2 minutos de odio en Fiscalía
Un grupo de miembros de organizaciones de derechos humanos nos dimos cita, en la mañana del martes 31 de mayo, en la sede de la Fiscalía General de la República para acompañar a la esposa e hija de Fr
Un grupo de miembros de organizaciones de derechos humanos nos dimos cita, en la mañana del martes 31 de mayo, en la sede de la Fiscalía General de la República para acompañar a la esposa e hija de Franklin Brito en su solicitud de justicia por la muerte de su esposo. A la misma hora un grupo de personas identificados con el oficialismo se reunían en el mismo sitio para apoyar el llamado “Proyecto de ley Contra el Olvido y la Impunidad”, con el que se pretende castogar los crímenes estatales ocurridos en el pasado.
Cuando la esposa de Brito y su abogado estaban declarando a los medios de comunicación, tras consignar una solicitud formal en el ente, dos personas de la tercera edad, en actitud agresiva, comenzaron a sabotear la denuncia en los medios. Seguidamente parte del grupo que los acompañaba comenzó a rodear a quienes allí estábamos -alrededor de 30 personas- al grito de “asesinos de la Cuarta República” e improperios similares. Algunos, al identificar a Liliana Ortega -miembro de Cofavic- comenzaron a gritar “asesinos del Caracazo”. Mientras todas las combinaciones posibles con la palabra “asesinos” se conjugaban, algunos de los hombres comenzaron a manotear más de lo debido e intentaban agredir a la familia Brito. Algunos de los presentes, entre ellos mi persona, contuvimos a estas personas, intentando dialogar con ellas acerca del derecho de todas las personas a acudir a las instituciones públicas. Los que me contestaron nos decían una y otra vez que ellos, se referían a la esposa e hija de Franklin Brito, les intentaban sabotear el acto y estaban “defendiendo la Cuarta República”. Los oficialistas seguían gritando asesinos, arengados por fotógrafos de los medios estatales presentes, que gritaban asesinos intentando tomar alguna gráfica que “revelara” que la familia Brito y sus acompañantes eran los violentos.
En un improvisado cordón llevamos a la familia Brito y sus abogados a que tomaran un taxi y se retiraran del lugar, antes que pudiera suceder algo. Ante la ausencia total de policías y la indiferencia y tolerancia de los funcionarios del Ministerio Público, los oficialistas (un 90% mayor de 50 años), rodearon el taxi e intentaron agredir a sus ocupantes. Nosotros contuvimos a los hombres mas violentos, pero las abuelas golpeaban la carrocería con sus paraguas, bolsos y carteles. El taxi no podía adelantarse ni retroceder, y un hombre intentaba -quien sabe con que objeto- abrir la puerta del lado del conductor. Por fin pudo alejarse del lugar. Los defensores de derechos humanos también abandonamos el sitio, bajo el coro de “asesinos!, asesinos!”.
Aquella manifestación de nonagenarios no era espontánea, y como lo ratifica un escrito del portal gubernamental Aporrea, motorizada desde la propia Asamblea Nacional. Alguien azuzó a los abuelos y abuelas contra la otra concentración, en esa lógica de control territorial promovida por el propio gobierno y criminalización de la disidencia. Los nonagenarios, indigestados de propaganda oficial, picaron convenientemente el anzuelo, convirtiéndose en un ad hoc, tropical y pasado en años, cuerpo de camisas pardas contra quienes se atreven a ser y pensar diferentes. Quienes reclamaban por la justicia a las víctimas del pasado (*), se convirtieron en los victimarios de los expoliados del presente.
Este incidente, que no es ni solitario ni casual, avisora las potencialidades del llamado “poder popular” estatizado, como primer grupo de contención a las reivindicaciones y exigencias no institucionalizables. En Guayana se está denunciando el uso de miembros del sindicato de la construcción -tristemente célebre por ganar puestos de trabajo mediante el sicariato- para disuadir la exigencia de mejores salarios y condiciones laborales. Algunas de estas organizaciones identificadas con el proceso bolivariano, están superando a sus maestros en la revitalización del argumento cabillero y la dialéctica armada, -literalmente-. Es la táctica de enfrentar pueblo contra pueblo, de crear fantasmagóricos movimientos “populares” por decreto para enfrentar y atemorizar lo diferente. De utilizar a medios falsamente adjetivados de “comunitarios” y “alternativos” como esquiroles y provocadores a sueldo.
Sin embargo el tiempo les juega en contra. No se puede sostener una mentira eternamente.
(*) A tres les pregunté si sabían quien era Roger Cordero Lara. Ninguno de los justicieros habia escuchado ese nombre antes.
