Amnistía al presidente de Honduras, Manuel Zelaya, proponen golpistas de la Corte Suprema de Justicia
En una muestra de la creciente debilidad del gobierno golpista, el presidente del alto tribunal, Jorge Alberto Rivera, dice que lo perdonaría de los delitos que se le imputan en la Fiscalía, para superar la crisis desatada tras el golpe de Estado del 28 de junio. «Una posibilidad (de salir de la crisis) podría ser una amnistía política tanto para don José Manuel Zelaya Rosales como para otros actores involucrados», declaró Rivera al diario salvadoreño ‘El Diario de Hoy’. Los «otros actores» serían los propios golpistas.
En una muestra de la creciente debilidad del gobierno golpista, el presidente del alto tribunal, Jorge Alberto Rivera, dice que lo perdonaría de los delitos que se le imputan en la Fiscalía, para superar la crisis desatada tras el golpe de Estado del 28 de junio. «Una posibilidad (de salir de la crisis) podría ser una amnistía política tanto para don José Manuel Zelaya Rosales como para otros actores involucrados», declaró Rivera al diario salvadoreño ‘El Diario de Hoy’. Los «otros actores» serían los propios golpistas.
Rivera fue autorizado por el gobierno de facto de Ricardo Micheletti para encabezar una comisión que debe viajar a Washington a negociar con la Organización de Estados Americanos (OEA) una «salida dialogada» a la crisis en uno de los países más pobres del continente.
«A través de esa amnistía, nuestras resoluciones dejarían de aplicarse en lo que corresponde a lo político, porque en lo que corresponde a delitos de índole general o comunes cometidos por algún funcionario, no entran en una amnistía política», dijo.
La Fiscalía hondureña acusó a Zelaya de 18 delitos, entre ellos el de traición a la patria, luego de que éste fuera destituido de su cargo y expulsado del país el pasado 28 de junio. Los cabecillas de la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia han apoyado el golpe de Estado desde el primer momento.
Según Micheletti, el presidente de Costa Rica, Óscar Arias, será mediador en la crisis política desatada en Honduras a raíz del derrocamiento de Manuel Zelaya. El anuncio fue confirmado por la vocera imperialista, Hillary Clinton, Secretaria de Estado del gobierno de Obama.
Arias, Premio Nobel de la Paz, llevó adelante un proceso de pacificación en Centroamérica a inicios de la década de 1990 tras cruentas guerras civiles en distintos países, lo que le valió el galardón internacional. Dicho proceso consumó la derrota de la revolución centroamericana y legitimó los regímenes burgueses de la región. Recientemente el gobierno costarricense se ha pronunciado en contra de las sanciones económicas aplicadas por el SICA al gobierno gorila de Micheletti, en consonancia con la línea política de Obama de no debilitar a los gorilas para facilitar una negociación en la que el golpismo no haga muchas concesiones a Zelaya.
«Hicimos contacto con el señor presidente de Costa Rica, ya que él en días anteriores hizo una oferta de ser mediador en esta situación que es problemática para la nación», dijo Micheletti a la emisora ‘HRN’.
«Yo le dije que, a través de una consulta con los demás miembros del gabinete, hemos aceptado que él sea el mediador, dados los altos kilates de personalidad que tiene», agregó el jefe golpista de Honduras, sin ocultar su simpatía por el derechista Arias.
De otro lado, Zelaya se reunió este martes con la secretaria de Estado de E.U., Hillary Clinton, para que lo ayude a buscar un mayor compromiso de E.U. en su regreso al poder, algo que el Gobierno de facto ha reiterado es ‘innegociable’.
Zelaya pediría a la jefa de la diplomacia estadounidense que presione para el cumplimiento de las resoluciones de la ONU y de la Organización de Estados Americanos (OEA), que reclaman la «inmediata e incondicional» restitución a su cargo, informó el mandatario en Managua, previo a su partida a la capital estadounidense.
Este martes la Interpol denegó la solicitud formulada por el nuevo Gobierno de Honduras para publicar una «notificación roja» sobre el depuesto presidente Manuel Zelaya, lo que supondría lanzar una petición de «detención preventiva con vistas a su extradición».
Dicha solicitud atenta contra el artículo 3 de la organización, en virtud del cual queda «rigurosamente prohibida a la organización toda actividad o intervención en cuestiones o asuntos de carácter político, militar, religioso o racial», señaló Interpol en un comunicado.
«Los delitos de abuso de autoridad, usurpación de funciones, ofensas contra el Gobierno y traición que se imputan al presidente Zelaya son de carácter político y no presentan ningún elemento de derecho común», agrega la organización con sede en Lyon, al sureste de Francia. Los cargos no tenían sustento legal, por el contrario, formaban parte del guión golpista.
Interpol resalta que, según los medios, «las autoridades hondureñas impidieron que un avión en el que viajaba el presidente Zelaya aterrizara en el aeropuerto de Tegucigalpa, donde hubieran podido aplicar una orden de detención nacional».
«Si dicha información es exacta y las autoridades nacionales se abstuvieron deliberadamente de practicar la detención en su propio territorio, eso también vendría a demostrar la existencia de motivos distintos a la defensa de la cooperación policial internacional», añade el comunicado.
El domingo por la mañana, horas antes del frustrado retorno del depuesto mandatario a su país, el secretario de Estado adjunto de Estados Unidos para Latinoamérica, Thomas Shannon, y el consejero adjunto de Seguridad Nacional de la Casa Blanca para América Latina, Dan Restrepo, se reunieron con Zelaya, detenido por el Ejército y expulsado del país el pasado domingo 28 de junio.
ONU pide solución pacífica
El llamado fue hecho el lunes por el secretario general del organismo, Ban Ki-moon. Precisamente, Ban Ki-moon resaltó el papel que en este proceso tiene la Organización de Estados Americanos.
«La OEA debe asumir un papel de líder para encontrar una solución pacífica gracias a la cual se pueda restaurar el orden constitucional», dijo el Secretario en una conferencia de prensa.
El jefe de la ONU, que se declaró «muy entristecido por la pérdida de vidas humanas» en la represión de los partidarios del presidente derrocado, este domingo, subrayó que «todo cambio inconstitucional de poder es inaceptable».
El Secretario general evocó un «principio fundamental de la democracia», al señalar que «cuando un líder ha sido elegido según procesos legales, constitucionales, su autoridad y su mandato a la cabeza del país deben ser protegidos».
También llamó a las nuevas autoridades, dirigidas por el jefe de Estado designado por el Congreso, Roberto Micheletti, a «proteger las vidas humanas y la seguridad de todos los ciudadanos que deben poder expresar su voluntad libremente sin ser intimidados, sin ser amenazados».