Conversatorio sobre libertades democráticas: a pesar de la represión la gente sigue protestando

Por Laclase.info

Durante el conversatorio “Libertades democráticas y criminalización de la protesta” organizado por el Partido Socialismo y Libertad (PSL), celebrado en Caracas el 11 de agosto de 2019, los ponentes Marco Ponce del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social y Keymer Ávila, criminólogo y profesor de la escuela de Derecho de la Universidad Central de Venezuela (UCV), presentaron los resultados de interesantes investigaciones en torno al derecho a la protesta, el derecho a la vida y la actuación de los organismos de seguridad en Venezuela.

La información recabada en estas investigaciones pone en evidencia que el uso letal y represivo de las fuerzas de «seguridad» del Estado contra la población, es una política de Estado. No se trata de una acción individual de funcionarios policiales o militares en el ejercicio de sus funciones, más bien es consecuencia directa de la aplicación de principios que guían la concepción de seguridad ejercida por el gobierno en estos últimos 20 años y que en poco se diferencia de periodos anteriores.

Esta situación tiene distintas formas de expresión. La existencia y aplicación de un conjunto de normativas dirigidas a obstaculizar, persuadir y criminalizar las protestas y el descontento generalizado, tal es el caso del «sistema popular de protección para la paz” (sp3) y las “redes de acción y articulación sociopolítica” (Ras). Así lo expresa Marcos Ponce: “se ha instalado un aparato de inteligencia para identificar los sectores que puedan medianamente organizarse para desarticularlos, por eso vemos esa represión desmedida en los últimos años en todos los sectores sociales no solo en dirigentes políticos, también líderes sociales, trabajadores, líderes de organizaciones sociales, campesinos, es decir todo el que piense distinto”.

Asímismo, la administración de la vida y la muerte a través de la llamada Operación de Liberación del Pueblo (OLP); la creación de cuerpos especiales como las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes); la Dirección General de Contra Inteligencia Militar (Dgcim) y demás estructuras, son clara expresión de una política bélica desde el Estado.

Keymer Ávila afirma que estas operaciones no obedecen a una situación de seguridad ciudadana, sino que responden a una forma de control político, se empieza por los más pobres y luego se hace noticia en las manifestaciones.

En esta misma línea, el criminólogo Keymer Ávila destaca que es significativa la existencia de datos oficiales que dan cuenta del aumento desproporcionado de la violación al derecho a la vida, no sólo durante las protestas sino también como medida de «seguridad ciudadana». En un país donde existen poca o ninguna información sobre otros indicadores de interés nacional, es factible obtener datos oficiales sobre uso desproporcionado de la fuerza por parte de los cuerpos policiales y militares encargados del orden público, datos que pudieran estar al servicio de la disminución de tales indicadores y sin embargo esto no ocurre. Por el contrario “El porcentaje que la muerte en manos de los cuerpos de seguridad ocupa dentro del total de los homicidios en el 2010 es del 4%, ocho años después es del 33%”, señaló Ávila.

En conclusión, parafraseando los planteamientos expuestos por Ávila, una política de Estado abiertamente represiva que criminaliza y castiga la pobreza a modo de profilaxia social o para castigar la falta de lealtad a la relación rentista y de dependencia impuestas desde el gobierno nacional, deja en claro el mensaje de poder por encima de la vida, ejerciendo la capacidad de crueldad en completa impunidad. Cuando el recurso de la muerte ha dejado de ser excepcional y se expone cotidiano y normalizado es posible catalogar al Estado como una maquinaria letal.

No obstante, y esto resulta muy interesante, de ambas ponencias se podía deducir que a pesar de la represión, lo que sigue prevaleciendo en los sectores populares es una clara disposición a protestar, a la reivindicación de los derechos, que se sobrepone a la criminalización y la represión estatal.

La protesta social no decae, por el contrario, sigue en aumento. Y de esto daba cuenta Marco Ponce en su presentación. Este es el dato “duro”, quizás más significativo del debate que se suscitó el sábado en el conversatorio.

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