Ante la negativa a aumentar el salario la alternativa es luchar

Por José Bodas (secretario general de la Futpv y dirigente del PSL y Ccura)

Tal como veníamos advirtiendo desde nuestro partido y nuestra corriente sindical Ccura, el gobierno de Maduro no aumentó el salario mínimo este 1° de mayo, día de los trabajadores y las trabajadoras. Por segundo año consecutivo, un balde de agua fría cayó sobre los que vivimos de un salario.

Maduro hizo un anuncio engañoso diciendo que aumentó el “ingreso mínimo integral” a $130. Ni en la LOTTT ni en la constitución, ni alguna ley venezolana, existe esa figura, esto es solo un invento del gobierno para no aumentar los salarios. Por otra parte, no hubo un tal aumento a 130 dólares.

Lo que hizo el gobierno fue incrementar 30 dólares al llamado Bono de Guerra Económica, que pasó de 60 a 90 dólares, manteniendo sin variación el bono de alimentación (cestatickets), que pagan lo empresarios privados.

En Venezuela el salario mínimo sigue siendo de menos de 4 dólares y ¡no se incrementa desde hace 26 meses! En un país con una de las tasas de inflación más elevadas del mundo. Esa es la cruda realidad.

No aumentar el salario es parte del ajuste hambreador del gobierno

Como hemos explicado previamente, el gobierno no tiene contemplado aumentar el salario mínimo, ya que esto le descuadraría su política económica, cuyo objetivo es mantener estable el tipo de cambio y frenar la inflación. Pero esto lo hace a costa del hambre del pueblo trabajador, reduciendo el consumo a través de no aumentar salarios y reduciendo el gasto social, lo cual es una de las explicaciones para el deterioro dramático de los servicios públicos.

Estos dos elementos son la base central del brutal paquetazo de ajuste que el gobierno aplica desde hace más de una década, y que el 2018 denominó Programa de Recuperación, Crecimiento y Prosperidad Económica, al que acompañó con el memorando 2792, el instructivo de la Onapre, y en el sector petrolero el llamado Factor de Equilibrio 9030, instrumentos con los cuales liquidó el salario, las negociaciones colectivas de trabajo, y abrió la puerta a la bonificación salarial en empresas públicas y privadas.

En rigor, la negativa a incrementar el salario mínimo y reducir el gasto social, no son meras casualidades u ocurrencias de algún burócrata. Estas son decisiones gubernamentales deliberadas que forman parte integrante de una política económica que tienen como objetivo descargar las consecuencias de la crisis sobre los hombros del pueblo trabajador y los sectores populares.

No son las sanciones, es la corrupción y el ajuste favorable a los empresarios

El argumento del gobierno para no incrementar el salario mínimo son las sanciones aplicadas por el imperialismo norteamericano y europeo. Sin ninguna duda las sanciones han tenido un efecto negativo en la economía, muy especialmente en el nivel de vida del pueblo trabajador, por esa razón las hemos repudiado y exigimos que sean derogadas, pero no obstante, no son la causa fundamental de la terrible tragedia social que vive el pueblo venezolano, ni la razón de los salarios de hambre que devenga la mayoría de las trabajadoras y trabajadores en el país, tanto en el sector publico como en el privado. Han agravado una situación ya preexistente.

Ya explicamos por qué el gobierno no aumenta los salarios. Por ello es falso que la causa sean las sanciones. Los que vivimos de un salario y el conjunto del pueblo padecemos una catástrofe social desde hace más de una década, mucho antes que comenzaran las sanciones contra la economía, las cuales datan del año 2017, las financieras, y del 2019 lasa sanciones contra el petróleo venezolano.

Lo que explica nuestros salarios de hambre, la destrucción de la industria eléctrica, petrolera, de las empresas básicas y de todos los servicios es la política del gobierno que favorece a los patronos y la corrupción rampante en las instituciones estatales. El caso de Tarek El Aissami es uno más de numerosos casos de corrupción, basta nombrar el Plan Bolivar 2000, el Fondo Único Social, “Pudreval”, el robo del banquero Francisco Illaramendi al Fondo de Pensiones de los Jubilados de Pdvsa, el caso de las plantas eléctricas, y un largo etcétera de negociados muchos de ellos en Pdvsa, por los que varios funcionarios y expresidentes de Pdvsa, como Rafael Ramírez y Eulogio del Pino, han sido imputados por el Ministerio Público.

En muchos de estos casos, se ha producido una asociación corrupta entre empresarios privados, dirigentes de partidos de la oposición patronal y funcionarios gubernamentales. Amén del robo de Monómeros y de Citgo por Juan Guaidó, Voluntad Popular y otros partidos y dirigentes patronales.

La combinación nefasta de políticas económicas proempresariales y corrupción galopante es lo que explica los salarios de hambre, y que no haya luz ni agua en la mayoría del país; el gas esté dolarizado y haya escasez de gasolina en un país petrolero; y nuestras principales industrias estén por el suelo.

¿200 dólares o salario igual a la canasta básica?

Mientras el gobierno continúa con su política de bonificación salarial en acuerdo con Fedecámaras y el conjunto de los empresarios, las centrales sindicales redujeron la exigencia salarial a $ 200, basados en un supuesto “estudio económico” realizado por economistas de la UCV. A esta propuesta se ha sumado buena parte de la dirigencia sindical, incluso partidos patronales.

Durante las semanas previas al 1° de mayo generaron expectativas en la posibilidad de lograr dicho aumento, confiando en las negociaciones con el gobierno y sin llamar a acciones de movilización.

Nosotros debemos ser categóricos al respecto. El gobierno no tiene ninguna intención de aumentar el salario. La única forma de lograr que se incremente es mediante la movilización unitaria y masiva de las trabajadoras y trabajadores. Ni $ 200, ni 50 ni nada se obtendrá si no luchamos.

Desde el PSL y Ccura llamamos a la dirigencia sindical de la CTV, ASI y CGT a que abandonen su política de privilegiar la negociación con el gobierno y del llamado diálogo social con la OIT, y vayan a las empresas, oficinas, hospitales, escuelas y universidades a discutir en asamblea un plan de lucha y movilización nacional por un salario igual a la canasta básica, tal como se establece en el art. 91 de la constitución. Es posible arrancarle el salario si luchamos. Hay que seguir el ejemplo de los docentes, los jubilados y los universitarios que hace 2 años atrás lograron con la movilización que se pagara completo el bono vacacional.

Por un Plan Obrero y Popular de emergencia

Hay que retomar la movilización para derrotar el ajuste del gobierno e imponer un Plan Obrero y Popular de emergencia, financiado a través de un Fondo Social y Económico, cuyos recursos deben provenir de los grandes empresarios nacionales, banqueros y transnacionales, que contemple:

• Petróleo 100% estatal sin transnacionales ni empresas mixtas, gestionado por sus trabajadores, profesionales y técnicos.
• Impuesto a los grandes capitalistas nacionales y transnacionales.
• No pago de la deuda externa.
• Suspensión de gastos policiales y militares.
• Repatriación de recursos del exterior.
• Confiscación de bienes de corruptos.
• Garantizar salarios y pensiones iguales a la canasta básica ¡Basta de bonificación salarial!
• Por un plan de infraestructura para recuperar universidades, escuelas, hospitales y ambulatorios, que proporcione empleos dignos y productivos.
• Casas de abrigo y protección para todas aquellas mujeres y disidencias que se atreven a denunciar la violencia machista.
• ¡Plan de inversión en la industria petrolera, en la eléctrica y empresas básicas para que haya gasolina, gas, electricidad!
• Solidaridad con el pueblo palestino. Alto al genocidio sionista. Viva Palestina libre del río al mar.

La alternativa estratégica es que gobiernen las trabajadoras, trabajadores y sectores populares en la perspectiva de luchar por el verdadero socialismo con democracia obrera y popular.