miedo a la bala y en acciones heroicas, se lanzaban contra las tropas del ejército y la policía haciéndolas retroceder. La población sólo contaba con palos y piedras, mientras que las tropas del ejército y la policía provistos de moderno armamento y apoyado por tanquetas y centenas de soldados. La furia del pueblo se había desatado y la ciudad de El Alto y de la Paz, los días 14 y 15 amanecieron vacías y sin circulación de movilidades. Miles de vecinos en sus respectivas barrios, se organizaban ya no con palos y piedras, sino que pasaron a un nivel superior, la misma necesidad les exigía a presentar batalla con armas más contundentes y eficaces; y por ello, es que se preparaban con bombas molotov, dinamitas, aparecieron armas de calibre corto y se planificaban acciones de tomas de centros importantes como la casa presidencial, el cuartel de la Policía Militar en San Jorge y los centros policiales de la ciudad. La insurrección estaba por explotar a los cuatros vientos. Miles de ciudadanos se hallaban pegados a la pared de las dos aceras en todo el trayecto de la calle Murillo, listas para continuar el combate. Sólo esperaban una orden precisa para lanzarse a la Residencia presidencial y al cuartel de San Jorge, pero la orden no llegó nunca, porque esos preparativos eran producto de la espontaneidad y de la indignación y bronca de los marchistas por las matanzas ocurridas en las jornadas de lucha. Justamente, para estas circunstancias tan especiales era fundamental, la presencia del partido revolucionario, de una dirección política, de un Estado Mayor que opere como comandante de las masas insurrectas. Lamentablemente esta dirección estaba ausente del escenario de lucha más grande de toda la historia de Bolivia

El Decreto supremo 27209, había sido cumplido fielmente por el ejercito y la policía. La instrucción de Sánchez de Lozada, de tirar a matar no había sido una casualidad, surgida de la desesperación por la gigante explosión social, sino que era parte fundamental de su política para imponer sus decisiones cueste lo que cueste para beneficiar los intereses transnacionales. De ahí que, cuando comenzó a imponer las medidas neoliberales en 1985, masacraron, reprimieron y metieron bala a los trabajadores. Tal el caso de Capasirca y Amaya pampa, donde fueron masacrados decenas de trabajadores. Cuando se impuso la capitalización ocurrió lo mismo. Ante el descontento y rechazo, Sánchez de Lozada y su mega coalición deciden aplicar la política de la represión, la cárcel y el destierro. Lo sucedido a mediados de febrero de 2003 con el impuestazo, Sánchez de Lozada no dudó en lanzar a sus mejores francotiradores para asesinar a policías, que sólo pedían que sus salarios no sean afectados por los impuestos.
En otra faceta del estilo de Sánchez de Lozada, en la campaña electoral, para las elecciones del 2002, enfrentó una serie de problemas en la localidad de Batallas camino a Copacabana. La población no permitió su proselitismo político. En determinado momento un grupo de campesinos, exigían a voz en cuello que Sánchez de Lozada se vaya y en ese instante, uno de sus guardaespaldas, saco una pistola y disparó contra el grupo de personas. Esto confirmaba que Sánchez de Lozada mantenía alrededor suyo una guardia armada y entrenada, lista para actuar.
El 9 de abril de 2003, a 9 meses de haberse posicionado en el palacio de gobierno, en el aniversario del 9 de abril de 1952, Sánchez de Lozada, llamó a los militantes de su partido a usar las armas para defender su gobierno. Nadie nos quitara el gobierno, lo vamos a defender con las armas!
Estas amenazas fueron repetidas, la noche del 11 de octubre de 2003, seis días antes de su huída a EEUU, aproximadamente a las 23 horas en la Casa Presidencial, en una entrevista ante la Federación de la Prensa(lo cuenta Remberto Cárdenas), que en una actitud desafiante y desaforada decía que: “Si quieren diálogo sobre el gas, habrá diálogo y si quieren guerra sobre gas, habrá guerra por el gas y vamos a meter bala” Esta era su política y el estilo de su gobierno, un gobierno hecha a la medida de los intereses transnacionales. Por eso es que en las jornadas de octubre, metió bala a diestra y siniestra, utilizando tanquetas, miles de soldados y policías con pertrechos modernos, para imponerse al pueblo boliviano.
Por lo tanto ni olvido ni perdón a los asesinos del pueblo. Sánchez de Lozada y sus ministros deben ser sentenciados con la pena máxima y encarcelados en Chonchocoro!

* Fue Secretario de Prensa del Comité de Defensa del Patrimonio Nacional CODEPANAL el año 2003, cuyo presidente fue el Ing. Enrique Mariaca Bilbao. Actualmente es dirigente de Alternativa Revolucionaria del Pueblo