136 trabajadores inculpados por ejercer su derecho a protestar

Protestar se ha convertido en una actividad de alto riesgo: desde que el Gobierno reformó un grupo de leyes se ha registrado una carrera ascendente en el número de trabajadores contra quienes pesan procesos judiciales por el delito de reclamar sus reivindicaciones laborales.

Esta semana le tocó el turno a la directiva del Sindicato de Trabajadores de Ferrominera. El secretario general de esa organización, Rubén González, fue detenido este jueves por el Cicpc, mientras rendía declaraciones en la sede de la Disip en el estado Bolívar como testigo de una investigación que se le sigue a un ex alcalde de esta entidad.

Pero ese proceso no fue el que determinó la detención del dirigente sindical, sino su participación en las protestas desarrolladas el mes pasado en Ferrominera que ocasionaron su paralización parcial.

La fiscal III del Ministerio Público con competencia en Salvaguarda, Fátima Paiva, consideró que se violaron los artículos 47 y 48 de la Ley de Patrimonio Público, así como la Ley de Seguridad de la Nación que establece el carácter de zona de seguridad del Estado el área ocupada por la factoría por su carácter estratégico.

En ascenso Otras razones que motivaron a la Fiscalía a solicitar la captura del dirigente sindical fue el supuesto cierre de las vías que comunican a Ciudad Piar con Ciudad Guayana y Ciudad Bolívar y otros hechos que presuntamente alteraron la paz pública en esa población.

Con esta captura ascendió a 136 el número de trabajadores acusados por delitos derivados del derecho a la protesta.

José «Acarigua» Rodríguez, de Sutiss, señaló que ayer en el Palacio de Justicia bolivarense circulaban fuertes rumores sobre la inminente detención de otros seis directivos de Sintraferrominera en las próximas horas. No obstante, hasta el cierre de esta edición no se habían concretado acciones al respecto.

Entre tanto, el primer turno de Ferrominera se vio afectado, pues cerca de 500 trabajadores acudieron al Palacio de Justicia de esa entidad para apoyar al detenido, de acuerdo con la información ofrecida por Rodríguez.

El dirigente de Sutiss, Nerio Fuentes, resaltó que las operaciones de la factoría en Ciudad Piar estaban paralizadas, mientras que en Puerto Ordaz la producción avanzaba parcialmente.

Ayer en la tarde se esperaba que se concretara la audiencia para leer los cargos y determinar si González continuaba detenido o si era sometido a un régimen de presentación ante los tribunales, pero su abogado recusó al juez que asignaron para el caso y aguardaban el nombramiento del juez accidental.

Contra la protesta A través de tres leyes se castiga actualmente a los trabajadores que protesten. Las condiciones para ejercer una manifestación que no viole esas normativas son bastante restringidas.

Esos instrumentos legales son la Ley de Seguridad de la Nación, el Código Penal y la Ley de Acceso a Bienes y Servicios.

La primera prohíbe protestar en áreas cercanas a guarniciones militares, empresas estratégicas o ministerios, entre otros, por considerarlas zonas de seguridad de la Nación. El Código Penal sanciona el cierre de las vías de comunicación, incluso si se trata de una protesta, mientras que la Ley de Acceso a Bienes y Servicios considera que una manifestación que afecte a una empresa de primera necesidad es boicot.

Prácticamente 20% de los 136 trabajadores sobre quienes pesan procesos judiciales por protestar son de las empresas básicas. En la actualidad solo González está detenido, los demás se encuentran sometidos a régimen de presentación ante los tribunales y ningún juicio ha arrancado hasta los momentos.

Casi la cuarta parte de los afectados a escala nacional pertenece al sector petrolero. Más de la mitad corresponde a trabajadores de la Alcaldía Metropolitana, Fundimeca, Sanitarios Maracay y Bridgestone.